Radiografía de la miseria

Se mantienen los altos índices de pobreza en España
Dos millones de trabajadores en paro
La mitad de los parados acabó 2007 con pocas opciones de encontrar trabajo
Empleo precario
Los índices de inflación son un engaño
El salario medio real retrocede diez años
El precio de la vivienda se ha multiplicado por seis
Unas pensiones de hambre
Trabajadores del servicio doméstico
Alcoholismo y drogodependencias
Una infancia torturada
Una de cada cinco mujeres sufre la violencia doméstica
Situación de los inmigrantes
El segundo país de la Unión Europea con más presos
2'5 millones trabajan en la economía social

Se mantienen los altos índices de pobreza en España

Mientras los beneficios de la banca se multiplican cada año, un 20 por ciento de la población que reside en España, casi nueve millones de personas, viven en la pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2006 publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

Los niveles de pobreza, por tanto, se mantienen. La encuesta de Cáritas realizada en 1984 ofrecía idénticas estimaciones y, un año después, un informe sociológico del BBV no publicado, subió esa cifra hasta los 11,5 millones de habitantes, lo que significa más de la cuarta parte de la población total. De ese total de pobres, entre 1,5 y 1,7 millones de ciudadanos viven en una situación calificada como de pobreza extrema.

El baremo oficial para medir la pobreza lo fija la Unión Europea en la mitad del salario medio, definiendo como pobres a los que no alcanzan ese nivel de ingresos, que en 2006 se situó en 6.860 euros netos al año. En Europa un 17 por ciento de la población vive en esa situación, según datos de 1995 de la Unión Europea.

El umbral de la pobreza, calculado según los ingresos totales del hogar, depende del tamaño del hogar y de las edades de sus miembros, por lo que la cantidad que fija el umbral de la pobreza es menor si la persona es más joven y también se reduce cuando aumenta el número de personas que compone un hogar.

Para un hogar de un adulto el umbral es de 6.860 euros, pero para uno de dos adultos es de 10.290 euros (5.145 euros por persona), para uno de dos adultos y un menor de 14 años es de 12.348 euros (4.116 euros por persona), y para uno de dos adultos y dos menores de 14 años es de 14.406 euros (3.601,5 euros por persona). En 2006, según el INE, el ingreso neto anual de los hogares fue de 23.442 euros, un 4,6 por ciento superior al del 2005, y cada hogar destinaba una media de 221 euros para gastos relacionados con la vivienda principal, lo que supone un aumento del 4,2 por ciento con respecto al año anterior.

El porcentaje de población que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza varía dependiendo del sexo. Así, la tasa es mayor en el caso de las mujeres (21,2 por ciento) que en el de los hombres (18,5 por ciento).

Los grupos más afectados por la pobreza relativa son las personas de 65 o más años, con un porcentaje del 30,6 por ciento por debajo del umbral y los menores de 16 años, cuya tasa es del 23,8 por ciento.

También varían los porcentajes dependiendo de la actividad: el 37,6 por ciento de la población desempleada está por debajo del umbral, mientras que en el caso de los ocupados la tasa es del 9,8 por ciento.

Además, el 29,9 por ciento de la población con educación primaria o inferior está por debajo del umbral de pobreza, mientras que cuando la educación es superior la tasa se reduce al 7,2 por ciento.

En cuanto a los ingresos netos, el ingreso por persona alcanzó los 8.403 euros. En hogares formados por un solo miembro esta cantidad asciende a 11.439 euros, y en el caso de los hogares compuestos por un adulto y al menos un hijo dependiente este ingreso es de 6.005 euros.

El nivel educativo tiene una importante influencia en el nivel de ingresos, de forma que el ingreso medio de los hogares cuya persona de referencia tiene educación superior es de 33.712 euros, una cifra que se reduce hasta los 17.648 euros cuando el novel de formación es igual o inferior a primaria.

Por comunidades autónomas, Navarra y Madrid son las que tienen los mayores ingresos netos por hogar, con 29.845 y 27.718 euros, respectivamente, mientras que las que tienen menores ingresos son Extremadura (17.910 euros) y Andalucía (20.268 euros).

La encuesta incluye algunas preguntas para conocer la opinión de los hogares sobre determinados aspectos relacionados con su situación económica, como la facilidad para llegar a fin de mes, apuntada por el 39,9 por ciento de los consultados.

En cuanto al gasto en vivienda -221 euros de media-, asciende a 517 euros mensuales en el caso de quienes habitan una vivienda alquilada a precio de mercado, mientras que la media de gasto para los que tienen la vivienda en propiedad es de 204 euros, y si está en régimen de cesión gratuita se reduce a cien euros mensuales.

Un estudio de la UNICEF titulado La pobreza infantil en los países ricos 2005 reconocía que 1.200.000 niños (13'3 por ciento de la población infantil) viven en situación de pobreza en España. En total, en los estados de la OCDE viven entre 40 y 50 millones de niños en una pobreza relativa que para la UNICEF significa recibir menos de un 50 por ciento de los ingresos de la renta nacional.

Los obreros sometidos al Salario Mínimo Interprofesional perciben una retribución anual de 14 pagas de 451,20 euros, cuantía equivalente al 40 por ciento del salario medio. Entre los jubilados, los que no alcanzan el salario mínimo son casi un 60 por ciento.

La retribución del Salario Mínimo Interprofesional ha crecido un 11 por ciento menos que el salario medio de nuestro país desde 1995, ya que el gobierno actualiza estas retribuciones en función de una previsión de inflación oficial que nunca se cumple.

Dos millones de trabajadores en paro

España es el país europeo con la tasa de paro más elevada de la Unión Europea, superior al ocho por ciento. En diciembre de 2007 el número absoluto de parados registrados era de 2.129.547 trabajadores.

A finales de junio de 2006 la economía española marcó un nuevo máximo de ocupación, con 19.641.000 personas trabajando, es decir, que la economía siguió creando empleo, con 687.600 nuevos empleos. Esto supone un ritmo de crecimiento del 3,5 por ciento, si bien, la práctica totalidad de estos empleos se ubicó en los sectores menos productivos, como son los servicios y la construcción.

En la primera mitad de 2006 las mujeres captaron el 55 por ciento de los nuevos empleos, de manera que su participación en el mercado laboral alcanzó máximos históricos, hasta representar el 40,6 por ciento del total de la fuerza de trabajo.

Por otra parte, la proporción de desempleo juvenil en España fue del 9'8 por ciento, superada sólo por Polonia (15'2 por ciento), Eslovaquia (13'7 por ciento) y Finlandia (11 por ciento).

En términos generales, la tasa de empleo para la Unión Europea, alcanzó en 2003 el 63 por ciento para personas en edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, un porcentaje todavía inferior a la meta que fijó el Consejo Europeo en 2001, del 67 por ciento para 2005.

A consecuencia de esta estructura del empleo desfavorable para la mujer y la juventud, en España una de cada diez personas vive en familias en las que ningún miembro tiene un empleo retribuido, y hay muchos hogares donde solamente trabaja uno de los miembros, casi siempre el padre, mientras que la esposa y los hijos que buscan trabajo pasan a engrosar las cifras de desempleo. Junto con Portugal es el países donde menos gente vive sola, mientras que en los países del norte de Europa los porcentajes se triplican en relación a los países ibéricos. En España solamente el cuatro por ciento de los hombres y el cinco por ciento de las mujeres hasta los 30 años viven solos.

En los países donde hay más familias enteras en paro, el desempleo es mucho más bajo. Esto quiere decir que en España buena parte de los problemas del desempleo se trasladan a las familias. Son ellas quienes corren con los gastos de los parados y la existencia de un solo salario les obliga a permanecer unidas, muchas veces de manera forzosa.

La mitad de los parados acabó 2007 con pocas opciones de encontrar trabajo

Sólo el 18 por ciento de los más de dos millones de parados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo, el antiguo Inem, tiene muchas probabilidades de encontrar un nuevo empleo, según el índice de ocupabilidad de los parados registrados que elabora el Ministerio de Trabajo. Quienes menos opciones tienen de salir del paro son las mujeres, los inmigrantes, los trabajadores de más edad y quienes tienen menor nivel de estudios.

Por el contrario, el 47 por ciento tienen pocas o muy pocas posibilidades de poder salir del paro. En concreto, para el 16 por ciento las probabilidades de encontrar una nueva actividad son muy bajas, mientras que para el 30 por ciento sólo son bajas.

Las posibilidades de encontrar trabajo y frustradas esperanzas de los desempleados figuran en el Índice de ocupabilidad publicado por el Ministerio de Trabajo que, en comparación con los datos de 31 de diciembre de 2006, apenas han variado.

Las posibilidades de salir del paro son menores para las mujeres, los inmigrantes, los trabajadores de mayor edad, los que tienen menor nivel de estudios, los demandantes de más antigüedad y los perceptores de prestaciones, especialmente los que cobran ayudas asistenciales, subsidios para mayores de 52 años y la Renta Activa de Inserción.

El perfil de los parados con menos probabilidades de encontrar un puesto de trabajo coincide con aquellos demandantes que presentan una antigüedad de un año o más, que circunscriben su ámbito de búsqueda a su término municipal, que demandan menos de tres ocupaciones, y que pertenecen al colectivo específico de perceptores del subsidio de mayores de 52 años y de beneficiarios de la Renta Activa de Inserción.

Analizando la confluencia de estos factores sobre los desempleados registrados a finales de enero se obtiene que el 46,2 por ciento tenían un grado de ocupabilidad bajo o muy bajo, en tanto que el 35,78 por ciento presentaban un nivel de ocupabilidad medio, y sólo el 18 por ciento tenían un grado de ocupabilidad alto.

Por sexos, casi el 45 por ciento de los parados varones registrados en diciembre de 2007 tenían pocas o muy pocas posibilidades de encontrar un empleo, porcentaje que repunta hasta el 48 por ciento en el caso de las mujeres, colectivo que concentra al 61 por ciento de los desempleados a escala nacional.

Por edades, futuro más negro es para los 1.102.108 parados mayores de 45 años, entre quienes un 64,5 por ciento presenta escasa ocupabilidad, cifra que desciende hasta el 36,2 por ciento en la franja de 25 a 45 años y hasta el 34,4 por ciento en el caso de los menores de 25 años.

Si se estudian los datos por sectores, se obtiene que los obstáculos más grandes surgen en la industria, donde el 57 por ciento de los parados apenas cuenta con posibilidad de ser contratado. Más de la mitad de los parados de la construcción tienen pocas o muy pocas probabilidades de abandonar el desempleo. Las dificultades se extienden a más del 40 por ciento en el resto. Pero quizás lo más sorprendente es que entre las personas que buscan su primer trabajo, jóvenes en su gran mayoría, la desocupación duradera planea sobre el 56 por ciento de sus miembros.

Empleo precario

Una de las causas del crecimiento de la miseria es la creciente precariedad en el empleo. El número de asalariados con contrato temporal se ha disparado desde los años ochenta a causa de los pactos sociales que firmaron los sindicatos amarillos con la patronal y el gobierno, de modo que un porcentaje creciente de obreros trabaja con contratos basura:

añoprecarios
1980  5 
198720  
200330'6
200533'8
200633'9

El 64 por ciento de los contratos que se realizaron en 2005 fueron de carácter temporal, alcanzándose la mayor proporción de precariedad de los últimos cuatro años. En 2002 este porcentaje sólo llegaba al 17,5 por ciento, mientras que en 2003 y el 2004 repuntó hasta el 39 y el 48,6 por ciento.

De esta forma, a finales de 2005 la tasa de temporalidad se situó en el 33,8 por ciento. Durante el primer semestre de 2006, más de la mitad de los nuevos puestos para asalariados fueron también temporales, con lo que la tasa de temporalidad acabará este periodo en el 33,9 por ciento, seis décimas más que el año anterior.

España el país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de contratos laborales precarios con casi el 34 por ciento ya que la media en la Unión Europea es del 13 por ciento de contratos basura, menos de la mitad que en España.

Los contratos basura, que no dan derecho al cobro del seguro de desempleo, suman medio millón, bajo las denominaciones de contrato de aprendizaje, en prácticas o a tiempo parcial. Una vez despedidos, estos trabajadores no cobran ningún seguro. Además, los trabajadores a tiempo parcial cobran un 55 por ciento menos que los fijos, según la encuesta del INE de 1996.

Cuatro de cada diez personas que están apuntadas a las listas de desempleo es porque su contrato temporal había expirado. Los más expuestos a esta forma de empleo precario son los jóvenes y las mujeres. Un 14'5 por ciento de las trabajadoras tienen un contrato temporal, frente al 12’5 por ciento de los hombres.

La mitad de los trabajadores temporales tienen menos de 30 años de edad. Los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad son el núcleo de población más expuesto a los contratos temporales, el 48 por ciento de las mujeres y el 56 por ciento de los hombres. Esta proporción se dispara de nuevo en España, con el 83 por ciento de las mujeres y el 87 por ciento de los hombres asalariados, en Francia (78 por ciento y 86 por ciento) y Alemania (78 por ciento y 84 por ciento).

Los empleados temporales son las principales víctimas del paro. El 44 por ciento de las mujeres y el 38 por ciento de los hombres que se encuentran inscritos en las listas de desempleo es debido a que sus contratos temporales habían expirado. Esta proporción se eleva al 70 por ciento en el caso de España y Finlandia.

Lo habitual es que estos contratos tengan una duración inferior a los seis meses, algo que sucede en el 35 por ciento de los casos. Esta proporción se reduce al 25 por ciento en los contratos de entre siete meses y un año y en los de entre uno y tres años. Apenas un 15 por ciento superan los 36 meses de duración. España, de nuevo, destaca en las estadísticas porque se firman contratos de menos de seis meses en más del 60 por ciento de los casos. Los de más de un año apenas superan el 5 por ciento y los de más de tres años son inexistentes.

Los capitalistas recurren a los contratos temporales de forma claramente ilegal, incluso fraudulenta porque sólo se pueden utilizar por los motivos que la ley determina. Una irregularidad frecuente es el encadenamiento de sucesivos contratos precarios con un mismo trabajador. Así los capitalistas abaratan la mano de obra: se ahorran el coste de los despidos y de las vacaciones.

Otro problema similar es el de los contratos a tiempo parcial en los que el obrero no trabaja la jornada laboral completa. Es una modalidad de contratación que afecta a 1.375.000 trabajadores de los que más del 80 por ciento son mujeres.

Se trata, pues, de un colectivo que representa más de un 8 por ciento de la mano de obra (un 18 por ciento en Europa). Sus condiciones laborales son igualmente pésimas, ya que ocupan los puestos menos cualificados, tienen los sueldos más bajos y prestaciones sociales muy reducidas.

La mayor parte de estos trabajadores son mujeres y jóvenes, que no pueden disponer de otra ocupación ya que atienden otro tipo de necesidades, como el cuidado de los hijos o los estudios. En otros casos estos contratos encubren el pluriempleo, es decir, situaciones en las que el trabajador se ve obligado a emplearse en varios oficios simultáneamente para cubrir sus necesidades económicas.

El colmo de la situación se produce cuando el trabajo a tiempo parcial es, además, precario, es decir, que no se trata tampoco de una trabajo fijo o ilimitado. Un 55 por ciento de los contratos a tiempo parcial son al mismo tiempo precarios.

Unas pensiones de hambre

Según datos del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales, la pensión media de la Seguridad Social, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), en febrero de 2007 era de 669,60 euros mensuales.

La pensión media de jubilación se situó en 754,73 euros mensuales. Por su parte, las pensiones de incapacidad permanente alcanzaron una cuantía media de 757,54 euros mensuales. En cuanto al resto de pensiones, las de viudedad, orfandad y en favor de familiares suman una cuantía media de 496,59 euros; 299,31 euros y 394,47 euros, respectivamente. Todas estas pensiones están muy por debajo del umbral de pobreza, que se sitúa en 650 euros mensuales.

La Seguridad Social abonó un total de 8.229.591 pensiones contributivas en todo el territorio nacional, un 1,5 por ciento más que en 2006. Más de la mitad de las pensiones fueron por jubilación (4.839.445), mientras que 2.213.317 fueron por viudedad, 879.683 por incapacidad permanente, 258.664 por orfandad y 38.482 en favor de familiares.

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 5.510,5 millones de euros.

Los índices de inflación son un engaño

En España los alimentos más básicos suben hasta seis veces más que los índices de inflación, de manera que, según el Ministerio de Agricultura, ostenta el segundo puesto del escalafón de la UE de precios alimentarios más elevados.

La ministra de Agricultura reconoció en 2006 que existen elementos distorsionadores en la formación de precios de la cadena alimentaria y creó un Observatorio de Precios de los Alimentos para incidir, como recalcó en su momento, en los elementos distorsionadores del traslado de precios en origen al consumidor final.

Sin embargo, la prensa jamás da el realce que merece ese Observatorio para impedir que cunda el pánico sobre las verdaderas subidas de precios, aquellas que afectan a los productos más necesarios para la subsistencia de las personas, aquellos que consumen los obreros y los más humildes ciudadanos.

En enero de 2007 hablaron de un descenso del IPC que no se ha dejado ver en la cesta de la compra y los productos más básicos de la cesta de compra no dejan de saquear los bolsillos. Más de la mitad de los alimentos analizados por el Gobierno subieron en 2006 por encima del Índice de Precios al Consumo.

Alimentos como las patatas subieron durante todo el año pasado hasta un 21 por ciento, es decir, seis veces más que el índice general de precios: el encarecimiento del tubérculo queda muy lejos del 3,5 por ciento en que cerró la inflación media en 2006 y aún a más distancia del IPC del 2,7 por ciento registrado en diciembre de 2006.

Las patatas son el caso más llamativo; pero no el único que muestra que la dieta más básica de los españoles se cotiza cada día más cara.

Los datos muestran que la lechuga costaba en diciembre un 15,8 por ciento más que en enero, mientras que para comprar tomates o pimientos había que desembolsar una media de un 9 por ciento más, según Industria.

Un kilo de carne de pollo fresca cotizaba en diciembre un 16,8 por ciento más caro que doce meses antes, y comer ternera exigía pagar una factura un 8,15 por ciento superior, es decir, cerca de tres veces más que la inflación. Por la parte de los pescados, el salmón, por ejemplo, subió un 13,5 por ciento, mientras que la trucha sigue escalando peligrosamente hacia un incremento del 11 por ciento.

Las peras de agua no pueden meterse en la cesta, ya que se encarecieron un 12 por ciento, porcentaje que tampoco detuvo su ascenso en enero de 2007. Las manzanas salen algo más económicas, aunque también quedan por encima de la subida media del nivel de vida: su aumento se acerca al 6 por ciento.

Estos precios de los productos frescos no han tardado en trasladarse a los alimentos envasados. Aliñar el almuerzo con aceite de oliva subió un 7,6 por ciento durante el año pasado, incremento, eso sí, inferior al del casi 19 por ciento que sufrió en 2005. No sucede lo mismo con el vino que ha escalado un 8,25 por ciento.

El café comprado en el supermercado subió, de enero a diciembre, el 5,9 por ciento; quien prefiere beberlo fuera de casa, debe multiplicar esa cifra por dos.

Trabajadores del servicio doméstico

Según la legislación española, los trabajadores del servicio doméstico tienen recortados sus derechos sociales básicos por estar sujetos a una relación de especial dependencia, es decir, por una sumisión total a sus explotadores.

La economía sumergida impera entre ellos. En España hay cerca de 500.000 trabajadores ocupados en tareas del hogar, en su inmensa mayoría mujeres e inmigrantes sin documentación. De ellos sólo 180.000 trabajadores están acogidos en España al régimen especial de empleados del hogar de la Seguridad Social, de los que aproximadamente un 60 por ciento son nacionales (107.000) y el resto, extranjeros (73.000).

El empleo de hogar es la ocupación más frecuente de las emigrantes en España según la Organización Internacional del Trabajo. Entre las empleadas de hogar aumenta el estrés, ya que están sometidos a una jornada laboral sin término y sometidos a los caprichos de los señores de la casa, siendo frecuentes los abusos e incluso las agresiones sexuales. Entre los inmigrantes que realizan este trabajo existen casi 30.000 universitarios.

El servicio doméstico es especialmente importante en Madrid que, aunque sólo ocupa al 22 por ciento de los trabajadores extranjeros que cotizan en España, acoge, sin embargo, al 40 por ciento los empleados de hogar de origen foráneo dados de alta en la Seguridad Social.

El 31 de diciembre de 2004 estaban afiliados a la Seguridad Social madrileña 237.076 trabajadores extranjeros. De ellos, 185.848, una inmensa mayoría, cotizan en el Régimen general, y en segundo lugar, 30.321, en el Régimen especial de empleados del hogar.

A estas cifras oficiales habría que añadir la estimación de extranjeros irregulares que han hecho del servicio doméstico su medio de vida en la capital, estimada en otras 70.000 personas. De ellas, normalizarán su situación y sólo mejorarán sus condiciones de trabajo unas 28.000 hasta mayo de 2005.

Estos trabajadores en Madrid se hacen cargo, por un salario irrisorio, de las actividades reproductivas y el cuidado de las personas dependientes, tareas que deberían ser objeto de políticas públicas de protección a la familia.

En Madrid sería necesario crear de forma inmediata unas 40.000 plazas residenciales en centros de atención a mayores y establecer un servicio de asistencia a domicilio suficiente para otros 30.000. Al ritmo actual de incorporación de la mujer madrileña al trabajo, se hacen también imprescindibles unas 60.000 plazas en guarderías.

Estas insuficiencias en el servicio público se están cubriendo por estrategias familiares e individuales aprovechando el trabajo de gran calidad que los inmigrantes, regulares e irregulares, llevan a cabo en condiciones en muchos casos absolutamente precarias, bajo la amenaza de expulsión y sin posibilidades de promoción laboral de ningún tipo, que no sea la libre voluntad de su empleador.

Alcoholismo y drogodependencias

Como consecuencia de la miseria, los problemas conexos a ella se multiplican igualmente. La exclusión social crece: ya no se trata sólo de pobreza económica, sino de todo tipo de problemas de acceso a vivienda, a educación, a salud, etc.

Por toda España, 55.000 vagabundos merodean por las calles sin familia y sin vivienda donde cobijarse, mendigando y en las más duras condiciones de aislamiento personal. En 2004 tres profesores de la Universidad Complutense elaboraron un estudio titulado Los límites de la exclusión, sobre el problema de los sin-techo, personas que duermen en albergues y otras en la calle entre cartones.

La mayoría de estas personas tiene un nivel de estudios y una experiencia laboral muy parecida a la de cualquier otra persona: el 10 por ciento tiene estudios universitarios, 2 de cada 3 han cursado estudios de segundo ciclo y casi todos han llegado a una situación de exclusión social después de períodos de trabajo relativamente normalizados.

Además de la falta de recursos económicos (una vivienda y casi siempre un trabajo) los sin techo tienen otro denominador común: con edades entre 30 a 40 años han pasado por una media de nueve experiencias traumáticas como abandono, muerte prematura de un familiar, prisión o toxicomanías.

El Instituto de la Mujer ha cifrado en 600.000 el número de prostitutas.

El alcoholismo y las drogodependencias entran dentro del círculo vicioso de la pobreza, e incluso más allá, extendiéndose hacia sectores sociales cada vez más amplios como una mancha de aceite. Entre otras razones porque además de existir el ambiente imprescindible para que proliferen, todo el contexto social propicia el consumo abusivo de tóxicos, desde la publicidad, hasta todas las instituciones del Estado que, por un lado se lamentan lacrimógenamente del problema, y por el otro, cierran los centros juveniles y lanzan a los jóvenes a la calle.

El número de drogadictos se estima en unos 100.000 y el de alcohólicos oscila entre los dos y los cinco millones.

El alcohol es la sustancia tóxica más consumida por los jóvenes españoles y que más incide en el número de accidentes de tráfico y en los fracasos en las relaciones. El 58 por ciento de los jóvenes españoles consume alcohol habitualmente y el 76 por ciento de los adolescentes reconocen haberlo probado alguna vez.

Los jóvenes comienzan a beber antes de los 14 años y se observa una creciente feminización del consumo de alcohol que supera las tasas de consumo masculino.

El consumo de alcohol se ha convertido en una de las ocupaciones preferidas de los jóvenes en sus ratos de ocio. El 76 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 18 años declara que ha consumido alcohol alguna vez; de éstos, el 58 por ciento se declara bebedor habitual: el 43 por ciento lo consume únicamente durante los fines de semana y el 15 por ciento lo hace también en días laborables. La edad media a la que se comienza a consumir alcohol es de 13 años. Un 65'5 por ciento de los españoles de entre 15 y 29 años bebe habitualmente. Todos estos datos figuran en las conclusiones de una encuesta llevada a cabo por el Observatorio Español sobre Drogas en 2000, dependiente del Ministerio del Interior.

Las cifras son especialmente preocupantes entre los menores a los que, en teoría, no se puede vender bebidas alcohólicas. Aunque hay más jóvenes abstemios que hace unos años, los que beben lo hacen más compulsivamente, un patrón importado de los países nórdicos, en el que el joven bebe para emborracharse.

Un 42 por ciento de los consumidores menores de edad se ha emborrachado alguna vez, mientras que un 22 por ciento reconoce hacerlo de forma habitual.

Las bebidas que prefieren los jóvenes son los combinados de alcohol con refrescos. Le siguen los licores de frutas, el vino y la cerveza, mientras que son muy pocos los que beben licores no mezclados o aperitivos.

El consumo de alcohol no va desligado del de otras drogas legales o prohibidas. Un 42 por ciento de los jóvenes bebedores habituales es a la vez fumador, y un 35 por ciento de ellos consume ocasionalmente cannabis.

La principal consecuencia negativa del consumo de alcohol entre los jóvenes es el accidente de tráfico. Según datos de la Dirección General de Tráfico, un 41 por ciento de los conductores muertos en accidente de tráfico conducía bajo los efectos del alcohol u otras drogas. Entre los jóvenes de 18 años el 30 por ciento confiesa haber conducido alguna vez bajo los efectos del alcohol o haber montado en un vehículo cuyo conductor estaba ebrio. Entre los menores, cerca del 30 por ciento reconoce haber tenido algún problema por beber, sobre todo peleas y conflictos en sus familias.

Una infancia torturada

La precariedad económica promueve y agrava toda una serie de graves lacras sociales, que luego los medios de comunicación destacan: violencia familiar, delitos graves, drogas y muertes.

Son especialmente significativas las consecuencias que viene acarreando el cambio en el perfil de la pobreza en el último decenio: antes la mayoría de los acogidos en albergues eran hombres de unos 40 años y alcohólicos, y ahora son mujeres, jóvenes e inmigrantes.

Un informe elaborado en 1998 por la Fundación Foessa confirma que la pobreza en España cada vez golpea más a mujeres, a más jóvenes y niños. De ellos, casi un 66 por ciento tienen menos de 25 años. Entre los afectados por los distintos grados de pobreza hay un 44 por ciento de esas edades.

Como consecuencia de ello, la familia se ha convertido en un foco de gravísimos problemas de convivencia que han llevado al incremento de los parricidios, los infanticidios, abusos sexuales entre familiares y, en general, al desarrollo de graves sucesos de violencia entre los propios familiares.

Sólo en Madrid sobreviven 2.000 niños que carecen de hogar y, según datos de la Cruz Roja, el 7 por ciento de los menores de 16 años de los barrios periféricos se prostituye.

En 1995 fueron detenidos 21.000 menores de 18 años acusados de algún delito y entre ellos 50 lo fueron por asesinato.

Uno de cada mil niños sufre maltrato familiar al año en España, una práctica que cada vez tiene como consecuencia la muerte de más menores. En el año 2001 un total de 18 niños murieron en el ámbito familiar, el doble que en el año anterior.

La estadística se basa en el estudio de los 32.741 expedientes de Servicios Sociales abiertos en España en 1997 y 1998 en todas las comunidades autónomas. La tendencia de los casos de maltrato infantil en España con resultado de muerte es al alza. En el año 1998 se registraron 3 muertes de menores y, partir de ahí, no ha dejado de crecer hasta llegar a las 18 registradas en el 2001.

El maltrato va desde el abandono literal hasta el abandono de las necesidades básicas del menor. Asimismo, en un tercio de los casos, el agresor había abusado del alcohol o las drogas, casi siempre ellas de las drogas y ellos del alcohol.

Otros factores que suelen aparecer detrás de la muerte de un menor son la denominada muerte por venganza, en la que el agresor hace enfermar al hijo para llamar la atención de los médicos o bien de su compañero o ex compañero; y el suicidio altruista, en el que los progenitores han decido poner fin a sus vidas y antes matan a sus hijos.

Del estudio se desprenden diversos datos que facilitan el establecimiento de un perfil de la víctima del maltrato y del maltratador. Respecto a la víctima, destaca que el mayor riesgo de ser maltratado surge antes del año de vida, siendo el periodo más peligroso desde el nacimiento hasta los tres años.

Asimismo, el tipo más frecuente de maltrato es la negligencia, que sufren 9 de cada 10 víctimas. A continuación se sitúa el maltrato emocional (4 de cada 10), el físico (2 de cada 10) y, finalmente, el abuso sexual, que representa el 3,6 por ciento del maltrato.

En todo los tipos de maltrato la proporción de víctimas niño o niña son similiares, a excepción de los casos de abuso sexual, donde de cada 10 víctimas más de 8 son niñas.

Otra característica de los menores agredidos es que más de la mitad conviven en el seno de una familia tradicional, no están escolarizados, no padecen problemas habituales de salud ni trastornos psicológicos o psiquiátricos ni padecen minusvalías psicológicas.

Por tanto, los niños más propensos al maltrato no son los que viven fuera de una familia tradicional, o aquellos que padecen enfermades crónicas o discapacidades. El perfil de víctima está poco definido, lo que significa que cualquier menor en España puede ser maltratado más allá de clases o de otros factores.

En cuanto al perfil del agresor, 6 de cada 10 son mujeres, si bien hay que matizar que más de la mitad del maltrato físico y casi todo el abuso sexual está protagonizado por hombres. Además, en las mujeres se suma el hecho del maltrato que sufren ellas mismas en el 20 por ciento de los casos.

Otros factores son el nivel educativo y la ocupación del agresor. La mayoría no tienen estudios o sólo tienen estudios primarios y 9 de cada 10 están desempleados. Asimismo, más de un tercio de los agresores tienen un historial de consumo abusivo de alcohol o drogas.

Es errónea la creencia de que los agresores suelen ser compañeros de la madre o el padre o la hipótesis de que muchos de ellos son enfermos mentales. De cada 10 agresores 9 son los padres biológicos, y sólo a un 15 por ciento de los agresores se les pueden achacar trastornos psiquiátricos o de la personalidad.

Estas cifras son sólo la punta del iceberg. La realidad del maltrato infantil podría duplicarse. Es posible que sólo se conozcan entre el 20 y el 40 por ciento de los casos.

Además, en España se registran 300 casos de explotación sexual infantil cada año y se estima que sólo representan entre el 10 y el 20 por ciento de los que realmente existen, según indicó el coordinador de la campaña de Unicef contra la explotación sexual infantil, Gabriel González en rueda de prensa celebrada en Madrid el 30 de setiembre de 2004.

La explotación sexual es un negocio que mueve en el mundo 12.000 millones de dólares anuales, mientras que la prostitución de menores mueve otros 9.744 millones anuales.

La pederastia es un problema occidental más que asiático ya que no es demandada por los orientales, que componen el 98 por ciento de la clientela de los burdeles asiáticos.

Una de cada cinco mujeres sufre la violencia doméstica

Una de cada cinco europeas ha sido agredida por su pareja alguna vez en su vida. La dramática situación española, con 70 muertes y más de 24.000 denuncias en 2001, es la más grave dentro de la UE. En España hay una mujer muerta cada semana por culpa de la violencia doméstica.

Pero son las elevadas tasas de desempleo femenino las que favorecen los abusos. La raíz del problema de la violencia doméstica está en la dependencia de la mujer por lo que es una trampa hablar sólo de violencia doméstica en un país en el que el 20 por ciento de las mujeres en edad laboral están en el paro, la proporción más alta de la Unión Europea.

España es el país donde hay un porcentaje más bajo de mujeres casadas trabajando, sólo el 40 por ciento, contando tanto las que tienen hijos como las que no los tienen, lo que comparado con Gran Bretaña, donde 8 de cada diez mujeres casadas sin hijos y siete con hijos trabajan, ayuda a comprender la estadística sobre hogares completamente sin trabajo. En el Reino Unido las familias en esta situación son el 15'3 por ciento, en Alemania el 15'3, en Francia ascienden al 14'5 por ciento mientras que en Italia son 14'1, en Grecia 12'9 seguida por Austria con 11'4, Holanda, Luxemburgo y España rondan el 10 por ciento y Portugal cierra el estudio con el 6'2 por ciento.

El segundo país de la Unión Europea con más presos

El número de presos se ha cuadruplicado en los últimos treinta años, pero el ritmo de crecimiento se acelera en los últimos cuatro, cuando la población reclusa ha crecido un 31'59 por ciento más, pasando de 39.169 a 51.339 presos encerrados en 72 cárceles, una cifra parecida a la de capitales enteras como Cuenca, Ávila o Segovia. Pero sólo hay 38.837 celdas, por lo que los presos se hacinan.

Durante 2002 la población reclusa aumentó en 4.000 presos. Si se tiene en cuenta que, de 1995 a 2000, sólo se incrementó en 100 personas, se puede extraer un dato muy revelador: sólo en enero de 2002 ingresaron en prisión diez veces más personas que en los últimos cinco años de la década anterior.

Pero en 2001 la criminalidad aparente creció sólo un 10 por ciento más con respecto al año anterior, por lo que podemos deducir que hay más presos no porque se cometan más delitos sino porque se ha intensificado la represión.

Ante esta grave situación, el Gobierno del PSOE estudia un plan de renovación y mejora de centros penitenciarios viejos y en al menos 35 de ellos es necesario hacer alguna actuación importante, que implicará una fuerte inversión en los próximos años. Además, está prevista la construcción de al menos tres cárceles más, en Navarra, Canarias y Ceuta y está analizando los posibles recursos utilizables en un plazo breve -pabellones en desuso o instalaciones de otras administraciones- para poder habilitar soluciones de emergencia, si la situación se complica más de lo que está.

En los últimos cuatro años la plantilla se ha incrementado en un 7 por ciento. La proporción entre presos y carceleros ha pasado de un 2'07 en 2000 a un 2,53 en septiembre de 2004.

La directora general de prisiones reconoció en setiembre de 2004 que no se han incrementado las dotaciones económicas para alimentos desde enero de 2001. Pero aunque falte la comida, la droga abunda; se ha creado una comisión sobre el comercio de drogas dentro de las prisiones, que en sus conclusiones constata la existencia de consumo en los centros.

De los 51.339 presos que había en aquellos momentos, el 22 por ciento aún estaba por juzgar, el 8 por ciento son mujeres y 13.912 son extranjeros, un 27'1 por ciento del conjunto de la población reclusa. La negativa del Estado a documentar a los emigrantes y, sobre todo, sus precarias condiciones económicas, está generando este grave problema.

España es ya el segundo país de la Unión Europea, después de Reino Unido, con más número relativo presos con respecto a la población total: 114 por cada 100.000 habitantes.

El principal delito es el robo, lo cual quiere decir que lo que más se vigila sigue siendo la propiedad privada. El segundo delito por el que la gente entra en prisión es el tráfico de drogas.

El 85 por ciento de los reclusos entró por primera vez en prisión antes de cumplir los 20 años. A partir de los 30 años sólo entra el 15 por ciento. La inmensa mayoría de los presos son reclutados sistemáticamente entre grupos de población para los cuales el paso por la cárcel es casi inevitable y obligado.

2'5 millones trabajan en la economía social

Alrededor de dos millones y medio de personas trabajan en España en las llamadas empresas de economía social, que aglutinan a grupos de marginados laboralmente, y que representan entre un 8 por ciento y un 10 por ciento del PIB del país.

Pero además de los trabajadores existen otras responsabilidades que no se cuantifican como empleados, que podría aglutinar en total a nueve millones de personas.

Este tipo de empresas tienen una importancia destacada en la economía laboral de todos los países. En España existen 22.251 empresas de estas características, principalmente cooperativas y sociedades laborales, además de ONG, que facturan anualmente 64.469 millones de euros.

Muchos de estos trabajadores se auto-explotan a sí mismos, o son sometidos a duras condiciones para las grandes empresas que les contratan en condiciones leoninas.

La pobreza, por tanto, se ha convertido en una forma de negocio para algunas empresas y ONG que, además, explotan sin cuento a miles de trabajadores y voluntarios en nombre de la asistencia a la pobreza.

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