La participación privada en el mercado penitenciario se duplicará en los próximos cinco años

Eric Bates
The Nation Magazine

La Corporación de Correccionales de América es la empresa que mayor número de cárceles privadas regenta por todo el mundo y se embolsa casi 14.000 dólares al día a cuenta de los presos custodiados fuera del sistema público.

Fundada en 1983, con el apoyo del grupo de inversores que está tras Kentucky Fried Chicken, la CCA fue una de las primeras empresas en impulsar la privatización de los servicios públicos.

Había entusiasmo ante la perspectiva de comerciar con seres humanos, como si fueran meros lotes de carne. Con la privatización del sistema penitenciario, el gobierno sacó a subasta a los reclusos dejándolos a merced del mejor postor.

En 1996 la Oficina General de Cuentas realizaba un estudio de los escasos informes disponibles para cotejar el coste de las penitenciarías públicas y las privadas. Sus conclusiones: Estos estudios no aportan pruebas efectivas de que se haya llegado a producir ningún ahorro. El más fiable de los estudios citado por el OGC revelaba que la administración de una prisión gestionada por la CCA en Tennessee costaba, comparativamente, tan sólo un 1 por ciento menos que dos prisiones estatales. La documentación sugiere también que en las cárceles privadas se fomenta la corrupción política y que apenas se ocupan de mejorar la calidad de su servicio, exacerbando las condiciones que llevan al abuso y a la violencia.

Con el endurecimiento de las penas se ha producido una masificación en las cárceles hasta el punto de desbordamiento. Actualmente, 1'8 millones de americanos se encuentran entre rejas, más del doble que hace una década, y la apuesta por el endurecimiento ha terminado por drenar los recursos públicos y dando lugar a un aluvión de sentencias judiciales para aliviar la situación.

Con sus promesas de ingentes ahorros, las prisiones privadas parecían ser la solución.

Se calcula que los candados corporativos recluían a finales de los 90 a unos 77.500 prisioneros, la mayoría de ellos provenientes de penales estatales. Los analistas prevén que la participación privada en el mercado de las prisiones en los próximos cinco años como mínimo se duplicaría.

La CCA es, sin comparación, la empresa más importante del sector privado, ya que controla más de la mitad del grueso de los convictos recluidos en prisiones privadas. La CCA cuenta en la actualidad con el sexto sistema de prisiones más importante del país y está dando pasos contundentes para expandirse en el mercado global en el Reino Unido, Australia y Puerto Rico.

Es una excelente noticia para los inversores. La CCA figura entre las cinco empresas más pujantes en la Bolsa de Nueva York en los últimos años. El valor de sus acciones se ha visto incrementado, de un capital inicial de 50 millones de dólares cuando saliera a oferta pública en 1986, a los 3'5 billones de dólares alcanzados en su punto más álgido. Mediante una meticulosa selección de los contratos penitenciarios más ventajosos, el drástico recorte de los costes laborales y el cargo al erario de gastos tales como la evasión de prisioneros, la CCA ha acreditado con creces el título de un reciente análisis de la bolsa de Paine Webber: El crimen es rentable.

Aunque las prisiones privatizadas no hayan supuesto un gran ahorro para el contribuyente, generan, no obstante, enormes beneficios a las empresas propietarias que las gestionan.

El Cabot Martket Letter compara a la empresa con un hotel permanentemente al cien por cien de ocupación... y permanentemente reservado. La CCA comenzó a aceptar reservas en la época de la administración Reagan, cuando Beasley, junto con un antiguo compañero de clase de la West Point, fundara la empresa en Nashville. Su fuente de inspiración fue la Corporación de Hospitales de América, la empresa más importante del sector hospitalario privado.

Desde el principio, la fundación de la CCA implicó estrechas relaciones con miembros de la clase política capaces de asegurar suculentos contratos a la compañía. Como antiguo presidente del Viejo Gran Partido (Republicano) de su estado, Beasley era íntimo amigo del entonces Gobernador Lamar Alexander. En 1985, Alexander secundaba un plan para la concesión del sistema penitenciario estatal en pleno a la incipiente compañía por valor de 200 millones de dólares. Entre los accionistas de la CCA por aquel entonces se hallaba la esposa del gobernador, Honey, y Ned McWherter, influyente portavoz de la Sede del Gobierno Estatal, quien sucediera a Alexander en el cargo de gobernador.

Aunque la asamblea legislativa estatal finalmente resolvió rechazar el plan por el alto riesgo que entrañaba, la CCA había logrado ya consolidarse como el mayor agente del sector. Había podido comprobar también que relacionarse con las personas adecuadas, de hecho, podía resultar más importante que ahorrar dinero al contribuyente. La compañía se hacía pues con su primera adjudicación para gestionar la Granja Laboral de Silverdale, cerca de Chattanooga, al precio de 21 dólares por recluso y día. Tres dólares menos de lo que le costaba al condado -lo cual se creyó un buen negocio- hasta que una ofensiva contra los conductores ebrios provocó la masiva afluencia de nuevos reos a la granja. Como esta nueva ola no repercutía en los gastos fijos, cada nuevo recluso pasó a costar 5 dólares a la CCA. Pero el condado, obligado por contrato al pago estipulado de 21 dólares por cabeza a la compañía, se encontró con un negativo presupuestario de 200.000 dólares. La granja laboral se había convertido en una mina de oro, observaba John Donahue, profesor de administración pública de la Universidad de Harvard.

Cuando llegó el momento de renovar el contrato en 1986 los representantes del condado optaron, no obstante, por seguir con la CCA. Varios de ellos mantenían lazos comerciales con la compañía. Uno de ellos que tenía un contrato de control de plagas con la compañía pasaba después a formar parte de la CCA como miembro de un grupo de presión. Otro de ellos realizaba trabajos de jardinería en la prisión, y, un tercero, estaba a cargo de una empresa que se ocupaba de reclutar vigilantes para la empresa. La CCA incluyó en la nómina de sus dependencias en Nashville al hijo del delegado a cuyo cargo corría la revisión del contrato. Al año siguiente, el Departamento de Justicia de EEUU hacía público un informe en el que advertía del conflicto de intereses reinante entre los miembros encargados de las inspecciones directas -único mecanismo para la comprobación de que los actuantes se ciñen a los términos del contrato. Además de considerarlo un sombrío y costoso dispendio de las prisiones privadas, el informe alertaba también del riesgo de que los operarios del gobierno fueran siendo absorbidos por la plantilla de la parte contratada. La relación de favoritismo por parte de los representantes del estado absorbidos por la empresa podía incluso dar lugar a que el Estado recibiera informes falsos.

Pero aún cuando en efecto se informa de los problemas, las autoridades a menudo los minimizan. El Departamento de Justicia detectó, por ejemplo, evidentes problemas de inestabilidad en la plantilla en la prisión de Chattanooga, añadiendo a renglón seguido que esto, no parece repercutir demasiado en la calidad del servicio. ¿La razón? Su particular empeño en realizar una buena labor, concluía el informe, probablemente se deba a que las compañías privadas son conscientes de que se hallan en el punto de mira nacional y a sus expectativas de expansión en el mercado.

El mismo año en que las autoridades federales encomiaban la buena labor de la CCA en la prisión con deficiencias de personal, Rosalind Bradford, joven de 23 años recluida en Silverdale, fallecía de una complicación no diagnosticada durante el embarazo. Un empleado-carcelero, que más tarde terminaría por demandar a la compañía, dijo que Bradford había padecido al menos doce horas agonizantes hasta que los carceleros de la CCA permitieron su traslado a un hospital. Rosalind Bradford fallecía así, a mi juicio, por negligencia criminal, afirmaba el carcelero en su declaración.

Un grupo de inspectores de la Asociación de Funcionarios de Prisiones Británica (British Prison Officers Association) que visitaba la prisión ese mismo año, se quedaron anonadados ante lo que presenciaron. Vimos pruebas del cruel maltrato que reciben los internos, redactaban los inspectores en su informe. De hecho, los vigilantes reconocían que a los reclusos alborotadores o indisciplinados se les amordaza con cinta aislante, si bien según parece la práctica había causado ciertos problemas cuando un recluso estuvo a punto de morir asfixiado.

Los inspectores se expresarían en términos más explícitos aún tras visitar un centro de reclusión de inmigrantes que la CCA tiene en Houston, donde comprobaron que a los internos se les mantenía confinados 23 horas diarias en una especie de barracones dormitorio. El centro privado, concluían los inspectores, sin duda presentaba las peores condiciones que jamás hayamos visto desde el punto de vista de la atención y la vigilancia de los reclusos.

Estos informes acerca del trato inhumano que reciben los internos, si bien en efecto son terriblemente preocupantes, de por sí no demuestran que las cárceles privadas sean peores que las públicas. Al fin y al cabo, las penitenciarías estatales y federales no se han labrado el prestigio por su actitud de consideración hacia las personas que están bajo su custodia. De hecho, la CCA y demás compañías del sector han reclutado a sus vigilantes y demás funcionarios de prisiones de las filas del sistema de penitenciarías público. Los agentes grabados en vídeo a principios de año agrediendo a los internos con porras eléctricas, en una institución de la competencia en Tejas, habían sido contratados pese a sus antecedentes de abusos similares mientras estuvieron al servicio del estado.

Susan Hart, portavoz de la CCA, reiteraba que su compañía jamás aceptaría a semejante gente en nómina, salvo excepciones. No sería apropiado para ciertos puestos alguien que asegurara, ‘Sí le maté de una paliza’, manifestaba al The Houston Cronicle. Supondría un toque de atención para nosotros. No llegó a precisar el puesto para el que la compañía consideraría el asesinato como una cualificación apropiada.

De hecho, la CCA cuenta en Tejas con al menos dos funcionarios sancionados por maltratar a los internos mientras trabajaron para el estado. Y David Myers, presidente de la compañía, presenció una agresión contra unos reclusos que retenían a un vigilante como rehén, cuando Myers trabajaba para el estado en una prisión de Tejas en 1984. Catorce funcionarios fueron hallados culpables del uso abusivo de la fuerza por apalear a internos, reducidos y esposados, con sus porras antidisturbios.

El verdadero peligro de la privatización no reside en la inhumanidad innata que caracteriza a los profesionales del sector sino en los incentivos económicos añadidos que recompensan la crueldad. La misma lógica que impulsa a las compañías a gestionar las cárceles con mayor eficacia los alienta también a limar aristas en detrimento de sus trabajadores, sus internos y los contribuyentes. Las cárceles privadas repiten en esencia las prácticas de reducción de costes de las organizaciones del sector de la salud: Las empresas reciben una cantidad estipulada por cada recluso al margen de su coste real. Cada centavo que dejan de invertir en alimentación, en asistencia sanitaria o en la formación de sus funcionarios es un centavo más que se embolsan.

Como en la mayoría de las empresas, el mejor lugar para recortar gastos es la plantilla. La mayor fuente del ahorro del que goza la CCA es resultado del abaratamiento de la mano de obra asegura Paine Webber a los inversores. La mano de obra supone aproximadamente el 70 por ciento del gasto general de las prisiones y la CCA se enorgullece de sacar el máximo partido del mínimo de empleados. Con tan sólo un incremento del 36 por ciento en personal, se jacta en su último informe anual, la renta anual ha aumentado un 41 por ciento, los ingresos operativos un 98 por ciento y los beneficios netos un 115 por ciento.

Como es habitual en las empresas del sector, la CCA prefiere llevar a cabo la construcción de sus propias cárceles ya que eso le permite, de entrada, reemplazar a los vigilantes por cámaras de vídeo y complejos de bloques de celdas cuya supervisión resulta bastante más económica. El secreto de la minimización de costes reside en contar con un reducido número de funcionarios que se ocupe de vigilar al mayor número de internos, explica Russell Boraas, director de la prisión privada de Virginia. No hay porque reparar en gastos de construcción si se consigue garantizar la eficacia de la prisión.

En el centro en construcción de la CCA en Lawrenceville, Boraas explica como el diseño de la sala de control permitirá a un solo agente la vigilancia simultánea de tres secciones con 250 internos en cada uno de ellas. Las cristaleras de las estancias superiores ofrecen una visibilidad plena de cada bloque de celdas inferiores y se han construido ventanas de vigilancia en el suelo sobre todos los accesos a la prisión a fin de que los agentes puedan identificar visualmente a todo aquel que acceda al edificio. El altamente tecnologizado panel de operaciones, situado en el centro del recinto, puede accionar cualquier puerta con la simple presión de un interruptor. Cuando se inaugure la prisión el año que viene, la CCA habrá contratado a 5 agentes para llevar a cabo la supervisión de 750 internos durante el día y 2 agentes durante la noche.

Otra manera de minimizar los gastos de personal es dejar al descubierto los puestos que van quedando vacantes. En su aparición ante una comisión judicial en Tennessee en octubre, Boraas explicaba que algunas cárceles privadas en Tejas han tenido que mantener los puestos vacantes más tiempo del debido a causa de la morosidad del estado en la retribución de los gastos. Algunos empleados de la CCA reconocen en privado que la compañía deja esos puestos vacantes para maximizar los beneficios. Siempre andamos escasos de personal, dice un vigilante que prefiere permanecer en el anonimato. No cubrir las vacantes es otra forma de incrementar los beneficios. La empresa está creciendo tan deprisa, explica otro vigilante, que tenemos muchas más plazas de las que podemos cubrir. Cuando se procede al traslado de agentes a otros centros nos solemos quedar al descubierto.

A primera vista, sería de entender que los visitantes del South Central Correctional Centre llegasen a confundir el centro de seguridad intermedia con el campus de una universidad. La carretera que conduce al centro serpentea entre colinas arboladas a las afueras de Clifton, Tennessee, pasando por zonas de esparcimiento para excursionistas, un circuito para hacer deporte y unas caballerizas. Pero tan pronto se cruza el umbral de la puerta de entrada un imponente cartel de anuncios se ocupa de dejar bien patente que la cárcel es un negocio serio. Lo preside un rótulo que dice: CCA La Excelencia en Correccionales. Cerrando el cartel se puede ver, Cotización en Bolsa a día de Ayer, seguido del precio de la cotización.

Aparte de la rentabilidad que la CCA obtiene al emplear a menos funcionarios, está, además, la sustitución del derecho a pensión adquirido por los trabajadores en los centros públicos, por los planes de participación en bolsa más baratos - y arriesgados - que ofrece a sus empleados. Los empleados obtienen la oportunidad de invertir en la empresa y la empresa se hace con una plantilla que vela por los aspectos financieros. Al ser accionista uno se preocupa de cuidar mejor las cosas, dice Mark Staggs, de la unidad de aislamiento donde lleva a cabo las labores de vigilancia de los internos confinados por la infracción de las normas. Te aseguras de no despilfarrar el dinero en materiales como los productos de limpieza, porque es tu dinero el que se derrocha.

El vigilante Kevin Myers (que no guarda parentesco con el presidente de la CCA David Myers) también se dedica a buscar otras formas de ahorro. Me es posible ahorrar en la compra porque no existe la burocracia, dice. Si veo un camión de patata blanca en oferta, la puedo comprar. Siempre regateo para conseguir el mejor precio.

Pero el ahorro del funcionario supone la miseria de aquellos que están obligados a comer lo que se les sirve. ¡Aaaggg! Aquella cocina da lástima, dice Antonio McCraw, quien quedaba en libertad en marzo tras cumplir una condena de tres años en el South Central por robo a mano armada. Doy gracias a Dios por haber salido. Podía caer una comida decente una vez al mes. El resto del tiempo, consistía en puré de patatas instantáneo, verdura en conserva y pizza procesada. A la CCA le trae sin cuidado que comas o no. No cabe duda de que pueden economizar los detalles para procurar que resulte lo más barato posible, pero, ¿y la salud?

El estado de Tennessee contaba con dar respuesta a esta cuestión cuando cedió el South Central a la CCA en 1992. La prisión se construyó prácticamente al mismo tiempo que otros dos centros penitenciarios públicos de características y número de internos similares, ofreciendo a los oficiales la rara oportunidad de poder comparar los costes del funcionamiento diario - así como la calidad - del centro privatizado.

El último informe oficial sobre la violencia en los tres centros indica que el South Central es un lugar mucho más peligroso que sus equivalentes públicos. Durante el pasado año fiscal, en el centro de la CCA se produjeron más de un 50 por ciento más de incidentes violentos que en los centros públicos. La empresa presentó también índices de contrabando, drogas y agresiones tanto al personal como a los internos significativamente peores.

Si esto no es un indicador suficiente para abrir algunos ojos en cuanto a lo que nos depara el futuro, supongo que a aquellos a los que sí nos preocupa no nos resta más que guardar silencio, dice John Mark Windle, un diputado contrario a la privatización.

Las autoridades disciplinarias observan que la falta de personal puede, en efecto, ser un factor desencadenante de la violencia, lo cual conlleva un incremento del gasto para el contribuyente. El consejo judicial del estado ha oído testimonios que aseguran que el movimiento de empleados en el South Central es más del doble del que se produce en las penitenciarias públicas y los reclusos afirman todos los meses ven nuevas unidades de guardas, la mayoría de ellos jóvenes e inexpertos. La proporción de la movilidad laboral es relevante en la medida en la que muestra hasta qué punto existen vigilantes experimentados que llegan a familiarizarse con el lugar y con los internos, dice el interno Alex Friedmann, sentado a la vacía mesa de la sala de visitas. Si hay mucha movilidad esto repercute en la estabilidad. Los nuevos empleados que van llegando desconocen el funcionamiento del lugar, y esto, de hecho, desencadena conflictos con los internos.

Diversos documentos internos de la compañía describen una historia similar. Según las notas de una reunión de supervisores de turno del South Central en agosto de 1995, el jefe de seguridad Danny Scott manifestaba que todos sabemos que tenemos mucho personal nuevo y que estamos constantemente en período de entrenamiento A lo que él mismo añadía que demasiados empleados se encontraban totalmente perdidos ya que nunca habían trabajado en correccionales.

Pocos meses después, un sondeo dirigido a los miembros del personal preguntaba, ¿Cuál es la razón de que tantos empleados decidan abandonar la CCA? Cerca del 20 por ciento de los empleados mencionaba el trato recibido por parte de sus supervisores, y el 17 por ciento hacía alusión al dinero.

Lejos de los oídos de sus supervisores, algunos vigilantes afirman, además, que la empresa contribuye a la violencia al escatimarle actividades al interno. No les damos ninguna tarea, dice un oficial. Les proporcionamos el mínimo obligado.

Ron Lyons está de acuerdo. Aquí no existe ningún programa efectivo, dice Lyons, quien pasó un tiempo en diversos penales públicos antes de aterrizar en el South Central. No llego a entender la cantidad de gente que deambula en sus celdas cada día. Pensé que la CCA sería consciente de que la inactividad es una de las principales fuentes de conflicto en las prisiones; demasiado tiempo al garete sin ninguna ocupación. Tomas conciencia de que verdaderamente se ha comercializado. Es puro negocio. Su única función es alimentarte, hacer el recuento y se acabó.

Dada la cicatería que se practica, parecía natural que la CCA fuera sobradamente capaz de producir sustanciosos ahorros en el South Central. Sin embargo, un estudio realizado por el estado en 1995 sobre sus costes reveló que la compañía apenas producía ningún ahorro en comparación con sus dos rivales públicos. El estudio -aludido por la Oficina General de Cuentas, como el estudio comparativo más serio y riguroso sobre los costes operativos- indica que, en efecto, la media de manutención diaria en la prisión administrada por la CCA es más costosa. Incluso después de que el estado incluyera como factor sus gastos a largo plazo, la CCA seguía gastándose 35.38 dólares por interno por día -tan sólo 38 centavos por debajo de la media estatal.

El estudio contradecía lo que se supone el principal argumento para la privatización penitenciaria: la promesa del ingente ahorro. Pero el paladín empresarial esquivó el revés alegando, para absoluto asombro de sus críticos, que no se había empleado a fondo para ahorrar el dinero del contribuyente. Cuando compites en una prueba y ves que te es posible ganar por un estrecho margen, eso es lo que haces, explicaba el Dr. R. Crants, cofundador de la CCA y su actual presidente y director ejecutivo. No nos propusimos ganar por un gran margen.

El comentario de Crants, por extraño que pueda parecer, expone la verdadera naturaleza de la privatización. En lo que al ahorro se refiere, la industria penitenciaria tratará de aventajar los costes del estado en el sector por el mínimo margen permitido por el estado. Para una empresa penitenciaria como la CCA, los ahorros no son más que la participación en los beneficios que se ve obligada a dispensar al estado -uno más de los costes operativos que habrá de intentar mantener al mínimo, al igual que los salarios y el precio de las patatas. En el fondo, a lo que verdaderamente se apunta con la privatización de las penitenciarías es a la privatización del dinero del contribuyente y a la conversión de fondos públicos en beneficios privados.

Esto significa que las empresas están tratando de trazar el modo de mantener el gasto público lo más elevado posible, incluido el cargo al erario de gastos más que cuestionables. El Departamento de Penitenciarías de Nuevo México, por ejemplo, ha acusado a la CCA de haber facturado un sobrecargo de cerca de 2 millones de dólares al estado, en los últimos ocho años, por la administración de la cárcel de mujeres de Grants. El precio de la compañía de 95 dólares por interna y día, resulta que incluye 22 dólares en concepto de intereses y amortización de su deuda a la prisión.

El verano pasado un comité legislativo en Tennessee calculaba la cantidad que las prisiones estatales aportan cada año a las agencias del estado en concepto de servicios internos, tales como la impresión de documentos y la administración de nóminas y aseguramiento, en cerca de 17'8 millones de dólares. Puesto que las empresas penitenciarias, por norma general, recurren a la contratación de estos servicios en otras partes, los estados que optan por la privatización no parecen reparar en el hecho de que, al privatizar estos centros, se pierden los ingresos con los que antes se contaba para aliviar los gastos fijos.

Las contrapartidas, apelativo con el que hoy se conocen, salían a la luz la primavera pasada cuando la CCA se ofrecía, una vez más, a hacerse cargo de todo el sistema penitenciario de Tennessee. En esta ocasión la compañía prometía un ahorro de 100 millones de dólares anuales -suma impresionante, teniendo en cuenta que el presupuesto anual del sistema es de tan sólo 270 millones de dólares.

Como tantas otras promesas de ahorro, la oferta de la CCA resultó estar basada en falsas premisas. Crants, el presidente y director ejecutivo de la empresa, dijo inferir el cálculo de la comparación de los 32 dólares diarios que cobra la compañía por interno en la cárcel de seguridad intermedia del South Central, con los 54 dólares de la media global del sistema estatal. Sin embargo, el sistema estatal abarca cárceles de máxima seguridad cuyo mantenimiento cuesta bastante más que el South Central. Es parecido a entrar en unos grandes almacenes, dice el Senador del Estado James Kyle, quien presidía las audiencias legislativas sobre la privatización. Siempre ofrecen un 20 por ciento de descuento. Pero, el 20 por ciento ¿de qué?

Pero, aún y todo, la gran oferta de rebajas, por absurda que fuera, surtió sus efectos a la hora de conseguir atraer a Kyle y a los demás legisladores a la tienda a echar un vistazo. Una vez dentro, las empresas penitenciarias siguieron ofreciendo más y mejores tratos. Vista la oportunidad de poder pujar y ofrecer estimaciones de costes anónimamente, las empresas ofrecieron fantásticos ahorros que iban del 30 por ciento al 50 por ciento. Ante el desafío de la competencia, incluso el Departamento Penitenciario estatal entraba en la pugna, comprometiéndose a recortar su ya de por sí reducido presupuesto anual en 70 millones de dólares. Pese a la oposición de los funcionarios de prisiones estatales, tras la audiencia, los legisladores resolvían apoyar la iniciativa del traspaso de la mayoría de los reclusos a empresas privadas -decisión que haría las delicias de la CCA. Me sentí muy satisfecho, manifestaba Crants más tarde. El gobernador y los demás legisladores están discutiendo los pormenores, pero ambas partes han acordado ya extraoficialmente la privatización de, prácticamente, dos tercios del sistema penitenciario de Tennessee. Unas cuantas prisiones quedarán en manos del estado, por si acaso algo fuera mal.

A los legisladores no les fue necesario mirar lejos para comprobar lo mal que de hecho podían ir las cosas. Carolina del Sur resolvía el mes pasado no prorrogar por un año más el contrato con la CCA para la gestión de un centro de detención juvenil en la capital del estado. Los abogados de los muchachos informaron de testimonios sobre los horribles abusos que se cometen en el centro, donde algunos jóvenes afirman haber sido atados de pies y manos y encadenados juntos. La cuestión es que el personal era inexperto, declaraba Robyn Zimmerman, del Departamento de Justicia Juvenil de Carolina del Sur. No fueron debidamente instruidos.

Pero, una vez más, estas crudas realidades tuvieron menor peso que las conexiones políticas con las que cuenta la CCA. El mayor prosélito de la compañía en la cámara legislativa de Tennessee está casado con el portavoz de la Sede del Gobierno Estatal. Los más influyentes ejecutivos de la CCA, los miembros de su ejecutiva y sus cónyuges han contribuido con, al menos, 110.000 dólares para las candidaturas estatales desde 1993, incluyendo una partida de 1.350 dólares para el senador Kyle. Y cinco altos funcionarios del estado, entre los que se hallan el gobernador, el portavoz de la Sede y el propulsor de la ley de la privatización penitenciaria -son socios del cofundador de la CCA Thomas Beasley en su cadena de restaurantes Red Hot & Blue en Tennessee.

La influencia política se extiende al ámbito nacional. En las filas Republicanas, la Corrections Corporation cuenta con los servicios de J. Michael Quinlan, director de la Oficina Federal de Prisiones, bajo el mandato de George Bush. En las filas Demócratas, la CCA reserva una plaza en su ejecutiva, compuesta por siete miembros, a Joseph Johnson, antiguo director ejecutivo de la Rainbow Coalition. El Nashville Tennessean señala a Johnson como prueba de que la compañía es un reflejo de América... Johnson es afro-americano, observa el diario, al igual que el 60 por ciento de los convictos de la CCA.

Johnson desempeñaba, entre bastidores, un papel fundamental a principios de este año, haciéndose valer de sus conexiones políticas para hacer que se produjera un viraje, a favor de la CCA, en el acuerdo de adquisición de una prisión del Distrito de Columbia, por valor de 52 millones de dólares. Era la primera vez que un gobierno procedía a la venta de una prisión a una empresa privada, y la CCA confía en que no será la última. A principios de año, con el respaldo de pesos pesados financieros como Lehman Brothers y Paine Webber, la compañía fundaba la Asociación Inmobiliaria Penitenciaria de la CCA (CCA Prison Realty Trust) cuya dedicación exclusiva habría de ser la adquisición de prisiones. La oferta inicial en bolsa consiguió captar 388'5 millones de dólares de entre sus inversores, que posibilitarían a la CCA la especulación con las prisiones como bienes inmuebles.

¿Por qué habrían las ciudades y los estados de vender sus cárceles al consorcio de la CCA? Paine Webber alude al aliciente de lo que denomina el libre capital. Al contrario que con las iniciativas con los bonos del estado destinadas a proyectos específicos tales como la educación o los sistemas de tratamiento de aguas residuales, explica el agente bursátil, la venta de una prisión existente generaría ingresos que los políticos podrían destinar a la financiación de iniciativas a la medida de sus programas, lo cual seguramente podría contribuir a aumentar sus expectativas de reelección. Las empresas que abordan la construcción de sus propias prisiones lógicamente reciben un trato de favor por parte de las autoridades. Russell Boraas invitó a las empresas que concurrían en la subasta de una prisión privada a una reunión en la que les preguntó de qué modo podía serles útil. Dije, señores, tengo una buena noción en lo que a proyectos de construcción se refiere, sin embargo, mis conocimientos acerca de las cárceles privadas son prácticamente nulos. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué puedo hacer para facilitarles su tarea? Me respondieron que una excelente medida sería que se les permitiera la emisión de bonos libres de impuestos para la construcción, al igual que hace el Estado. De modo que Boraas daba luz verde para que las empresas recibieran subvenciones públicas para la financiación de sus construcciones, y la Agencia para el Desarrollo Industrial (Industrial Development Authority) finalmente concedía a la CCA una subvención de 58 millones de dólares para la financiación de la construcción del centro.

Este tipo de pactos siembra la preocupación de que el tema de las cárceles privadas tienda, a la larga, a ir en detrimento del contribuyente. Aunque los gobiernos mantienen la responsabilidad legal sobre los reclusos custodiados por las empresas privadas, a éstas no les resulta complicado dar con el modo de eludir el escrutinio público al tiempo que consiguen hacerse con los fondos públicos. En lugar de agilizar el sistema con la contratación de empresas, lo que se hace, de hecho, es añadir un escalón burocrático más que contribuye al encarecimiento de los costes y a la depuración de las responsabilidades. Las empresas penitenciarias tienden a incrementar sus precios conforme se va aproximando el momento de la renovación de sus contratos y, algunas, descuidan el mantenimiento de las prisiones dado que quedan exentas de responsabilidad en el momento que expira su contrato.

Y, lo más inquietante de todo es que las empresas privadas del sector disponen del poder y los incentivos financieros necesarios para influir en los legisladores para inducir el endurecimiento de las penas y demás medidas de línea-dura. Al fin y al cabo, para la industria penitenciaria el confinamiento de las personas es conveniente para el negocio. Si realmente se quiere ahorrar dinero, se puede enclaustrar a los prisioneros en un cajón y alimentarles con una rebanada de pan diaria, dice Alex Friedmann, recluso del South Central. La verdadera cuestión es, ¿es posible elaborar programas que eviten que la gente vuelva a delinquir? Ese debiera ser el criterio a seguir la hora de evaluar la conveniencia de la privatización de las prisiones -no si éstas son capaces o no de mantener a los prisioneros encerrados, sino si realmente son capaces de mantenerlos alejados de las prisiones.

Los responsables de la CCA menosprecian este tipo de preocupaciones, seguros de que el impulso actual seguirá su curso por su propia inercia. No creo que la escasez del producto deba inquietarnos, comenta Kevin Myers, uno de los guardas del South Central. Es lamentable pero cierto. No tenemos ninguna necesidad de estimular el negocio.

Tal vez, pero cabe que la Corrections Corporation y las demás empresas del sector penitenciario dispongan ya de un inmenso poder para prolongar el tiempo de condena de sus actuales internos. Los internos, a menudo, pierden los beneficios acumulados por buen comportamiento cuando son objeto de medidas disciplinarias por parte de sus guardianes, proporcionando a la CCA y sus custodios-accionistas un incentivo para el uso del látigo. Un estudio realizado por el New Mexico Corrections Department en 1992 reveló que las internas recluidas en la prisión de la CCA perdían sus beneficios en una relación ocho veces superior al de sus semejantes masculinos en una cárcel pública. Y cada día del tiempo obtenido por buena conducta que pierde el interno es un día extra de ingresos para la empresa -- y un día extra de desembolso para el contribuyente.

Algunos vigilantes de la CCA en Tennessee también reconocen en privado que se les alienta a sancionar a los prisioneros por faltas menores y a imponerles castigos de aislamiento. Los reclusos en régimen de aislamiento no sólo pierden el tiempo obtenido por buen comportamiento sino que se les alarga la pena por un periodo de 30 días -circunstancia que, en ocasiones, puede suponer a la empresa una bonificación de cerca de 1.000 dólares. No nos andamos con vacilaciones a la hora de ponerles en régimen de aislamiento, comenta uno de los guardas empleados en el Centro de Detención Juvenil del Condado Davidson en Nashville.

La prisión alberga a 100 jóvenes, niños en realidad, dice el guarda, de los cuales la mayoría son chicos que no llegan a los veinte años. Puede que sean jóvenes, pero son conscientes de lo que está sucediendo, añade. Un día, cuando un joven se disponía a abandonar el centro tras cumplir su condena, el guarda le daba un consejo en tono amistoso.

No te metas en líos, le dijo. No quisiera volver a verte por aquí de nuevo.

¿Cómo que no? respondió el muchacho. Es así como te ganas la vida.

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