Guerra imperialista y represión fascista:
dos caras de la misma moneda

Marian Ruiz Villa, Fernando Hierro Chomón, Josefina García Aramburu, Gemma Rodríguez Miguel, Marcos Regueira Fernández y Marcos Martín Ponce
- presos políticos en las cárceles francesas
- octubre de 2005

Es axioma al uso entre las autoridades políticas y judiciales burguesas que en las llamadas democracias occidentales no se criminalizan las ideas políticas, no se hacen juicios políticos, no existen presos políticos. Como suele ocurrir con las verdades que no necesitan demostración, ésta es hija del poder establecido y obedece a sus intereses de dominación. Sólo otorga condición política a las fuerzas y procesos políticos que actúan dentro del marco institucional, que forman parte de él. Toda oposición al sistema, en cuanto tal, pasa, por exclusión, a la esfera de lo criminológico. La labor de policías, jueces y tribunales se simplifica.

Así, queda descartado de antemano que este proceso tenga carácter político. En él estamos encausados, tous ensemble, militantes del Partido Comunista de España (reconstituido) -PCE(r)-, un miembro del Socorro Rojo Internacional (SRI) y varios combatientes de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Esto es: un partido comunista que cuenta en su haber con más de 30 años de actividad política al frente del proletariado revolucionario del Estado español, una organización de solidaridad que encierra en sus siglas cerca de cien años de historia en defensa de los presos políticos que oficialmente no existen, y una organización armada con una larga trayectoria de lucha contra el fascismo en España. Pero la acusación es, tous ensemble, de asociación de malhechores en vías de cometer actos de terrorismo.

Se nos dice que el ideario comunista, el Programa y la Línea Política del PCE(r) no están en causa. Tampoco la solidaridad o el antifascismo. Pero lo cierto es que las autoridades españolas, y su instructor en París, el juez Jean-Louis Bruguiére, no formulan acusación concreta alguna. Toda su instrucción se basa en afirmar que el PCE(r) -y por extensión el SRI y otras organizaciones- es asimilable a la organización armada GRAPO. Y eso se demuestra, según ellos, en que el Partido no condena las acciones guerrilleras de los GRAPO y en que en su Programa manifiesta apoyar política e ideológicamente la lucha armada. Es decir, que se nos persigue por sostener el Derecho de Resistencia de los pueblos frente al fascismo y el imperialismo, derecho que está recogido en todas las constituciones verdaderamente democráticas del mundo.

Por supuesto, la Guardia Civil española y su colaborador parisino tratan de encubrir esta criminalización política con pretendidos datos e informaciones amañadas. Dicen, por ejemplo, que el PCE(r) y los GRAPO firman sus comunicados conjuntamente, que la organización armada sostiene económicamente al Partido, mezclan organismos, del PCE(r) y de los GRAPO: Comité Central con Comando Central; Comisiones Política, de Organización, de Propaganda, de Internacional con divisiones de Logística, de Información, de Operativos... Pero no son más que groseras falsificaciones y manipulaciones que nuestros abogados se encargarán de desmontar, si les dejan.

Aseverar por un lado que el PCE(r) es asimilable a los GRAPO y negar, por otro, que su ideario comunista, su Programa y su Línea Política estén en causa, no es más que una estrategia de ingeniería jurídica que persigue anular nuestras posibilidades de defensa o cuando menos reducirlas a la mínima expresión. Tenemos que demostrar que no somos lo que se dice que somos sin poder explicar, sin embargo, lo que sí somos. Debemos remitirnos a los hechos, se nos dice. En las llamadas democracias europeas no es presentable en público la persecución de un partido político. Necesitan impedir que los más de 30 años de historia del PCE(r) en defensa de los intereses y objetivos políticos de la clase obrera y de denuncia de la fraudulenta reforma política del régimen fascista español salgan a la luz en el proceso, y que con ello se ponga en evidencia el montaje canalla de la acusación y el objetivo que realmente encierra: la criminalización de las actividades políticas del PCE(r).

La asociación de malhechores es un saco jurídico amplio y difuso en extremo, que permite todo o casi todo en el terreno procesal. Hay quien la compara, y no sin razón, con la Patriot Act que en Estados Unidos da soporte jurídico a las detenciones arbitrarias, e ilimitadas en el tiempo, de presuntos sospechosos. Pero si lo que se va a enjuiciar son única y exclusivamente hechos que pudieran ser constitutivos de eso que denominan asociación de malhechores en vías de cometer actos de terrorismo, el Tribunal deberá, en buena lógica, archivar el procedimiento y decretar nuestra inmediata puesta en libertad.

Hechos, precisamente hechos, no pueden encontrarse en el dossier. Ni uno. No hay armas. No hay explosivos. No hay documentos operacionales que hablen de acciones armadas realizadas o en preparación. No hay comunicaciones interceptadas relativas a actividades de carácter militar...

Sin embargo, ignorando toda evidencia contraria al esquema procesal previamente fijado, el juez instructor ha prolongado la instrucción al límite de los 3 años que le otorga la ley en busca de elementos en los que sustentar la acusación; ha ordenado todo tipo de investigaciones periciales; ha tramitado sucesivas Comisiones Rogatorias al reino de España; incluso se ha permitido lanzar contra nosotros y nuestras familias todo tipo de amenazas, nos ha chantajeado con las interdicciones, con la prolongación de la prisión preventiva... pero aún así no ha sido capaz de incorporar al Dossier nada que se parezca ni remotamente a una prueba. Lo ha llenado de papel, de montañas de papel en el evidente propósito de hacerlo impenetrable. También de tiempo, para difuminar en él el rastro de sus manipulaciones. Pero eso es todo. Y es que no se puede probar lo que no existe. El PCE(r) no practica la lucha armada. Sus actividades son políticas, exclusivamente políticas.

Pero mucho nos tememos que, ni aún así, el Tribunal vaya a decretar nuestra inmediata puesta en libertad. Tampoco cabe esperar que vaya a exigir una investigación de las evidentes irregularidades y abusos que han jalonado la instrucción. Bien al contrario, en realidad, se dispone a completar la trama judicial diseñada por el instructor. Nuestra situación personal es concluyente, dice que hace tiempo que hemos sido condenados. Tres años largos hemos cumplido ya de esa condena. Lo único que nos resta por saber es cuánto más tendremos que cumplir todavía.

De hecho, se puede afirmar que nuestra condena se dictó antes incluso de haber sido detenidos. Baste recordar que el juez Jean-Louis Bruguière sentenció en la prensa que había detenido a la nueva cúpula de los GRAPO y que había incautado importante documentación operacional, y eso, antes de haber ojeado siquiera esa documentación, de haber hecho interrogatorio alguno, o de haber realizado la más mínima comprobación pericial. El PCE(r) nunca había sido condenado por terrorismo y hasta el momento de nuestra detención no había en España ninguna causa abierta contra nosotros ni se había dictado contra nosotros orden de detención internacional alguna. Tal acusación surgía, como el mundo en el misterio de la creación, de la nada. Pero estaba en el guión que le habían pasado sus generosos socios de la Guardia Civil. Respondía a los intereses políticos de las autoridades españolas y contaba con el colaboracionista beneplácito de las francesas. No necesitaban más.

Nosotros tampoco. El Derecho no tiene más papel en esta historia que el de dar barniz jurídico a decisiones políticas previas. Y como antecedente ejemplificador tenemos la prevaricadora condena del Secretario General del PCE(r) y de los demás camaradas detenidos con él en París en noviembre del 2000. Mismo guión, mismos actores judiciales, misma escenificación. También es concluyente al respecto que se haya concedido nuestra extradición a España por el mismo presunto delito de asociación de malhechores por el que ya estamos siendo procesados aquí. En teoría del Derecho no se puede enjuiciar a nadie dos veces por los mismos hechos. Pero en sostén de los procesos contra el PCE(r) en Francia necesitaban presentar actuaciones contra él en España; y para justificar la ¡legalización del Partido en España y barrer de paso con miembros de los Comités por un Socorro Rojo Internacional, de las Asociaciones de Familiares y Amigos de los Presos Políticos y de otras organizaciones antirrepresivas y de solidaridad, necesitaban el procesamiento en Francia de la presunta cúpula de la banda PCE(r)-GRAPO.

A la guerra preventiva corresponde una represión también preventiva. Esta es la cuestión, el signo de los tiempos y el telón de fondo de nuestras detenciones y procesamiento.

Guantánamo: tortura y muerte. Abou-Ghraib: tortura y muerte. Centros secretos de detención: tortura y muerte. Patriot Act, Homeland Security Act: miles de detenidos sin acusación concreta alguna y por tiempo indefinido. Nuevas restricciones a la libertad de expresión, reunión, manifestación... Puesta en marcha de la Euroorden, que liquida las ya escasas garantías jurídicas que quedaban en materia de extradición... La lista es interminable y la brutal y vertiginosa fascistización que describe es el verdadero terrorismo. Un terrorismo que en Irak, Afganistán, el Cáucaso, el África Subsahariana y otros muchos frentes de guerra ha segado ya la vida de cientos de miles de personas; eso sí, con bombas inteligentes y otros sofisticados ingenios bélicos. Y, por supuesto, en nombre de la libertad, la democracia, la superioridad de los valores occidentales... La historia se repite.

Las grandes potencias imperialistas se han embarcado en un nuevo reparto del mundo y sus riquezas, quieren imponer en él un nuevo orden acorde a su poderío político, económico y militar actual, que ya nada o muy poco tiene que ver con la correlación de fuerzas surgida de la Segunda Guerra Mundial. Y a tal fin necesitan poner orden en sus propios territorios, criminalizar y reprimir abierta y extensivamente toda oposición consecuente a sus propósitos. Sólo atando políticamente de pies y manos a las masas obreras y populares pueden cargar sobre ellas los costes económicos de la escalada militarista y arrastrarlas a morir en las trincheras bélicas de sus grandes capitales.

Hagamos memoria de lo sucedido estos últimos años en el Estado español. Durante la primera mitad de la década de los 90 la crisis política e institucional del fascismo coronado español y de su Estado de las Autonomías se ahonda sobremanera como consecuencia del fracaso de la guerra sucia y del terrorismo de Estado, amplia e intensamente practicados durante los gobiernos de Felipe González. La reforma política por la que el régimen nacido de la sublevación fascista del 18 de julio de 1936 se transformó en democracia por ley orgánica, dejando intactos todos y cada uno de sus pilares fundamentales y más de un millón de muertos a sus espaldas, tocaba fondo sin haber conseguido cerrar ni uno sólo de sus múltiples frentes de crisis. En los círculos del poder se comienza a hablar de la necesidad de emprender una segunda reforma que asuma algunas de las concesiones democráticas que la primera había negado a sangre y fuego. (Sólo en los tres primeros años de transición, más de 200 asesinados a manos de la policía y los escuadrones parapoliciales y paramilitares).

Durante el último gobierno de Felipe González, incluso se abren contactos con las organizaciones políticas y armadas del Movimiento de Resistencia Antifascista y del Movimiento de Liberación Nacional Vasco en busca de la pacificación y normalización democrática.

Pero en esto llegó el führercito Aznar y su banda de matones falangistas. Al calor de su triunfo electoral, el régimen hará otra lectura de la crisis: con la llegada al gobierno de los peperos, la Reforma no tocaba fondo sino cima. El poder volvía a manos de sus legítimos dueños. El ciclo de la Transición se cerraba. Y consecuentes con ello reventarán, con exigencias de rendición, todo proceso negociador con las organizaciones políticas y guerrilleras del Movimiento de Resistencia Antifascista, así como del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Cortarán el debate institucional con las burguesías nacionalistas. Anatemizarán toda posición política favorable a cambios de corte democrático... En su lógica fascista no había lugar a reformas añadidas, no había concesiones democráticas por hacer. Bien al contrario, había llegado el momento de recuperar el terreno cedido durante la primera reforma y de expandir los dominios de la Corona, de devolver a España su perdida grandeza haciéndole un hueco entre las grandes potencias imperialistas que dominan el mundo. Ni el mismísimo Caudillo había aspirado a tanto.

Capitaneados por Aznar, los falangistas emprenden un proceso de regresión a los más negros orígenes del fascismo. A golpe de campañas mediáticas de linchamiento de rojos y separatistas y de decretos-ley desatan un Estado de excepción permanente y generalizado, normalizan, endurecen y amplían la legislación especial para la represión política, y con ella la tortura y el terrorismo de Estado. Detenciones masivas de jóvenes antifascistas, independentistas, o simplemente contestatarios; procesamiento de periodistas y abogados; cierres de publicaciones independientes; encarcelamiento de la Mesa Nacional de Herri Batasuna en pleno; criminalización del sindicalismo independiente y asambleario, de las asociaciones de solidaridad con los presos políticos y hasta de los movimientos culturales y educativos en favor de las lenguas de las nacionalidades oprimidas. Todo, por supuesto, bajo el manto del antiterrorismo. Todo bajo acusación de terrorismo... En su desenfreno fascista, los falangistas incluso vuelven a las plazas de toros en exaltación del nacional-catolicismo. ¡Quien no está con nosotros está contra nosotros!, gritan a una adelantándose en el tiempo al mismísimo Bush.

Pero sus soflamas fascistas no prenden en la población. Bien al contrario, levantan una ola de indignación y protestas: ¡NO al pensamiento único! Los falangistas se refrenan, pero no desisten.

En el año 2000, al inicio de su segunda legislatura, Aznar cierra una alianza estratégica con Estados Unidos. Su gobierno se compromete a secundar incondicionalmente las guerras por la primacía mundial que preparaban los halcones del Pentágono, así como a actuar de caballo de Troya estadounidense en el seno de la Unión Europea, a cambio del respaldo de la administración Bush a su modelo político-territorial de España y, obviamente, de cierta participación en el reparto del botín.

Con semejantes avalistas a sus espaldas, el régimen relanza su ofensiva fascista. La intensifica a escala interior y la promueve a escala internacional. Las detenciones se multiplican. Los derechos de expresión, reunión y manifestación son anulados de facto y toda disidencia es sometida a linchamiento mediático. En su envalentonamiento incluso amenazan con disolver Ayuntamientos y Autonomías rebeldes. Nadie está a salvo, ése es el mensaje. Al mismo tiempo, en los foros internacionales, particularmente en el seno de la UE, su diplomacia gangsteril conseguirá imponer la liquidación del derecho de asilo, la anulación de las garantías judiciales en materia de extradición, la intervención de las policías estatales más allá de sus fronteras, las listas negras por las que organizaciones políticas perfectamente legales o no ilegales pasan a ser consideradas terroristas sin que medie decisión judicial alguna...

Es así como el matonismo y las desmedidas de Aznar se harán famosas dentro y fuera de las fronteras del Estado español. Y tras la voladura de los dos grandes símbolos del poder estadounidense el 11 de septiembre de 2001 y el desencadenamiento subsiguiente de su maquinaria de guerra, será ya su total desenfreno. En el clima que se crea, los falangistas ven llegado por fin el momento y la oportunidad de barrer con toda oposición al régimen sin distinción de que sea pacífica o violenta, se mueva en el marco de la legalidad institucional o al margen de ella.

El führercito lanzará a tal fin una fascista teoría según la cual todo lo que confluye en los objetivos políticos de las organizaciones armadas son banderas de connivencia del terrorismo, son terrorismo, al tiempo que exigirá la aprobación de una Ley de Partidos a la medida de dicha teoría. El resto correrá a cargo de los jueces especiales de la Audiencia Nacional, heredera directa del TOP franquista. En su línea habitual, rápidamente recogerán el guante y darán un barniz jurídico a la criminalización directa de los objetivos políticos que propugnaba el nuevo Caudillo. Es así como nacerán rubricados por el corrupto juez Baltasar Garzón Real los complejos terroristas. Uno de ellos, el complejo GRAPO-guión-PCE(r)-guión-SRI (una organización internacional de apoyo a los presos políticos)-guión-AFAPP (colectivos de familiares y amigos de los presos políticos)-guión-SOLIDARIDAD (una publicación informativa)-guión-A LA CALLE (un boletín antirrepresivo)-guión-ALA (Asociación Libre de Abogados)-guión-CNA (una organización anarquista internacional)... El milagro de semejante parto virtual lo obraron un poco de literatura pseudojurídica, un mucho de manipulación y prodigarse en la técnica del guión, que además permite seguir anexando según circunstancias e intereses.

La Ley de Partidos fue promulgada en septiembre de 2002. A partir de ese momento las ilegalizaciones se sucederán en cascada. Partidos políticos, medios de expresión, colectivos antirrepresivos, asociaciones culturales y hasta los manifestantes contra la guerra en Irak serán criminalizados como terroristas. ¡Todos somos terroristas! ¡Todo es terrorismo! El auto de ¡legalización del PCE(r), todo un tratado de la tautología fundado en groseras mentiras y manipulaciones, fue dictado el 13 de marzo de 2003. Como por casualidad unos días después de que Monsieur Bruguiére viajara a España, se entrevistase con autoridades políticas y judiciales y se quejase ante ellas de que él estaba procesando en Francia, a su requerimiento, a un partido político español que no era ilegal en España.

Desde entonces aquí han pasado tres años y algunos destacados acontecimientos políticos. El führercito y sus SS fueron barridos del gobierno de España aprovechando un rebufo de la nueva guerra imperialista por el reparto del mundo. La vuelta a los orígenes del más negro fascismo en la que venían empeñados y sus desmedidas ambiciones imperialistas, habían agudizado al extremo la crisis política e institucional del régimen. El Estado de las Autonomías amenazaba implosión en cualquier momento y las masas obreras y populares, conscientes de haber puesto los cadáveres a las ambiciones petroleras del Trío de las Azores, se habían echado a la calle al grito de ¡Aznar asesino!. La situación era ya insostenible para el régimen. Le urgía un golpe de timón, dar un cambio drástico a la orientación de su política interior y exterior.

Es así como el PSOE, brazo político de los GAL (siglas del terrorismo de Estado bajo los gobiernos de Felipe González), vuelve al Gobierno del reino de España. Y es por eso por lo que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa exhibiendo diálogo frente a crispación, hablando de regeneración democrática, de segunda transición, de voluntad de abrir un proceso de paz y llevarlo hasta el final... Pero en un año largo de gobierno el único paso efectivo que ha dado para desmontar el Estado de excepción permanente e institucionalizado de la era Aznar ha sido abrir la puerta a la reforma de los Estatutos de Autonomía. Por lo demás siguen los procesos sumarísimos en la Audiencia Nacional y, por delegación, en los tribunales franceses. Siguen las detenciones, la tortura y el encarcelamiento de militantes políticos, de miembros de organizaciones de solidaridad, de periodistas, de abogados... Sigue la presión represiva en las prisiones y la manipulación de la propia legalidad del régimen para alargar sine die las condenas a los presos políticos.

Y sigue, a la vista está, el colaboracionismo francés. En todo este tiempo, pese a los acontecimientos políticos en España, no se ha movido. No es la primera vez. El Gobierno Blum primero y el de Daladier después, ante el temor de contagio revolucionario proveniente del otro lado de los Pirineos, no tuvieron empacho en retener en la frontera los convoyes con armas para la España republicana ni en encerrar en campos de concentración a los hombres, mujeres y niños que, escapando al terror del ejército franquista y de los falangistas, cruzaban la frontera en busca de asilo. Para más seguridad, incluso proscribió al propio Partido Comunista Francés.

El movimiento comunista no constituye en estos momentos un peligro inmediato para los Estados imperialistas, pero, lógicamente, sus estrategas militares y represivos no olvidan las derrotas que en el pasado les hemos inflingido. A los comunistas y republicanos españoles nos detienen y encarcelan en nombre del antiterrorismo, pero en Lituania, Letonia, Hungría y otros países ex-socialistas las burguesías en el poder están proscribiendo, con el beneplácito de las llamadas grandes democracias europeas, los partidos comunistas -y hasta la literatura marxista- sin molestarse siquiera en argüir que son una asociación de malhechores en vías de cometer actos de terrorismo. Estamos frente al anticomunismo fascista de siempre, por más que se disfrace de antiterrorismo. Pero, créannos, ¡NO PASARÁ!

¡Viva el PCE (r)!
¡Viva el Movimiento Comunista Internacional!

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