El arzobispo de Granada en el banquillo de los acusados

Tuvimos que esperar al siglo XXI; la fecha es histórica: 14 de noviembre de 2007, más de dos mil años. Fue el primer juicio en España donde un arzobispo, Francisco Javier Martínez, declaró ante un juez como acusado de un delito de calumnias, tres de coacciones, uno de lesiones sicológicas y otro de integridad moral. Naturalmente, el fiscal solicitó la absolución del prelado.

El arzobispo de Granada, un ultra cercano a la secta Comunión y Liberación, acosó a otro sacerdote del mismo apellido y luego lo relevó por decreto de su puesto de archivero en la Catedral por estar vinculado a CajaSur. Por encargo del anterior arzobispo, este chiringuito financiero, vinculado a la jerarquía católica, había financiado la redacción de un libro sobre la Catedral, pero su publicación fue luego censurada al llegar a la diócesis granadina el nuevo arzobispo.

En una carta pública, el nuevo arzobispo acusó al sacerdote de apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual sobre el libro, le retiró la canonjía de la Catedral, que le fue concedida en el 2000 con carácter vitalicio, y luego le suspendió de sus funciones de sacerdote.

Además, 24 de los 35 autores que colaboraron en el libro también interpusieron una demanda contra el arzobispo. En ella, le reclamaban el pago de los honorarios atrasados, que sumaban unos 30.000 euros, e indemnizaciones por daños y perjuicios.

Por su parte, el cura acosado afirmó que en el primer encuentro que mantuvo con el arzobispo a su llegada a la diócesis, se dirigió a él en un tono amenazante y le advirtió de que la situación no iba a ser la misma que con el anterior arzobispo. En otro de los encuentros, le dijo: Tú no mandas aquí. Te has creído que esto es tuyo y eres un mal sacerdote y desobediente. Te voy a enseñar yo a obedecer con el látigo. El cura señaló que cuando el arzobispo le destituyó volvió a su despacho, donde realizaba su trabajo como archivero de la Catedral, a recoger sus efectos personales con la presencia de un notario, vigilado por si se llevaba algo, después de que le hubieran cambiado la cerradura. El obispo también le dijo que su clero no se iba a relacionar con actividades de CajaSur.

Por tanto, el juicio ha sido posible por la torpeza del arzobispo al enfrentarse a la mafia de CajaSur, uno de los brazos financieros de la Iglesia católica en Andalucía.

Ante el titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada, Miguel Ángel Torres, quien instruyó la operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella, el arzobispo defendió su libertad de actuación como responsable de la diócesis y afirmó que se siente víctima de un acoso mediático en el juicio.

A preguntas de su abogado, el arzobispo negó amenazas o presiones contra el clérigo, cuya destitución ad divinis justificó en una pérdida de confianza. Dijo que los obispos son perfectamente libres en las decisiones que toman en el gobierno de sus diócesis, por lo que aseveró que no tiene que dar explicaciones sobre los cambios en los cargos de confianza del Cabildo.

Señaló que desconocía que la publicación del lilbro estuviese financiada por CajaSur, de la que ha apuntado que, si hoy existe, es gracias a él por su defensa ante su adecuación a la ley financiera cuando era obispo de Córdoba.

El juez Torres tuvo que llamar la atención dos veces al arzobispo, a quien pidió que no fuera tan brusco en sus respuestas.

El prelado permaneció sentado la mayor parte de su declaración, de más de una hora y media, tras pedirle permiso al juez alegando que sufre escoliosis y, por tanto, dolores de espalda.

En octubre el arzobispo también retiró a los seminaristas de la Facultad de Teología de Granada para fundar el seminario Redemptoris Mater de las comunidades neocatecomunales, conocidas por los kikos, movimiento que toma el nombre de su creador, el pintor español Kiko Argüello, con las que mantiene desde hace tiempo una estrecha relación.

El arzobispo consideraba que la formación impartida por la Facultad de Teología no era la adecuada en el contexto cultural actual de la Iglesia católica. El Gran Canciller de dicha Facultad es el general de la Compañía de Jesús en Roma. Por tanto, el arzobispo cometió otra torpeza más al enfrentarse también a los jesuitas para entregar la formación teológica de los ocho únicos seminaristas que allí estudiaban a una secta marginal dentro de la mafia católica: los agustinos recoletos.

Estaba previsto que el arzobispo dejara su puesto en la diócesis para ocupar un cargo importante en Roma, posiblemente como responsable de la Biblioteca Vaticana. También se ocuparía de la vacante obispal de Málaga. La Iglesia católica trata de eliminar así las tensiones creadas en la diócesis granadina. Un grupo de 132 sacerdotes firmaron un documento muy crítico contra su gestión a causa, entre otros motivos, de los gastos excesivos de la diócesis.

También expulsó a un cura de su parroquia de Albuñol porque ayudaba a los obreros inmigrantes, repudió a los homosexuales y en noviembre dijo que la asignatura Educación para la Ciudadanía supone una verdadera invasión de un derecho fundamental de los padres. La libertad en el proceso educativo está terriblemente amenazada en la sociedad española, manifestó el arzobispo, quien consideró que si esa libertad no se pudiera salvaguardar, estarían justificadas la objeción de conciencia y la desobediencia civil.

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