Los despidos son cada vez más baratos

El mito capitalista de que el abaratamiento del despido genera menos contratación precaria y más empleo fijo, es falso. España es el país de la OCDE que más ha reducido el coste del despido desde 1988. Sin embargo, a pesar de los lamentos de los capitalistas, ello no ha tenido ninguna incidencia sobre la tasa de precariedad, actualmente situada en torno al 33 por ciento, un tercio de la fuerza de trabajo.

La diferente tasa de precariedad entre España y Europa se debe a factores no vinculados al precio del despido. Cuanto más se ha reducido en España la protección contra el despido de los trabajadores fijos, más ha crecido la temporalidad. Por el contrario, en aquellas épocas en las que el coste del despido no se modificó, como entre 1998 y 2003, la temporalidad se mantuvo estable. Por tanto, no hay medida más contraindicada para reducir la alta tasa de precariedad que abaratar el despido de los fijos.

Pero a los capitalistas no les basta. En su informe anual conocido como Going for Growth, publicado el 12 de febrero de 2007, la OCDE recomendó a España que abaratara el despido de trabajadores indefinidos y promoviera un modelo único de contrato en el que las compensaciones al obero aumentaran conforme al tiempo de explotación por la empresa.

Para abaratar aún más el despido de los trabajadores fijos, la OCDE propuso que se pidiera a los trabajadores que hicieran contribuciones relacionadas con los beneficios de la empresa a una cuenta para indemnizaciones. En caso de ser despedido, el trabajador podrá beneficiarse de los ingresos de esa cuenta.

La encuesta anual sobre Coste Laboral 2004, que publica el Instituto Nacional de Estadística cada cinco años, constata que los capitalistas invierten más en indemnizaciones para hacer frente a los despidos que en apoyar la formación profesional continua de sus trabajadores.

Desde la firma del acuerdo para la estabilidad en el empleo que sindicatos amarillos y la patronal CEOE firmaron en 1997, los capitalistas tienen la posibilidad de suscribir con determinados colectivos (mayores de 45 años y mujeres, entre ellos) contratos fijos cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días por año trabajado, en lugar de los 45 días que contemplan los contratos fijos ordinarios.

Este tipo de contrato más barato es el que el gobierno socialfascista de Zapatero quiere generalizar dentro de la reforma laboral para todos los nuevos trabajos fijos. Pero la utilización del llamado contrato de 33 días está lejos de ser masiva pues dos de cada tres contratos indefinidos firmados en los cinco primeros meses de 2005 recogían la indemnización de 45 días, es decir, que se trata de contratos fijos ordinarios. El contrato de 33 días, conocido como contrato de fomento del empleo estable, ni siquiera es la opción mayoritaria en determinados grupos de edad cuando existe la posibilidad de escoger. En concreto, el 66 por ciento de los contratos fijos iniciales firmados entre enero y mayo con menores de 30 años contemplan el coste de despido máximo, en lugar del más barato.

La precariedad española sería del 11'5 por ciento, es decir, casi tres veces menor a la actual y una décima inferior a la media de la Unión Europea, si hubiese una causalidad directa entre ésta y los costes del despido.

Las cifras manejadas por la OCDE sitúan a España en el lugar 17 de entre 18 países por su flexibilidad a la hora de regular el coste del despido de los trabajadores fijos. Según una encuesta realizada por la Comisión Europea, los capitalistas europeos del sector servicios consideran muy poco importante el coste del despido como factor que actúe de freno a las contrataciones indefinidas.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, España presenta un importante grado de flexibilidad en la regulación de la contratación indefinida, ocupando el puesto 27 en una lista que comprende a un total de 83 países.

El salario medio real retrocede diez años

Entre 1995 y 2005 el salario medio en España ha retrocedido un 4,01 por ciento, según el informe del FMI de 2007. Según otro informe, denominado Euroíndice, realizado por el instituto IESE para la multinacional Adecco, en España se registró una pérdida de poder adquisitivo de los salarios también en 2006. El salario medio se redujo en un 0,5 por ciento, en relación al incremento del IPC, y acumuló seis trimestres seguidos de descensos, por lo que su valor de compra fue apenas un 0,4 por ciento superior al de 1997.

El salario medio español es de 1.922 euros al mes, inferior en un 15 por ciento al europeo. Sólo supera a las retribuciones portuguesas, que son de 1.236 euros mensuales, y a las polacas, de 662 euros, que son las más bajas. En el otro extremo de la lista están los salarios del Reino Unido, que llegan hasta los 3.607 euros.

El Banco de España también reconoció en su informe sobre los resultados de las empresas no financieras de 2004 que el gasto de personal se ha reducido en este último sexenio.

En cuanto al salario mínimo interprofesional, el incremento efectivo que se produjo en España al elevarlo de 537 a 572'6 euros mensuales en doce pagas, todavía es muy insuficiente para alcanzar a Luxemburgo, donde se encuentra en 1.403 euros.

El gobierno de Zapatero fijó el salario mínimo interprofesional en 572'6 euros al mes en doce pagas, o 6.871'2 euros al año en catorce pagas. De los veinticinco países que integran la Unión Europea, en dieciocho de ellos existen salarios mínimos. En Estados Unidos el salario mínimo es de 727 euros al mes pero en la Unión Europea la variación entre Estados es muy importante, destacando tres grupos de estados. Los más avanzados que son aquellos que superan los 1.000 euros al mes como Irlanda (1.073 euros), Gran Bretaña (1.083 euros), Francia (1.173 euros), Bélgica (1.1.86 euros), Holanda (1.265 euros) y Luxemburgo (1.403 euros). En el segundo grupo, están Grecia (605 euros), España (572,6 euros), Malta (543 euros), Portugal (498) y Eslovenia (471 euros). En el tercer grupo aparecen Chequia (207 euros), Hungría (191 euros), Polonia (177 euros), Estonia (159 euros), Eslovaquia (148 euros), Lituania (125) y Letonia (121 euros).

El salario mínimo establece la cantidad más baja que debe percibir un asalariado por su fuerza de trabajo. En España un 0'85 por ciento de los asalariados cobra al mes el salario mínimo, lo que significa que trabaja por debajo del umbral de la pobreza, que se sitúa en torno a 650 euros al mes.

Lo que se está produciendo es un enorme trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital, un aumento brutal de la plusvalía que genera el trabajo. Una situación que se explica por la la inestimable colaboración de los Fidalgo, Méndez y sus políticas de paz social y moderación salarial.

Para resumir: los capitalistas cada vez ganan más dinero mientras que los trabajadores cada vez ganan menos, lo que Marx denominó como la ley de la pauperización creciente del proletariado. Sin embargo, todavía hay muchos que tratan de convencernos de que cada vez vivimos mejor; los datos confirman todo lo contrario.

Los salarios están perdiendo peso en el conjunto de la renta nacional por dos razones:

— Por un lado, se están eliminando los puestos de mayor antigüedad, que son sustituidos por personal de reciente incorporación, que cobra la mitad del salario que el trabajador antiguo de la empresa.

— La segunda razón se centra en la elevada rotación laboral, que ha reducido la calidad del empleo y ha creado las dobles escalas salariales entre quienes se incorporan a las empresas.

Otra conclusión que se obtiene del informe del Banco de España es que el salario en las empresas más grandes es superior al de las pequeñas. La diferencia salarial entre la gran empresa y la pequeña sobrepasa los 6.000 euros anuales.

La principal queja de los capitalistas es siempre el elevado coste salarial, pero ocultan de forma reiterada la evolución al alza de los beneficios económicos que obtienen de la explotación de los obreros. El beneficio neto de las empresas no financieras creció en el primer semestre de 2005 el 31'9 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos difundidos por el Banco de España. Por el contrario, los salarios disminuyeron más de un uno por ciento.

Lo mismo se puede decir examinando un periodo de tiempo más largo: según el Banco de España en el periodo 1996-2004 los capitalistas obtuvieron unos beneficios anuales por encima del 15 por ciento, mientras los salarios de los trabajadores no han sobrepasado un crecimiento medio anual del 4'3 por ciento.

La multinacional Bosch también cierra una fábrica para especular con los terrenos

El 8 de febrero de 2007 la multinacional Robert Bosch hizo pública su intención de cerrar su fábrica de Alcalá de Henares en un plazo medio de dos años y trasladar una parte de la fuerza de trabajo, unos 250 obreros, a la fábrica en Aranjuez, liquidando la situación del resto, otros 152 obreros mediante prejubilaciones. Sin embargo, esa fábrica de Aranjuez está sujeta a un plan de viabilidad.

Esta situación deriva de la actuación del equipo del Ayuntamiento, que en uno de los primeros borradores del avance del Plan General de Urbanismo, que aún no se ha aprobado, calificaba como residencial la zona de Bosch y de otras empresas.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha firmado varios convenios urbanísticos con empresas como Gal y Poliseda para el traslado de algunas fábricas a cambio de una recalificación de suelo como residencial.

La decisión de la multinacional Bosch de cerrar la fábrica de Alcalá también podría encerrar intereses especulativos, ya que se trata de una superficie de 96.000 metros cuadrados de suelo en el casco urbano que por ahora están destinados a usos industriales.

Los trabajadores se niegan al traslado de la empresa fuera del municipio, pero no a una reubicación dentro de Alcalá ya que la empresa es rentable y no debe cerrar por estrategias y mandar a los trabajadores a otra fábrica donde hay en marcha un plan de viabilidad, lo que no garantiza para nada el futuro de los trabajadores.

Se dispara el número de huelgas

De enero a agosto de 2006 las huelgas obreras, según la patronal, aumentaron un 44 por ciento, a pesar de la paz social impuesta por los sindicatos amarillos y el gobierno aceptando despidos colectivos y deslocalizaciones, firmando pactos de moderación salarial, contrarreformas laborales y de las pensiones...

Las horas de trabajo perdidas por huelga ascendieron a 13'26 millones, lo que supone un aumento del 15'7 por ciento respecto a igual periodo del ejercicio anterior.

Entre enero y agosto se contabilizaron 851 huelgas, un 44'2 por ciento más, que afectaron a empresas y sectores con un total de 508.541 trabajadores, de los que 158.519 resultaron directamente implicados, un 47'6 por ciento más que en los ocho primeros meses de 2005.

En cuanto a la conflictividad estrictamente laboral -descontando las huelgas de funcionarios y extralaborales- hasta agosto de 2006 se registraron 715 paros, con 255.942 trabajadores en plantilla, 93.209 implicados y 6,5 millones de horas perdidas, un 15 por ciento más. Sólo en el mes de agosto, se produjeron 61 huelgas, un 110'3 por ciento más, que afectaron a 13.469 trabajadores, de los que 5.691 resultaron directamente implicados, un 76 por ciento más. El número de horas perdidas por tales alteraciones sumó 503.792 horas, un 13'1 por ciento más.

Por áreas territoriales, la conflictividad laboral de agosto incidió principalmente en Madrid, con 8 huelgas, seguida de Barcelona (7), y Sevilla, Toledo y Vizcaya (3). Atendiendo a los trabajadores implicados, Barcelona destacó sobre el resto de provincias, con 993 huelguistas. A continuación se situaron Madrid, con 842, y Cantabria, con 259. Por ramas de actividad, los sectores más afectados por las huelgas de agosto fueron extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados, industrias químicas, otras industrias manufactureras, transportes y comunicaciones, comercio y hostelería, metal, y otros servicios.

Del total de huelgas registradas en el octavo mes del año, 7 afectaron a empresas o servicios de carácter público, que fueron protagonizadas por 1.502 trabajadores y ocasionaron la pérdida de 280.608 horas de trabajo.

En cuanto a las causas originarias de la conflictividad laboral de agosto, 18 huelgas se convocaron para presionar sobre las negociaciones de convenios o protestar contra la ruptura de las mismas. Éstas fueron protagonizadas por 1.940 trabajadores y ocasionaron la pérdida de 89.600 horas.

Además, se registraron otros 7 conflictos para reivindicar diversas mejoras independientemente del convenio. Éstas fueron secundadas por 1.461 trabajadores, que perdieron 259.664 horas de trabajo. Por causas extralaborales, la CEOE contabilizó 88.856 horas de trabajo perdidas.

En Euskal Herria en 2004 el número de jornadas de trabajo perdidas por huelga creció un 78 por ciento respecto al año anterior, donde se perdieron 606.000 jornadas en huelgas.

Los datos no tienen precedentes en un ejercicio sin convocatorias de huelga general.

Esta alta conflictividad equivale en jornadas perdidas al tiempo de trabajo anual de cerca de 2.700 obreros, con algunas huelgas ya históricas como las de Caballito, de Vitoria -que comenzó en 2003 y aún continúa-, o las de la limpieza de locales públicos de Basauri y del consorcio de aguas de Bilbao.

La característica de la conflictividad ha sido la concentración de la misma en unos pocos y largos conflictos, que ha sido la causa principal de la elevación del número de jornadas perdidas. El número de huelgas convocadas creció sólo el 10 por ciento, al alcanzar la cifra de 243, mientras que la de trabajadores afectados por los paros se incrementó en un 35 por ciento.

El territorio más conflictivo fue Gipuzkoa, donde la huelga que durante más de un mes se desarrolló en el sector de la construcción disparó las estadísticas hasta concentrar en sólo este área geográfica más del 60 por ciento de las jornadas perdidas en Euskal Herria.

La huelga de los tabajadores de Caballito (de la multinacional alemana Pferd Ruggerber) se ha convertido en el conflicto más largo de la historia de Euskal Herria, una huelga que ha superado los dieciséis meses de duración y en la que participan 140 de los 220 empleados.

La patronal desata la ofensiva contra los trabajadores

En la Asamblea General de la CEOE celebrada en noviembre de 2004 Cuevas defendió el modelo alemán de menos salarios y más jornada de trabajo para 2005.

El presidente de la CEOE lanzó un mensaje claro a los trabajadores: en 2005 no se podrá seguir el mismo modelo salarial porque las condiciones han cambiado.

Cuevas añadió que no tenemos la más mínima queja del gobierno del PSOE. Sobre el nuevo Gobierno dijo que se están manteniendo relaciones fluidas, aunque hizo alusión a los interrogantes abiertos sobre la evolución de la economía, y cómo pueden quedar de desequilibrados unos presupuestos ya de por sí expansivos a causa de los compromisos electorales del gobierno del Zapatitos.

El presidente de la CEOE mostró su preocupación por la pérdida de competitividad de las empresas españolas que se está produciendo en los últimos años, y alertó que los Presupuestos de 2005 pueden agravar la situación, además de considerar que se deben modificar los criterios de negociación colectiva: el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios deberá tener contraprestaciones con una mayor productividad, afirmó.

Ante la negociación sobre los criterios que se seguirán en los convenios de 2005, que se están negociando a espaldas de los trabajadores, Cuevas pidió la colaboración de los sindicatos amarillos para buscar fórmulas de contratación más flexibles, pero además explicó que ante el incremento del precio del petróleo y la competencia de algunos países como China sería más que conveniente que hubiera menores costes salariales para las empresas.

En este último punto, concretó que los trabajadores deberían dar contraprestaciones a base de mayor productividad, y unas relaciones laborales más flexibles (al estilo alemán concretó, en referencia a la firma de convenios que incluyen mayor jornada laboral e incluso reducciones salariales), mientras que pidió al gobierno que tenga en cuenta la necesidad de las empresas para que se reduzcan los costes fiscales y extralaborales, evitando la excesiva cotización de las empresas a la Seguridad Social.

Además, la patronal pidió al gobierno del PSOE una mayor colaboración con el sector privado para el desarrollo de nuevas infraestructuras.

Otra de las preocupaciones manifestada por Cuevas se refiere a las reformas anunciadas sobre la Constitución y los territorios, una preocupación que repite por segundo año consecutivo: las reformas deben contar con el mayor consenso político para defender la unidad territorial y de mercado, concretó desmintiendo el carácter apolítico del que suele hacer gala la asociación de la gran patronal.

Dicho y hecho: el gobierno del PSOE remitió el 15 de marzo a través del secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, a los sindicatos domesticados el documento de reforma del mercado laboral donde propone rebajar todos los tipos de coste de despido y generalizar el contrato de fomento creado en 1997.

Las anteriores reformas ya extendieron la contratación temporal. El contrato de fomento del empleo rebajó la indemnización por despido de 33 a 45 días. En la nueva propuesta, además de su generalización, se propone también revisar el despido por causas económicas, la más utilizada por las empresas.

Ahora la reforma abarcará también a la contratación indefinida. Una de las propuestas es aumentar los periodos de prueba de los contratos fijos, o lo que es lo mismo, facilitar el despido libre en los contratos fijos.

Y no se van a parar aquí: al mismo tiempo el jefe de la Unidad de Seguridad Social de la Unión Europea, George Fisher, que participó en Madrid en un seminario internacional organizado por el Ministerio de Trabajo para debatir sobre la prolongación de la edad de jubilación (en el que también participaron representantes de los sindicatos amarillos) afirma que España, junto con otros países europeos, debe tomar medidas para retrasar la salida de los trabajadores del mercado laboral, aproximándose lo más posible a los 65 en que está establecida.

Fisher manifestó que uno de los principales problemas de España, compartido por otros Estados miembros de la Unión Europea, es que los trabajadores se retiran demasiado pronto de la explotación laboral y hay que estrujarlos unos pocos años más.

No es algo específico de España, también ocurre en otros países. Tenemos que esforzarnos todos los Estados miembros para alargar este proceso y retrasar la salida del mercado laboral, dijo este burócrata europeo, quien explicó que en algunos países europeos ya se han empezado a tomar medidas, como la elevación de la edad legal de jubilación e incluso la supresión de la misma.

Fisher también señaló que la inmigración no resolverá por sí sola los problemas que habrán de afrontar en el futuro los sistemas de pensiones, aunque reconoció que contribuirá a mitigarlos. Los problemas del sistema de pensiones no se solucionarán por medio de la inmigración, sino a través de una mayor creación de empleo. La inmigración sólo ayudará temporalmente a pagar las prestaciones. El problema sólo se resolverá si la gente trabaja más tiempo en España.

El jefe de la Unidad de Seguridad Social de la Unión Europea, además, se mostró partidario de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, actualmente establecido en 15 años. La medida reducirá las pensiones de la mayor parte de los trabajadores que se jubilen.

Aquí hay algo absurdo: mientras el Estado promueve la prórroga de la edad de jubilación, los capitallistas siguen acometiendo reestructuraciones masivas de plantilla para expulsar del mercado laboral a los trabajadores de mayor edad a través de las prejubilaciones, lanzando el mensaje a la sociedad de que ya no sirven. Por decirlo claramente: lo que quieren no es alargar la vida laboral de los trabajadores sino enviarlos al paro. Los sexagenarios trabajan poco, cogen muchas bajas, generan poca plusvalía y, con todos sus achaques y enfermedades, son los mayores clientes de la sanidad pública y los que provocan el gasto famacéutico.

[leer el artículo Blair retrasa la edad de jubilación de los funcionarios]

Los ancianos constituyen una pesada carga para el capital y su Estado. La posibilidad de explotar a una fuerza laboral de elevada edad es muy limitada, por tratarse de unos oberos muy poco innovadores y productivos. A esas edades hay muchos trabajos que los ancianos no pueden desempeñar por meras razones físicas. En todos los países capitalistas más avanzados el proletariado está envejeciendo progresivamente. Disfrutan de los derechos conquistados tras innumerables luchas y hay que acabar con esta situación.

En marzo de 2005, la Seguridad Social abonó un total de ocho millones de pensiones contributivas de las que 4.628.210 fueron de jubilación, 2.155.225 de viudedad, 827.577 de incapacidad permanente, 263.903 de orfandad y 40.175 de favor de familiares. La pensión media de jubilación se situó en 684 euros al mes, las de incapacidad permanente 697 euros, las de viudedad 455, orfandad 265 y en favor de familiares 347 euros. El peso de las pensiones, que hoy representa el 11'5 por ciento del PIB, representará en 2020 el 13'5 por ciento, en 2040 el 15'5 por ciento, y se convertirá en una carga insoportable para el Estado.

Para ello, la Seguridad Social destinó un total de 4.810,4 millones de euros (+6,7 por ciento), de los que 3.168,72 millones correspondieron a la nómina mensual de las pensiones de jubilación (+6,4 por ciento); 980,8 millones a pensiones de viudedad (+7,1 por ciento); 576,93 millones a incapacidad permanente (+8 por ciento); 70 millones a orfandad (+6 por ciento), y 13,96 millones a favor de familiares (+4,1 por ciento).

Para impedir la quiebra de la Seguridad Social en todo el mundo los monopolistas quieren prolongar la edad de jubilación, obligando a trabajar hasta los 70 años para garantizar la financiación de las jubilaciones. Los futuros sexagenarios deberán elegir entre jubilarse con pensiones miserables o seguir trabajando hasta los 67 ó 70 años.

Otro absurdo: con esta liquidación progresiva del sistema público de pensiones, los trabajadores tienen que ahorrar por su cuenta para una vejez a la que no saben si llegarán, ni tampoco en qué condiciones llegarán. Esos ahorros van a manos de los tiburones financieros que especulan con ellos en la bolsa y arriesgan un dinero que no es el suyo. La crisis bursátil ha hecho perder más del 20 por ciento de su valor a los fondos privados de pensiones. ¿Les han informado a los trabajadores que un 20 por ciento de sus ahorros se han esfumado? Cuando la bolsa de hunda ¿quién pagará esas pensiones?

¡ El capitalismo no ofrece ningún futuro a nadie, salvo la miseria y la muerte !

Babcock: una fusión engañosa

Según la prensa suiza y austriaca, la multinacional A-Tec, propietaria de la empresa vizcaina Babcock, mantiene negociaciones con la corporación industrial suiza Unaxis para una eventual fusión, para lo que han iniciado una auditoría de las cuentas.

La fusión es engañosa; todo queda en las mismas manos. La empresa suiza Unaxis, que tiene una plantilla de 6.900 trabajadores, está controlada desde hace unos meses por los mismos propietarios de A-Tec. Mirko Kovats preside también esta sociedad y el máximo responsable de Babcock en España, Cristian Schmith, forma parte de su consejo de administración. Kovats y sus comparsas controlan algo más del 40 por ciento de las acciones de la multinacional, porcentaje que puede crecer de forma considerable ya que la sociedad anunció a comienzos de octubre de 2005 la compra de acciones para su autocartera en un porcentaje próximo al 10 por ciento.

Unaxis también atraviesa una profunda crisis. Los datos presentados por la sociedad en la Bolsa de Zurich, donde cotiza, son preocupantes. La compañía cosechó unas pérdidas de 75 millones de euros durante los seis primeros meses del ejercicio. El grupo que lidera Kovats quiere gestionar la reconversión de este conglomerado, dedicado a tareas tan dispares como la producción de semiconductores, sistemas de almacenamiento de datos e ingeniería espacial.

Cada día que pasa es mayor el temor a una liquidación de Babcock. La financiación del consorcio es el principal problema que debe afrontar la multinacional. La compañía ha anunciado la realización de una emisión de deuda por importe de 100 millones de euros con el objetivo de cancelar parcialmente deudas bancarias y obtener nuevos recursos financieros para sus operaciones. Hay unos 17 millones de euros de tesorería trabados por los bancos en garantía de avales que la empresa ha tenido que entregar a sus clientes.

La SEPI ha entregado dinero público a la multinacional sin ningún proyecto de relanzamiento industrial. A-Tec no tiene ningún plan y mantiene un rumbo errático que tan sólo permite pensar en una liquidación a plazos de Babcock. A pesar de ello, hasta octubre de 2005 la SEPI ha seguido transfiriendo 122 millones de euros anuales de subvenciones públicas, según dicen para garantizar las inversiones en la planta vizcaina.

En octubre la SEPI decidió no entregar los 31 millones de euros en ayudas públicas que faltaban al considerar que no se han cumplido las condiciones establecidas en el plan aprobado por la Unión Europea para el rescate de la empresa de bienes de equipo. El dinero estaba pactado como ayuda financiera a inversiones pero la multinacional consideró que no eran viables y quería destinarlo a otros objetivos, como formación y apertura de nuevas delegaciones comerciales

Con la excepción de esos 31 millones ahora retenidos, Babcock ha consumido ya la totalidad de los fondos públicos destinados a relanzamiento. Unos 84 millones de euros fueron destinados a financiar los planes de pensiones del último ajuste laboral, que supuso la jubilación anticipada de unos 250 trabajadores. Una cifra cercana a los 20 millones se ha consumido en el pago de indemnizaciones a Alstom, por reclamaciones que eran anteriores a la compra de las acciones por parte de A-Tec. El resto, una cifra ligeramente superior a los 30 millones de euros, fue entregada por la Sepi como subvención directa y se ha consumido en el día a día de la compañía.

Los trabajadores son despedidos y los sindicatos se forran

La empresa vizcaina Babcock, actualmente una sucursal de la multinacional A-Tec, viene desatando desde su privatización una cadena sucesiva de despidos contra miles de trabajadores vascos mientras que, por su parte, éstos vienen movilizándose en la calle de manera prácticamente ininterrumpida.

Babcock se privatizó en medio de una orgía de despidos y, sin embargo, la empresa continuó recibiendo subvenciones públicas que fueron a parar a los bolsillos de una multinacional austriaca; esta multinacional, además, lo que pretende es especular con los terrenos en los que se ubican las instalaciones; sólo faltaba conocer el papel de los sindicatos domesticados (UGT, Comisiones Obreras, ELA) en todo esto...

Es mucho peor de lo que sospechábamos, verdaderamente repugnante: los sindicatos van a forrarse, una vez más, a costa del despido de miles de trabajadores. El truco esta vez es el siguiente: la empresa contrata un seguro con una financiera para pagar las prejubilaciones de los obreros; el seguro lo pagará la SEPI, o sea, con dinero público otra vez; finalmente, los sindicatos se llevarán un pedazo de ese pastel en forma de «comisiones». Nunca mejor dicho: ya podemos decir que lo de comisiones obreras se refiere a otro tipo de comisiones, a las viejas mordidas, a las 30 monedas de plata de la corrupcion por venderse al mejor postor (que son siempre los grandes capitalistas).

La «comisión» va a parar a una empresa de seguros propiedad de Comisiones Obreras porque, como ya sabemos, estos sindicatos amarillos son, a su vez, capitalistas y propietarios de empresas financieras como Atlantis que se va a quedar con un trozo del botín de los despidos en concepto de gastos de gestión.

La mordida asciende a 900.000 euros y será pagada con dinero de la SEPI, o sea, con dinero público y se restará de las pensiones de los obreros.

Babcock, que se sostiene gracias a las ayudas del gobierno español a través de la SEPI, ha contratado a Atlantis, una empresa de seguros propiedad de Comisiones Obreras, para actuar como intermediaria en la contratación del plan de pensiones para los trabajadores que han sido prejubilados en el último expediente de regulación de empleo.

La «comisión comercial» pactada por Atlantis para esa labor, que según los expertos del sector es «de todo punto innecesaria», es el 1 por ciento de la dotación final del fondo de pensiones. Aunque aún no está formalizado, la cifra que se baraja se sitúa muy cerca de los 90 millones de euros, lo que reportaría a la compañía unos ingresos de 900.000 euros, unos 150 millones de las antiguas pesetas.

Los lazos entre Atlantis y Comisiones Obreras son tan claros que la compañía aseguradora se anuncia y ofrece sus contratos a través de la página web del propio sindicato, dentro del apartado de servicios. En ella se puede leer que Atlantis Asesores, que es quien ha instrumentalizado este chanchullo, es una empresa participada al 100 por cien por el sindicato. Fuentes de la aseguradora confirman que, efectivamente, han sido contratados por Babcock para participar en este proceso como asesores, al tiempo que defendieron que su labor ha sido de consultora en materia de seguros.

En fin, más de lo mismo: quien asesora a las multinacionales en materia de despidos masivos de trabajadores son... los sindicatos de siempre.

La propia Atlantis se dirigió por carta a varias aseguradoras españolas -Mapfre, BBVA Seguros, la Estrella, Vitalicio, Caser y algunas más- para notificarles el interés de la multinacional en la formalización de un plan de pensiones para 283 trabajadores prejubilados el pasado mes de julio y ofrecerles algunos detalles sobre las características del chanchullo. Junto a las condiciones técnicas, en esa carta remitida a las aseguradoras, Atlantis ya indicaba que los gastos externos -término que fue traducido por algunas de las aseguradoras en las ofertas que remitieron como comisiones de intermediación- ascendería al 1 por ciento de la póliza.

Aún no se puede determinar con seguridad a cuánto ascenderá esta comisión, porque todavía no se ha constituido formalmente este plan de pensiones aunque está previsto para los próximos días, y también existen algunas dudas sobre el montante final. Sin embargo, ya se conoce que rondará los 90 millones de euros.

También participará en la misma otra compañía de seguros recomendada por la Federación del Metal de UGT, con sede en Asturias y que opera con el nombre de Bango. Ésta, sin embargo, no figura en las cartas remitidas a las aseguradoras que han presentado sus ofertas a Babcock.

Lo curioso del caso es que la práctica totalidad de este plan de pensiones será sufragado con dinero público, ya que es la SEPI quien tiene que financiar el plan de pensiones, dentro de los acuerdos de subvención alcanzados con la multinacional A-Tec. Así las cosas, el dinero destinado a pagar la comisión de intermediación saldrá de las arcas del Estado y se restará de las pensiones que cobrarán los trabajadores prejubilados.

Pero lo peor no acaba aquí; la desfachatez de los sindicatos no se detiene ante nada. Resulta que la SEPI descubrió que Babcock había concedido algunos privilegios en el expediente de regulación de empleo a varios jefecillos de la empresa y también a antiguos miembros del comité de empresa pertenecientes a los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y ELA. Tan sólo esta última formación ha admitido la veracidad de los hechos, que consistieron en la concesión de una pensión extraordinaria, al tiempo que anunciaba la expulsión de la central de dos personas que formaron parte del comité de empresa de Babcock.

También ha podido conocerse recientemente que el gasto de Babcock en supuestos trabajos de consultoría contratados durante el último año, y que han sido financiados con dinero público, se acerca a los cuatro millones de euros. Entre ellos figura un contrato con la firma Cusan, de la que es socio principal Miguel Cuenca -vicepresidente del grupo público Teneo con el gobierno socialista de Felipe González- por un importe de 600.000 euros.

Esta es la situación: el despido de miles de obreros resulta un negocio muy lucrativo, sobre todo para los sindicatos vendidos de siempre y para los corruptos de los comités de empresa que están saqueando el dinero a costa del sufrimiento de los trabajadores y de sus familias.

Con casi un siglo de historia a sus espaldas, en 1978 Babcock contaba con 5.600 trabajadores. En setiembre de 2004, tras ocho meses de ajuste laboral, se habían producido 258 prejubilaciones y todavía se siguen incentivando las bajas voluntarias para dejar la plantilla por debajo de los 400 trabajadores, lo que supone que en el plazo de 25 años habrá perdido 5.160 puestos de trabajo. Pero tras este salvaje despido masivo, la situación de Babcock empeoró de forma sustancial porque, aunque digan lo contrario, el problema no son nunca los trabajadores sino los capitalistas. Los trabajdores son la solución, los capitalistas y su podrido Estado son la ruina. Así lo demuesra el caso de Babcock

Crónica de una privatización modélica

La trayectoria de Babcock desde 1978, cuando fue nacionalizada y entró a formar parte del INI, ha sido errática. Fue inicialmente una empresa privada, en 1978 se nacionalizó y, finalmente, fue de nuevo privatizada dos veces: una primera en 2001 y otra tres años después.

En julio de 2001, la Unión Europa autorizó la venta de la planta de Trapagaran (Vizcaya) a la multinacional alemana Babcock Borsig. En octubre de ese año firmaron la compra. Apenas cuatro meses después, la multinacional alemana entró en suspensión de pagos, para derivar luego en la quiebra, lo que dice bastante de la sagacidad capitalista del PP, entonces en el gobierno. Para entonces, la multinacional alemana había recibido ya más de 115 millones de euros para poner en marcha un plan de actividad industrial que nunca existió.

Desde setiembre de 2002 se iniciaron diferentes actuaciones para conseguir un nuevo comprador, pero el proceso se alargó, cayendo en una subasta que duró cerca de un año, ante los ojos atónitos de los obreros que no se lo podian creer:

— la SEPI anuncia una venta a Duro Felguera, que fracasa...

— la sociedad Maessa, del Grupo ACS, encabezado por Florentino Pérez, da marcha atrás a sus intenciones de comprar después de haber firmado un acuerdo el 20 de enero de 2004...

— en diciembre de 2003 el grupo Enviroarc-Aker Kvaerner paraliza el proceso de venta ofreciendo la ridícula cantidad de 100.000 euros por quedarse con ella. Ésta fue la multinacional que hundió a Mecánica de la Peña, también del sector vasco de bienes de equipo...

— por ese mismo precio la SEPI se decide finalmente para que Babcock cayera en las garras de A-Tec, filial del grupo monopolista austriaco ATB...

Con la venta, la SEPI pone a la empresa al borde de la liquidación ya que se trata de una maniobra especulativa: la empresa vendida cuenta con un valor patrimonial de terrenos, que actualmente no utiliza, por un valor próximo a los 50 millones de euros, o sea, 500 veces el precio que han pagado por ella. Es un gran escándalo, una operación de especulación inmobiliaria sin escrúpulos que descapitaliza aún más la empresa.

Además la multinacional considera que las empresas filiales Isotrón y Babcock Montajes no forman parte del negocio central de la empresa, por lo que pueden dejarlas caer en cualquier momento y por eso mantiene negociaciones con el grupo mexicano Ultramar y con otras empresas para su venta.

A-Tec ha desviado contratos a otras sucursales de la multinacional y no apareció nunca el apoyo financiero que habían prometido. La ronda que realizaron los jefecillos de la sociedad ante un numeroso grupo de bancos permitió comprobar el nulo respaldo de las entidades financieras a la compañía austríaca.

Todo pende un hilo. La SEPI ofreció garantías a la plantilla ante el supuesto de que se produjera una nueva situación de crisis. También se comprometió a asegurar a los trabajadores de Babcock que permanecen en activo los salarios de los próximos cinco años, pero el compromiso no queda suficientemente claro en el borrador entregado por la sociedad estatal. La sociedad estatal se niega a incluir en estas garantías a los trabajadores de las filiales Isotrón y Babcock Montajes.

Consecuencia de todo ello: tras Mecánica de la Peña y Babcock, la pérdida de empleo es brutal en este decisivo sector de bienes de equipo, que en Euskal Herria contaba con una fuerza laboral importante. Por supuesto, los monopolistas se llenan los bolsillos sin ningún tipo de prejuicios y con ellos colaboran unos sindicatos domesticados y corrompidos hasta el tuétano.

Despidos en masa en todas las grandes empresas

España perderá el 10 por ciento de su tejido industrial en los próximos 5 años por la deslocalización emprendida por muchas empresas, que afectará sobre todo a Catalunya, como consecuencia de la presencia de los sectores más perjudicados por este fenómeno, como la automoción, la electrónica de consumo y el textil.

Desde comienzos de 2004 Cataluña padece una grave crisis industrial y ningún sector escapa a este problema. La estadounidense Lear Corporation cerró su factoría de cableado de Cervera (Lleida) en 2001 y dejó sin trabajo a 1.200 personas con el fin trasladar la producción a Polonia; la francesa Valeo cerró sus plantas barcelonesas de Sant Esteve de Sesrovires (2002) y Abrera (2003) y la americana Gates Vulca cerró su planta de componentes de Sant Just Desvern (Barcelona) para llevar la producción a Asia. Panasonic también cesó la fabricación de altavoces en Celrà (Girona) y Sony llevó a Eslovaquia la producción de los televisores de gama baja que se producían en Viladecavalls. Sin embargo, esta factoría, la mayor de televisores que posee Sony fuera de Japón, desarrolla productos punteros, mientras que la de Samsung es ensambladora.

En todo España los expedientes de regulación de empleo han ido en aumento y afectan a un número cada vez mayor de trabajadores: pasó de 72.614 trabajadores en 2000 a 132.313 un año después. Pero en sólo cinco meses, hasta el mes de mayo de 2003, el gobierno aprobó 1.939 expedientes de regulación de empleo, que afectaron a 32.634 trabajadores. De ellos 1.452 expedientes fueron pactados con los sindicatos amarillos y sólo 487 no acabaron con un acuerdo sindical.

Pero en España los despidos masivos se llevan a cabo con la no renovación de los contratos laborales precarios. Los datos de septiembre de 2002 recogieron una caída de la contratación temporal del 6'78 por ciento respecto al mismo mes de 2000. Se trata de un ajuste silencioso, porque es tal el grado de temporalidad de la fuerza de trabajo que los capitalistas no necesitan recurrir a expedientes de despido para incrementar la explotación de los obreros.

Otra vía, a la que recurren las grandes empresas, es la prejubilación para aligerar la plantilla de trabajadores más veteranos sin reemplazarlos por jóvenes. El sector que más lo usa es la banca, inmersa en una reestructuración crónica desde hace muchos años.

En los últimos meses sólo las empresas de telecomunicaciones han dejado sin trabajo a más de 150.000 obreros. El sector de telecomunicaciones experimenta problemas originados por un endeudamiento al que se han comprometido por la compra de licencias de UMTS, que asciende a 20 billones en el caso de las compañías europeas, junto al abandono de producciones.

Hasta hace bien poco tiempo Telefónica era el buque insignia del capital monopolista español, pero a finales de junio de 2003 presentó un expediente de despido en masa para recortar unos 15.000 empleos -el 37 por ciento de su plantilla- hasta 2007. Este monopolio, que cuenta con un total de 157.500 obreros en todo el mundo, pretende con este recorte sustituir casi 15.000 trabajadores fijos por otros precarios y por subcontrataciones. En 1995 la empresa contaba con 75.000 trabajadores dentro de España y en este momento la cifra asciende a 40.600, por lo que sólo quedarán la mitad de obreros para realizar una producción varias veces mayor.

Telefónica ya había despedido en masa parte de su plantilla en el verano de 1999, cuando terminó el expediente de regulación de empleo que supuso la salida de la empresa de 10.869 trabajadores y que costó 3.000 millones de euros.

Los expedientes de extinción de empleo en telecomunicaciones suman la pérdida de 4.905 puestos de trabajo. Los mayores ajustes se aplicaron en Lucent y su filial Agere System, con 1.548 empleos; Alcatel, con 1.300; Ericsson, con 855, y Xfera, con 424.

El naufragio del sector textil

En el sector textil y confección, que agrupa a 7.000 empresas y da empleo a 240.000 obreros, la crisis no es coyuntural sino estructural y habrá despidos colectivos en cascada. La producción textil que alcanza los 13.000 millones de euros, nada menos que el 5 por ciento del Producto Interior Bruto pero el sector se apresta a una reestructuración total que supondrá importantes recortes de plantillas y expedientes de regulación de empleo.

En diciembre de 2003 Amadeu Cazador, consejero delegado de la empresa Tintes Viscolán, relevó a Joan Canals como presidente de la patronal textil española, Consejo Intertextil Español, y anunció que debemos prepararnos para perder el 30 por ciento de la industria.

Según las últimas estadísticas que maneja el Consejo Intertextil Español, en 2004 se han perdido en España 20.000 empleos y cerraron definitivamente sus puertas unas 400 empresas. Se trata de las cifras más alarmantes de los últimos años. Así lo avanzó a finales de octubre de 2004 el presidente del Consejo Intertextil Español en la celebración de la asamblea anual de la institución, que clausuró el ministro de Industria del PSOE, José Montilla.

El Ministerio ha concedido a las empresas y centros tecnológicos subvenciones por valor de más de 20 millones de euros y anticipos reembolsables por valor de otros 91 millones. El objetivo del plan será apoyar la modernización de las pequeñas y medianas empresas, verdadera columna vertebral de la actividad textil, dijo Montilla.

Los 257.500 empleos de 2003 se quedaron en 240.000 al final de este ejercicio, según las estadísticas de la patronal. Estos cierres y despidos irán acompañados de una caída importante de la producción, del orden de un 2'7 por ciento.

El presidente de la patronal adelantó que no se prevén descalabros porque el sector ya ha tocado fondo. Durante la asamblea se presentaron también los datos de los últimos 12 meses, que se resumen en una caída de la producción del 5'1 por ciento, un descenso del empleo del 6'3 por ciento y una baja en las importaciones de maquinaria del 11'8 ciento.

La industria textil española ha disminuido un 2'5 por ciento anual en los últimos 14 años. La situacion será desesperada a partir de 2005; tendremos que prepararnos para perder el triple de fuerza de trabajo de lo que perdíamos hasta ahora. Con la liberalización comercial puede destruirse el 30 por ciento de la industria y el empleo hasta 2007. Sin embargo, el jefe de la patronal maneja cifras aún peores: Nuestros cálculos más pesimistas sitúan la pérdida en el 70 por ciento. Yo creo que si salvásemos el 80 por ciento de los 240.000 empleos en juego, podríamos sentirnos satisfechos, dijo Amadeu Cazador.

Los capitalistas del textil que logren sobrevivir buscarán un modelo empresarial basado en la deslocalización de parte de su producción en países del sudeste asiático, aprovechando los menores costes, siguiendo la estela de los fabricantes que dejan de ser industriales para convertirse únicamente en distribuidores y se dedican a la importación masiva.

El sector vivirá una fase de concentración y disgregación al mismo tiempo; mientras unas compañías de aliarán con otras formando grandes grupos, otras microempresas se enquistarán en unos nichos de mercado muy especializados.

Desde enero de 2003 el número de trabajadores afectados por rescisiones de contrato en las comarcas de la Vall d'Albaida y L'Alcoiá-Comtat, que concentran un sector tradicional como el textil en la Comunidad Valenciana, ha ascendido a 270 trabajadores con despidos colectivos y 400 más con suspensión temporal de contratos.

En L'Alcoiá-Comtat el desempleo ha aumentado un 8 por ciento en junio en relación al mismo mes del año anterior, mientras que en la Vall d'Albaida este porcentaje ha ascendido al 13 por ciento, como consecuencia fundamentalmente de no renovaciones de contratos temporales en el sector textil.

La privatización de RENFE

La ley de privatización ferroviaria entró en vigor el 1 de enero de 2005 creando la incertidumbre entre los 30.400 trabajadores de la plantilla de Renfe y entre los usuarios porque los acidentes ferroviarios van a proliferar en el futuro.

Se fusionó Renfe con el GIF (Gerencia de Infraestructuras Ferroviarias) para dar a luz al mayor ente público inversor español: el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Una vez consolidada esta fusión, que afectó a más de 31.000 trabajadores y supuso un trasvase de activos con un valor de 7.000 millones, se produjo una escisión, a partir del Adif, que permitirá dar a luz a la nueva Renfe Operadora.

Quedan en el panorama ferroviario español dos grandes empresas, y también la posibilidad de que comiencen a crearse otras muchas operadoras.

El nuevo modelo ferroviario convierte al Adif en el organismo público con la propiedad de la red española de alta velocidad. Por el contrario, los 13.000 kilómetros de red convencional han pasado a ser propiedad del Estado, pero están gestionadas por Adif. Este organismo es el responsable del diseño y el tendido de las nuevas líneas, así como del mantenimiento de las infraestructuras. Se encarga de la gestión del tráfico y es el propietario de las estaciones comerciales, del patrimonio histórico del tren y de sus instalaciones de telecomunicaciones.

La nueva Renfe Operadora tiene asignados activos por valor de 2.300 millones de euros básicamente compuestos por material rodante. El número de trabajadores ferroviarios asignados a su plantilla es de 15.800. Su organigrama cuenta con cuatro unidades de negocio.

Con la complicidad de los sindicatos, Renfe ha ido recortando plantilla desde los 48.000 con que contaba en 1992 hasta los 30.400 actuales. Los recientes accidentes ferroviarios en España, que han causado decenas de víctimas mortales, tienen su causa en estos continuos recortes de plantilla que merman la seguridad del tráfico. Por ello, el plan de rehabilitaciones urgentes de infraestructura que Renfe puso en marcha tras los accidentes registrados en la primera mitad de 2003 incluía actuaciones intensivas para las que son necesarias dotaciones de personal superiores a la actualmente existente.

Pero esto no acabará aquí porque la empresa alegará excedentes de personal cuando se desprenda de la titularidad de la red de infraestructuras ferroviarias y su mantenimiento. Renfe ha externalizado cargas de trabajo, ha cerrado estaciones y talleres y ha modificado las condiciones laborales, apareciendo un défict creciente de mantenimiento, tanto de infraestructura como del material rodante.

La incertidumbre sobre el futuro de la nueva entidad es patente, ya que tendrá que competir con las compañías ferroviarias que decidan entrar en el mercado y no hay un plan de viabilidad para las dos futuras unidades de negocio de la nueva Renfe Operadora que son actualmente inviables. Se trata del negocio de mercancías y del de talleres.

El primero acumula pérdidas crónicas y tampoco se ha determinado con cuánto personal se quedará Renfe Cargas y cuántas personas pasarán al Adif, entre otros motivos porque no se ha decidido si las estaciones de clasificación de carga pasan al nuevo ente público o no.

En cuanto a talleres, tampoco hay un plan de negocio que les permita acceder al mantenimiento de los trenes de los futuros operadores, en clara semejanza con lo que hace Iberia. Desaparecerán las subvenciones que ha acumulado el ferrocarril y sólo podrán recibir ayudas las líneas declaradas de interés público, casi todas de cercanías.

La asignación a cada uno de los dos organismos empresariales resultantes de la enorme deuda que acumula la Renfe actual es clave para cuadrar las proyecciones financieras del nuevo modelo ferroviario. El entonces ministro del PP Álvarez Cascos anunció en el verano de 2003 que el Adif asumirá 4.344 millones del pasivo; Renfe Operadora, 1.357 millones; y el Estado, 1.538 millones. El gobierno del PSOE asumió en 2004 el 80 por ciento de la deuda de Renfe. La decisión obligó al PSOE a elevar siete décimas la previsión de déficit del Estado para este año, del 1'12 por ciento hasta el 1'81 por ciento del PIB. El Estado asumirá 5.459 millones de euros de los cerca de 7.300 millones de que acumula la empresa pública y para afrontar el incremento se estudia solicitar un crédito extraordinario al Parlamento.

Reconversión silenciosa en la banca

La opción de las prejubilaciones es la más utilizada por la banca, que recurre periódicamente a ellas. En 2003 tres grandes bancos eliminaron de sus respectivas plantillas a los trabajadores mayores de 52 años de edad. El BBVA prejubiló a 1.900, el Santander a 1.095 y el Banco Popular a 200 trabajadores.

La banca española ha aprovechado 2004 para terminar con los ajustes de plantilla a través de prejubilaciones. Por ello están a la espera de que el Banco de España les comunique si finalmente pueden realizar este ajuste cargando su coste contra reservas o si, por el contrario, deberán ya imputarlos a los beneficios.

El Banco de España está eludiendo las presiones de las grandes grupos financieros y solamente permitirá hacer prejubilaciones de plantilla con cargo a reservas a los bancos que han protagonizado las últimas fusiones. Las prejubilaciones contra reservas es una medida que perjudica a los accionistas al reducirse el patrimonio de la entidad.

Esto significa que Barclays Bank, que compró el Banco Zaragozano en mayo de 2003, y Banco Sabadell, que adquirió el Banco Atlántico a finales de diciembre delmismo año, podrán financiar sus ajustes de plantilla mediante sus reservas.

Barclays comenzó en febrero de 2004 con las primeras ofertas de prejubilaciones. El acuerdo con los sindicatos amarillos contemplaba la salida de hasta 750 trabajadores en tres años de la entidad resultante de la absorción del Zaragozano por Barclays Bank España.

El Banco Sabadell ya prejubiló a un centenar de trabajadores en 2003 y ahora tiene que digerir a los del Banco Atlántico.

El resto de las entidades interesadas en continuar con estos ajustes deberá financiar esas prejubilaciones con cargo a los resultados.

Los dos grandes bancos realizaron el grueso de las prejubilaciones que aún les quedaban pendientes en 2003.

Tras su fusión en 1999 el Banco de Santander ha despedido ya a 11.100 trabajadores y durante 2003 prejubilaron en España a otros 1.095, el 4'70 por ciento de la plantilla, con más de 50 años, cuyo coste se cargó a reservas. Tras las prejubilaciones cerró el año 2003 con una plantilla en España de 22.116 trabajadores.

Si el Banco de España no les autoriza en 2004 nuevamente llevar su coste contra reservas, sólo jubilarían a 200 empleados. En caso de que la autoridad supervisora abriese la mano nuevamente, el Santander pondría en marcha otro nuevo plan de prejubilaciones.

Por su parte, en 2004 el BBVA prejubiló a 900 trabajadores, en condiciones similares a las 1.900 jubilaciones anticipadas que acometió en 2003. Este Banco suma ya 8.100 despidos desde 2000.

El banco ofrecerá la jubilación anticipada principalmente a los trabajadores mayores de 53 años, más de 2.000 trabajadores, a los que se incentivará con un incremento del 2 por ciento del sueldo para el cálculo de la prejubilación.

El BBVA ya presentó incentivos similares en 2003, aunque en aquella ocasión se estableció un aumento del 2'75 por ciento a cuenta sobre conceptos salariales.

El 88 por ciento de las prejubilaciones se llevará a cabo entre trabajadores con sueldos superiores a 27.000 euros brutos por año, mientras que el porcentaje restante comprenderá a trabajadores con otra franja de edades o salarios.

Subvenciones a los sindicatos en 2007

Como en la época de Franco, los sindicatos vende-obreros se han convertido en organismos del Estado monopolista y trabajan como verdaderos funcionarios públicos, financiando buena parte de sus actividades amarillas con cargo al presupuesto público. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concedió durante el año 2007 una subvención por un importe de 6,29 millones de euros a Comisiones Obreras, mientras que UGT recibió 6,06 millones por la realización de actividades de carácter antisindical, según una resolución publicada por el Boletín Oficial del Estado el 13 de enero de 2008.

Además, ambos sindicatos también percibieron la correspondiente mordida por su participación en órganos burocráticos de los Ministerio y las entidades gestoras de la Seguridad Social, que para UGT fue de 1,14 millones de euros, mientras que en el caso de Comisiones Obreras ascendió a 981.760 euros.

De esta forma, Comisiones Obreras percibió un total de 7,28 millones de manos del Ministerio de Trabajo entre subvenciones y compensaciones, mientras que UGT ingresó en sus bolsillos un total de 7,21 millones de euros.

La citada resolución precisa que las subvenciones concedidas a los sindicatos amarillos en 2007 se otorgan en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical.

Comisiones Obreras y UGT percibieron las subvenciones más cuantiosas por el desarrollo de su labor antisindical. Tras estas formaciones se colocó Euzko Langilleen Alkartasuna - Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV), que recibió 497.300 euros, a los que hay que sumar otros 70.449 euros por la citada compensación por participación en los órganos burocráticos, es decir, se hizo con un total de 567.749 euros.

Los siguientes puestos del escalafón de subvenciones los ocupan Unión Sindical Obrera (USO), que recibió 487.084 euros, seguido de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) con 342.559 euros, Confederación Intersindical Gallega (CIG) con 273.539 euros y Federación de Asociaciones Obreras Sindicales - Langille Abertzaleen Batzordeak (LAB) con 216.302 euros. A continuación se situaron Federación de Trabajadores Independientes de Comercio FETICO con 206.951 euros, Confederación general del Trabajo (CGT) con 204.951 euros y la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza del Estado Español-FSIE, con 138.688 euros. Asimismo, el Ministerio concedió a otras 42 organizaciones sindicales subvenciones inferiores a 90.000 euros.

El Ministerio también otorgó las citadas compensaciones económicas por participar en sus órganos consultivos, de sus organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social, -además de a CEOE, UGT, CCOO y ELA-STV-, a la Confederación Intersindical Galega (62.107 euros), a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (60.592 euros), a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa (2.199 euros), al Colegio Oficial de la Marina Mercantes Española (1.819,92 euros) y a USO (1.819 euros).

Ya lo dice el refrán popular: Dime quién te paga y te diré quién eres. Y hay otro que dice: El que paga, manda.

CCOO y UGT cobran 650.000 euros de Citibank

Tras un acuerdo firmado en mayo de 2000 entre Citibank y los sindicatos amarillos, que supuso el despido de más de 200 trabajadores, entre bajas incentivadas y prejubilaciones, el banco pagó a los sindicatos amarillos CCOO, UGT y FITC la suma de 234.000 euros, en concepto de asesoramiento. Así que, por un lado, vamos sabiendo que la tarea de los sindicatos consiste en aconsejar... a la burguesía financiera.

El presidente de Citibank declaró en juicio que pagar a los sindicatos es una práctica habitual de mercado. Luego, por tanto, los sindicatos obreros se financian con el dinero de la burguesía financiera...

En el juicio se acreditó que esta entidad financiera había pagado más de 650.000 euros a través de Baker & McKenzie por cuatro acuerdos que objetivamente han perjudicado a quienes dicen representar, o sea, a los obreros...

Así lo denunció la revista Interviú de la segunda semana de noviembre de 2004 basándose en en la documentación del Juzgado de lo Social número 35 de Madrid, con ocasión de un pleito que enfrenta a un directivo contra su antigua empresa: Citibank.

Además, Citibank pagó un viaje a Maria Jesús Paredes, responsable del sector bancario de CCOO, a su marido Francisco Baquero, funcionario también de CCOO, y a Francisco López, Secretario General de la Federación de Banca de Madrid, un viaje a EEUU, alojándose en el Hotel Hilton de Nueva York, con todos los gastos pagados, en total 12.000 euros. La excusa fue una visita institucional a la sede central. También, en otra ocasión, Citibank pagó a los dos primeros seis entradas para ver al equipo de baloncesto Los Ángeles Lakers que costaron 3.233 dólares y que se disputó el 28 de diciembre de 2003. Francisco Baquero asegura que reintegró dicho importe aunque no lo pudo justificar.

María Jesús Paredes es la máxima responsable de banca de Comisiones Obreras y una de las personas de absoluta confianza del dirigente del sindicato, José María Fidalgo. Por su parte, Francisco López es su homólogo en la Federación de Madrid. En octubre de 2000, Citibank les organizó un viaje de seis días a Nueva York y San Antonio (Tejas). Se unió a la expedición Francisco Baquero, marido de Paredes y que también ocupa un cargo en el sindicato. El banco envió al ejecutivo que recibió el correo electrónico autorizando el abono del incentivo.

De acuerdo con los datos de diversos registros de la propiedad, Paredes y su pareja son dueños de un chalé en una urbanización de lujo de Madrid, una vivienda en uno de los barrios más caros de la capital, un piso en la sierra madrileña, una vivienda unifamiliar adosada en Manilva (Málaga) y dos apartamentos en Denia (Alicante). El valor de mercado de estos bienes supera actualmente los dos millones de euros. Trabajar como sindicalista y amasar un importante patrimonio inmobiliario no son, pues, circunstancias incompatibles.

María Jesús Paredes es secretaria general de Comfia, la federación de servicios financieros y administrativos de Comisiones Obreras. Ocupa este cargo desde el año 1987. Su pareja, Francisco Baquero, también es miembro de la Ejecutiva de Comfia. Ambos son empleados del Banco de Santander, aunque llevan décadas trabajando como liberados sindicales y, por tanto, su sueldo lo paga el banco y ellos trabajan en Comisiones Obreras.

De acuerdo con información interna del Banco de Santander, Paredes y Baquero tienen categoría de administrativos de nivel 8 y una antigüedad superior a los 30 años. Según el convenio colectivo del banco, un empleado en dicha situación debería cobrar de sueldo alrededor de 35.000 euros brutos al año.

Fuentes de Comisiones Obreras explicaron que el sindicato también paga una dieta mensual a algunos de sus cargos ejecutivos, que como media se sitúa en los 600 euros. Como secretaria general de Comfia, Paredes debería cobrar dicha cantidad.

La mayor parte de las compras de la pareja se produjeron en un periodo reducido de tiempo: entre el 16 de diciembre de 1999 y el 28 de julio de 2005. En esos cinco años y medio, Baquero y Noriega adquirieron la vivienda de Manilva, un piso en el centro de Madrid, otro en la sierra madrileña y los dos apartamentos en Denia. Además, en diciembre de 2004, suscribieron una hipoteca garantizada con el chalé que tienen en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Como resultado de todas estas operaciones, en el verano de 2005, Paredes y Baquero tenían vivos tres préstamos hipotecarios por un importe que superaba los 600.000 euros. Según los datos de los registros de propiedad, las tres hipotecas siguen vigentes a finales de 2007.

María Jesús Paredes anunció su intención de dimitir como secretaria general de Comfia a finales de diciembre de 2007, un año antes de que finalice su mandato. Además del viaje a Estados Unidos y del regalo de los portátiles (posteriormente Citibank entregó otros tres ordenadores al sindicato), el banco realizó otros dos pagos por acuerdos alcanzados en noviembre de 2002 y julio de 2003. En estas dos ocasiones sólo cobraron Comisiones Obreras y FITC, y el nuevo presidente del banco, Sergio de Horna, cambió el sistema: las cantidades se entregaron directamente a los sindicatos y están perfectamente contabilizados mediante la oportuna factura.

Lo bochornoso de estos pagos hizo que parte de la sección sindical de UGT se pasara al sindicato CGT, que no firmó el acuerdo, como tampoco la CIG. Esto hizo que ambos sindicatos no cobraran ninguna suma, desmontando la coartada de la dirección: si los pagos estaban motivados, según el jefecillo de Citibank, porque la negociación requería unos esfuerzos muy grandes, ¿por qué no cobraron todos los sindicatos representados en el comité de empresa?, pregunta que le fue formulada en el juicio por el abogado demandante a dicho ejecutivo y que quedó sin respuesta.

La respuesta la sabemos nosotros: sólo cobran los que se venden.

Los sindicatos roban a los obreros

Los sindicatos han estado implicados en todos los mangoneos de corrupción que han escandalizado al país en los últimos años, y el caso del FORCEM (Fundación de la Formación Continua) no iba a ser una excepción

Al menos 36.000 de las 228.000 empresas que en 2001 recibieron subvenciones de la FORCEM, un organismo de la Unión Europea, para realizar cursos de formación, eran entidades ficticias.

Entre los estafadores se encuentran los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, así como la organización de la patronal CEOE, que se aprovecharon de estas subvenciones a la formación para financiarse a lo largo de 2001.

El INEM ha comprobado que en 2001 se subvencionaron 159.000 cursos para dos millones de obreros, pero la mayoría de ellos no se impartieron.

Para realizar estos cursos, la Unión Europea destinó 600 millones de euros, gestionados por la FORCEM, de los que se calcula que el 95 por ciento fue defraudado.

Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción presentado en setiembre de 2004, la UGT robó a los trabajadores 79 millones de euros (13.160 millones de pesetas) entre los años 1997 y 2000. El sindicato amarillo se apoderó de más de siete millones de euros (1.219 millones de pesetas) correspondientes al 10 por ciento del total del dinero percibido en esos años y que la central sindical destinó a sus propios gastos.

Las conclusiones de la Fiscalía están basadas en un informe de la FORCEM, en el que se pone de manifiesto que del total de gastos presentados por el sindicato entre 1997 y 2000 sólo pueden considerarse admisibles el 3'35 por ciento.

El procedimiento abierto en la Fiscalía se remonta al año 2000, cuando se advierte la existencia de una empresa que ofrece a los trabajadores cursos gratuitos subvencionados por la Junta de la Andalucía y la Unión Europea.

Para llevar a cabo el fraude, no sólo se fingieron cursos que jamás se llevaron a cabo, sino que además se falsificaron firmas de obreros a los que se dijo que el curso tenía una duración sensiblemente inferior a la real. Se han destaparon muchas falsificaciones: diplomas enviados a alumnos que no han asistido a los cursos, identidades falsas de cursillistas, listados de alumnos inventados y facturas sin identificación fiscal. La Fiscalía dice que se trata de un delito de defraudación que puede tener serias repercusiones en la economía nacional porque se trata de un fraude comunitario.

Aunque estas investigaciones judiciales sólo afectan de momento a UGT, en otros juzgados tienen causas abiertas contra la patronal CEOE y Comisiones Obreras, también relacionadas con cursos de formación.

Los sindicatos también despiden a sus obreros

Hoy los sindicatos son como en la época de Franco: tienen también su parte empresarial, no sólo porque disponen de empresas capitalistas propias, sino porque se comportan como verdaderos capitalistas con sus propios funcionarios, a los que despiden sin contemplaciones y luego no pagan las indemnizaciones.

Por eso en julio de 2003 el Juzgado de lo Social número 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz) dictó orden de embargo contra las cuentas de la UGT en tres bancos a raíz de una denuncia por despido improcedente de un trabajador de la Federación provincial de Cádiz.

Como cualquier otra empresa capitalista, la UGT no pagó tampoco la indemnización por despido improcedente a un trabajador a pesar de la sentencia del Juzgado de lo Social dictada el 6 de mayo.

La resolución declaró improcedente el despido efectuado por el sindicato en enero y obligó a la readmisión del trabajador despedido o bien al abono de una indemnización que ronda los 15.000 euros. Y no cumplió ni una cosa ni la otra.

El despedido denunció que en la actualidad han pasado más de dos meses y todavía no sé por qué un sindicato está perjudicando tan gravemente a un trabajador, que lleva diez años afiliado, cuando se supone que el sindicato tiene que defendernos.

Pues eso: se supone, pero es mucho suponer que un sindicato como la UGT a estas alturas se ponga a otra cosa que no sea explotar y traicionar a sus propios obreros.

Por eso los beneficios de los capitalistas se disparan

En plena crisis económica la banca española logró en 2004 las mayores ganancias de su historia, con 7.766 millones de euros.

Los grupos bancarios españoles ganaron 7.766 millones de euros en 2004, una cifra máxima de beneficio nunca alcanzada anteriormente y superior en un 23'4 por ciento a la del ejercicio anterior. La tasa de crecimiento es también la más elevada que registra el sector y supera a las cifras y el avance presentado por el conjunto de las cajas de ahorro, cuyas ganancias ascendieron un 15'1 por ciento, hasta los 5.181 millones.

Estos resultados récord se produjeron pese al impacto de las prejubilaciones, que el Banco de España no dejó cargar contra reservas y obligó a pasar por cuenta de resultados.

Sacyr-Vallehermoso: el grupo inmobiliario especulador obtuvo en 2004 un beneficio de 376,3 millones de euros, lo que supuso un aumento del 12'6 por ciento respecto al año anterior.

ACS: este monopolio de la construcción cerró 2004 con un beneficio neto atribuido de 460'4 millones de euros, lo que supuso un alza del 21,1 por ciento. La cifra de negocio aumentó un 2'1 por ciento, hasta los 10.960'7 millones.

Ferrovial: la constructora alcanzó en 2004 el mayor beneficio neto de su historia: 556'8 millones de euros, lo que supone un incremento del 63'5 por ciento.

La cosa está clara: la crisis la pagan los trabajadores, cuya explotación aumenta sin cesar, lo mismo que el número de parados. La crisis de unos es el beneficio de los otros.

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