Los servicios secretos franceses alertan del descontento social en las zonas obreras y del peligro de nuevos disturbios

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Un año después de las revueltas originadas por los más pobres de los extrarradios de las ciudades francesas, en especial de París, las autoridades de la seguridad francesa han constatado que ni las buenas palabras, ni las subvenciones, ni los cursos para ser obreros educados, ni siquiera la actuación de los sindicatos responsables, parecen haber frenado el descontento social en uno de los países capitalistas más ricos y expoliadores del planeta.

Muchas movilizaciones y revoluciones habidas a lo largo y ancho del mundo, comenzaron en Francia, por eso las autoridades saben que necesitan acallar el descontento con rapidez, pero los desposeídos también saben cosas, por ejemplo, la vulnerabilidad del sistema. Esperamos noticias.

Las autoridades de la seguridad francesa temen una nueva ola de disturbios después de los registrados hace un año durante semanas en los barrios de la periferia de París, según fuentes oficiales citadas por el diario Le Figaro. En un informe reservado, el servicio secreto francés RG considera que sobre todo en la zona parisina de Clichy sous Bois existe entre los jóvenes un descontento muy apreciable. Según el rotativo, los servicios de seguridad temen nuevos incidentes no espontáneos sino estructurados y que como objetivo tengan a la propia policía.

Conforme se va acercando el aniversario de los disturbios del año pasado, que comenzaron el 27 de octubre, en los barrios con una alta concentración de inmigrantes se van registrando cada vez mayores tensiones. El incidente que motivó los primeros disturbios entonces fue la detención de dos jóvenes extranjeros en un bar durante un control de pasaportes.

A diario hay una media de 15 ataques a funcionarios y 115 coches incendiados en la zona de París. El domingo, un grupo de jóvenes prendió fuego a un autobús de línea, lo que llevó a declararse en huelga a los conductores de Grigny, en las inmediaciones de la capital francesa.

El autobús de línea fue incendiado por entre 30 y 40 jóvenes, pero el conductor y los pasajeros salieron ilesos. Los asaltantes habían quemado anteriormente coches y los habían utilizado como barricada.

Según los sindicatos, los conductores se niegan a adentrarse en el barrio conflictivo de Grande-Borne y exigen el acompañamiento de las fuerzas de seguridad en otros lugares.

Francia también se rearma

A medida que las contradicciones entre las grandes potencias imperialistas se acrecientan, la carrera armamentista se desata alarmantemente.

El gobierno imperialista francés aprobó un programa de rearme militar de seis años de duración por un valor de 5.500 millones de euros más. El general Jean-Pierre Kelche, jefe del Estado Mayor francés, pidió que el presupuesto militar supere el 2 por ciento del producto interior bruto. El presupuesto militar de Francia alcanza los 32.400 millones de euros, del cual se destina casi la mitad al equipamiento militar. Este último presupuesto subió un 6 por ciento en 2003 y por encima del 9 por ciento en 2004.

El 20 por ciento del presupuesto se destina a equipamiento militar y unos 3.000 millones de euros, a armas nucleares. Para el 2007, Francia quiere disponer de unos nuevos misiles nucleares, cada uno de ellos a 1.400 millones de euros.

El programa militarista ya fue aprobado por el gobierno el 31 de julio de 2001 en la etapa de cohabitación con el Partido Socialista. En 1996 se alcanzó la profesionalización completa de las fuerzas armadas e inmediatamente después se proyectó el modelo Ejército 2015 en el que se basa el programa actualmente aprobado.

Desde los 12.500 millones de euros gastados en armamento pretenden alcanzar progresivamente los 15.000 millones de euros. El programa militarista de Chirac incluye la construcción de cuatro submarinos nucleares, misiles estratégicos nucleares M51, nuevos aviones de combate y un segundo portaaviones. Tras la última misión del portaaviones Charles de Gaulle por el Océano Índico, Chirac insistió en que su país debe disponer de un grupo aeronaval operativo en todo momento.

El objetivo perseguido es alcanzar los 357.000 mercenarios profesionales en los ejércitos, a los que se agregan 83.000 civiles asignados a la Defensa.

Chirac aludió a la Europa de la Defensa y a la necesidad de que la Unión Europea cuente con medios militares, si quiere jugar un verdadero papel en el mundo. Le inquieta el retraso de su país respecto al Reino Unido, que dedica a la defensa el 2'5 por ciento de su producto interior bruto en lugar del 1'9 por ciento en Francia.

El Primer Ministro, Jean Pierre Raffarin, habló a comienzos de 2004 de la necesidad de responder a las múltiples amenazas que acechan a Francia, por lo que el ejército francés debe disponer de plena disponibilidad operativa frente a ellas.

Una nueva guerra mundial está servida y, una vez más, tratarán de utilizar al pueblo como carne de cañón para que sirva a sus voraces intereses.

La guerra en Irak y el conflicto franco-americano han ofrecido una nueva prueba del declive de Francia como potencia mundial. Su oposición a la invasión de Irak, que asesta un golpe fatal a sus propios intereses económicos en la región, ha sido desechada con desprecio por Bush y los imperialistas norteamericanos.

Las circunstancias particulares de la guerra en Irak han presentado a Chirac, Raffarin y Villepin como los defensores de la paz, que buscan por todos los medios evitar el horror de la guerra. Ahora bien, este conmovedor espectáculo se explica ante todo por el declive de la posición mundial del imperialismo francés, fundamentalmente con respecto a Estados Unidos y Alemania. Desde hace más de 60 años el imperialismo francés pierde constantemente terreno en Asia y África, y la actual guerra se traducirá en un claro retroceso de lo que queda de su influencia en Oriente Medio. Los gastos militares de Francia solo representan un 7 por ciento del presupuesto militar de Estados Unidos. Las últimas guerras -en Irak en 1991, en Yugoslavia en 1999 y recientemente en Afganistán- han demostrado ampliamente los límites de las fuerzas militares francesas.

El desprecio que el aparato militar francés inspira a los dirigentes norteamericanos figura en una nota oficial con fecha del 1 de octubre de 2002 de la Heritage Foundation, que proporciona análisis y orientaciones estratégicas a la Casa Blanca: Sin duda, las tropas francesas, incluidas aquellas de su Legión Extranjera, serían un complemento útil a las fuerzas anglo-americanas en Irak después de la guerra. Sin embargo, dada la pobre calidad de las prestaciones francesas en las operaciones de mantenimiento de la paz en Ruanda-Burundi y en los Balcanes, es obligatorio colocar a las fuerzas francesas bajo el mando del Estado mayor americano y británico.

En estas condiciones, el capitalismo francés era incapaz de hacer valer sus pretensiones concernientes a las reservas de petróleo irakíes y al reparto del botín de la guerra imperialista. Había contratos entre Saddam Hussein y Francia sobre el acceso prioritario a las reservas de petróleo en caso de levantamiento del embargo. La invasión norteamericana ha derogado estos contratos y, por tanto, se inmiscuye directamente en los intereses del imperialismo francés: ésta es la principal razón de la oposición del Elíseo.

El imperialismo francés no es menos rapaz ni menos asesino que el imperialismo estadounidense. La única diferencia entre ellos está en la potencia militar y económica de la que disponen. Los representantes del capitalismo francés no han dudado jamás en hacer la guerra cuando sus intereses estaban en juego. A lo largo del siglo pasado, los pueblos de Indochina, Madagascar, Marruecos y Argelia han pagado un tributo muy grande al belicismo del imperialismo francés. Hoy, en el mismo momento en que Chirac se convierte en apóstol de la paz en Irak, el ejército y los servicios secretos franceses, con la ayuda de batallones de mercenarios, están implicados en conflictos armados en Sudán, Sierra Leona y Costa de Marfil.

En Sierra Leona, Francia fomenta en secreto una guerra contra los intereses anglo-americanos, al estar en juego principalmente el control de las minas de diamantes. En Sudán, hace muchos años que el aparato militar francés colabora estrechamente con el régimen islamista en el poder, que está en guerra con los rebeldes del sur, apoyados por Estados Unidos. En Congo-Brazzaville, el control de las reservas de petróleo sigue estando en manos de TotalFina-Elf gracias a una guerra civil desatada por Francia.

Francia vende armas y colabora con dictaduras sanguinarias en todo el mundo y, a veces, asegura la formación del personal de sus aparatos represivos. No hace tanto tiempo estuvo fuertemente implicada en la guerra civil de Ruanda, que costó la vida de 500.000 personas. Oficiales del ejército francés estaban presentes en los campos de entrenamiento de los combatientes hutus, y la financiación de esa carnicería fue asegurada, entre otros, por los buenos oficios del banco Crédit Lyonnais.

Francia es el tercer exportador de armamento en el mundo y, con 455.000 militares, dispone del mayor ejército profesional del mundo en proporción a su población.

Chirac no se opone a Bush por razones humanitarias o pacifistas, sino simplemente porque la guerra de Irak contraviene sus intereses imperialistas. En caso de una victoria americana, la guerra de Irak se va a traducir en el acceso de las compañías americanas a las grandes reservas de petróleo iraquíes, en detrimento de la industria petrolera francesa. La ocupación militar de Irak por Estados Unidos llevará a Francia al papel de espectador impotente de los negocios de las grandes potencias en Oriente Medio.

Alcatel suprimirá 12.500 empleos en tres años

El grupo de telecomunicaciones franco-estadounidense Alcatel-Lucent suprimirá 12.500 empleos en tres años dentro de las medidas contenidas en un plan de saneamiento de una plantilla total de 80.000 obreros.

La cifra es superior a la anunciada en abril de 2006, cuando se produjo la fusión de ambas entidades, que consistía en la eliminación de 9.000 puestos de trabajo para ahorrar 1.700 millones de euros.

Alcatel-Lucent ha optado por elevar la cifra dados los malos resultados del último trimestre de 2006, cuando registró pérdidas por valor de 618 millones de euros, frente a los beneficios de 381 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. En el conjunto de 2006 ganó 522 millones de euros, muy por debajo de los 1.674 millones que alcanzó en 2005.

Las cantidades han sido revisadas al alza como consecuencia de los resultados financieros logrados en el cuarto trimestre del año por el nuevo grupo.

El declive del capitalismo francés

Los imperialistas regresan al lugar del que no pueden salir, al rearme y al déficit como único modo de intentar salir de la crisis en la que están metidos. Todo esto en un momento en el que las las finanzas públicas de Francia se hunden. El déficit se eleva a 37.150 millones de euros y el gobierno es incapaz de cumplir con el 3 por ciento de déficit público previsto en Mastrique.

El declive del capitalismo francés se manifiesta en el carácter totalmente reaccionario y parasitario de la clase dominante que, teniendo firmemente entre sus manos avaras las palancas del poder económico, se levanta como un muro contra el mínimo progreso social. Para defender sus beneficios y sus intereses egoístas ataca la infraestructura industrial, social y cultural del país, empujando a la sociedad hacia atrás. La pobreza se generaliza, el paro aumenta, comunidades enteras quedan devastadas por el cierre de las empresas y la supresión masiva de empleos. El número de empleos precarios ha aumentado fuertemente.

En enero de 2004, Michel de Virville, Director de Recursos Humanos de Renault y asesor del gobierno, entregó al Ministro de Trabajo, François Fillon, un informe que contiene cerca de 50 medidas para modificar el Código de Trabajo.

Entre las medidas propuestas, hay una que ha generado especial polémica ya que la mayoría de sindicatos y partidos de izquierda se han mostrado contrarios a la misma: se trata de la creación del contrato de proyecto, un contrato de trabajo de fin de obra que se aplicaría, en principio, a ingenieros y cuadros, sobre todo del sector informático.

En la actualidad, existe ya un contrato de duración determinada que se aplica en estos casos pero cuya vigencia, al igual que la de los contratos temporales, no puede exceder los 18 meses. Según las reformas preconizadas por Virville, estos contratos no responden a las actuales necesidades de ciertas empresas que, debido al entorno económico cambiante, trabajan en base a proyectos que precisan empleados por un período que es difícil de fijar de antemano. Para evitar las obligaciones del contrato a duración indefinida, indemnizaciones por despido, antigüedad, etc., propugna esta fórmula más flexible.

Esta medida recoge las demandas que el Medef, la patronal, estaba planteando ya desde hace varios años.

Siempre al acecho de nuevas fuentes de beneficios, los capitalistas echan el ojo al sistema educativo y a los potenciales mercados de las pensiones y de la cobertura social. De ahí los proyectos del gobierno de abrir más la universidad, las pensiones y la seguridad social a las inversiones privadas. En lo que se refiere al empleo, al sector público y a la vivienda, la conclusión es la misma: el capitalismo francés necesita imponer la regresión social a la vasta mayoría de la población para seguir existiendo.

En 2002 el crecimiento del producto interior bruto francés no sobrepasó el uno por cien. La economía francesa se dirige directamente hacia la recesión. Incluso sin la guerra, el crecimiento en 2003 también fue inferior al uno por ciento. Las repercusiones de la guerra sobre la economía capitalista mundial acelerarán su evolución hacia cifras negativas.

Las inversiones están en declive y la producción industrial ha entrado en recesión. Entre 2000 y 2001 no ha habido ningún aumento de las inversiones industriales; entre 2001 y 2002 han caído un 7 por ciento. Esta reducción de la actividad económica supone una reducción importante de los ingresos fiscales. El déficit presupuestario del Estado se acercaba a los 46.000 millones de euros en 2002. Raffarin reaccionó entonces atacando el gasto público, con la excepción, por supuesto, de aquel destinado al ejército y al refuerzo del aparato represivo y policial.

Enero de 2005: porcentaje récord de desempleo

En enero de 2005 la tasa de paro en Francia llegó por primera vez en casi cinco años al 10 por ciento, un total de 2.461.600 trabajadores sin ocupación. La última vez que se había alcanzado ese listón había sido en febrero de 2000. En 2002 el porcentaje fue del 8'9 por cien.

El Ministerio del Empleo indicó que progresó el de los parados de larga duración: el 1'6 por ciento el de los que llevan más de un año en esa situación y el 3'4 por ciento el de los que llevan más de tres años.

La tasa de paro de los menores de 25 años se mantuvo estable en el 21'8 por ciento, mientras que creció una décima al 9'1 por ciento el del grupo de los que tienen entre 25 y 49 años y otro tanto el de los de 50 ó más años al 7'3 por ciento. En enero de 2005 se incrementó el desempleo tanto entre las mujeres -subió una décima al 11 por ciento- como entre los hombres -también una décima al 9'1 por ciento-.

En veinte años la industria francesa ha perdido más de un millón de empleos, y otros tantos la agricultura en un plazo de cuarenta años.

Las empresas en quiebra aumentaron un 8 por ciento en el primer trimestre de 2003.

Desde principios de 2001 empezaron a hacerse evidentes signos que indicaban que la economía francesa entraba en la fase más aguda de la crisis. En un sector como el de la llamada nueva economía o de tecnologías de la información, nada menos que 18 sociedades especializadas tuvieron que cerrar.

Para evitar el coste público de los planes masivos de despido, el Estado está fomentando, como en España, los despidos individuales, las bajas incentivadas y las prejubilaciones. Por eso los despidos individuales crecieron un 26 por ciento entre 1997 y 2001 hasta alcanzar el 13 por ciento de los parados.

Tras una rápida expansión que casi la ahoga en deudas, el operador de telecomunicaciones France Télécom ha anunciado una reducción de plantilla de 17.000 trabajadores en tres años, de las que 16.000 serán en Francia.

La plantilla del monopolio es de unos 200.000 trabajadores, de los que 2.200 tienen estatuto de funcionarios de la Administración pública y no pueden ser despedidos. El gobierno francés aprobó una ley en diciembre de 2003 que permitirá a los funcionarios de France Télécom mantener su estatus incluso cuando la compañía no sea mayoritariamente propiedad del Estado.

Los funcionarios sólo pueden ser trasladados a otros puestos. Un portavoz de la firma explicó que, si el sueldo de los empleados que sean trasladados a otros cuerpos de la Administración es menor, la operadora se hará cargo de la diferencia durante dos años y le pagará cuatro meses de salario bruto.

Esto se produce al mismo tiempo que las cuentas descubren que ha duplicado sus beneficios: de 5.700 millones de euros en 2005 a 3.000 millones en el ejercicio precedente. En 2002 tuvo pérdidas que ascendieron a 22.000 millones. Además, su cifra de negocios creció un 6'2 por ciento, hasta los 49.000 millones de euros y la cotización de sus acciones también está subiendo en la bolsa de París. Otro índice favorable: su deuda, que es la cuarta parte del presupuesto público francés, se redujo en un 4 por ciento durante en 2005.

Si despiden a uno de cada cinco trabajadores cuando las cosas marchan bien, ¿qué pasará cuando lleguen las vacas flacas?

En telecomunicaciones las caídas han sido importantes, aunque la decisión gubernamental de renunciar a los precios altísimos fijados para la red UMTS y conformarse con unos ingresos mucho menores, ayudó a que las tres sociedades implicadas en la crisis revisaran su política de crecimiento al alza.

Otro sector en el que se perciben los síntomas de la profunda crisis económica fue el de la publicidad, que ya durante la segunda mitad de 2000 sólo había mantenido la tendencia al alza gracias a un constante aumento de los precios. Y tras la publicidad aparece la prensa. Ninguna de las empresas periodísticas en peligro o que recurre a los despidos figura entre las que tienen muchos empleados, pero el grueso del sector periodístico aparece con casi todas las luces rojas encendidas: France Soir, L'Humanité, L'Expansion, L'Express, Le Figaro o Libération han reducido sus plantillas.

Pero hay otros sectores que están atravesando grandes turbulencias. En el aeronáutico, AOM-Air Liberté-Air Litoral se han visto perjudicadas por la dificultades de su principal socio, Swisair, y las dos primeras se han fusionado, mientras que la tercera ha puesto en marcha un plan laboral de emergencia. La multinacional Moulinex despidió a 3.000 trabajadores

El cierre de Marks and Spencer se tradujo en más de 1.500 despidos gracias a que sus almacenes han encontrado comprador en François Pinault, mientras que la reestructuración en Danone se hizo a costa de la movilidad y la flexibilidad de horarios, sin que tuviera un coste social traumático.

Una empresa de la nueva economía, la francesa Vivendi, declaró en 2002 pérdidas por 25.000 millones de dólares.

Un monopolio tan emblemático para Francia como Alshtom, tuvo que ser adquirido parcialmente por el Estado para tratar de revitalizarlo con ayudas de la Unión Europea. En esta empresa el plan de despidos afectó a 5.000 obreros, de los cuales la mitad trabajaban en fábricas francesas.

Los obreros tiran al agua a un policía

octubre de 2005

El 1 de octubre de 2005 unos 10.000 obreros participaron en Bastia, la capital de Córcega en la concentración convocada por nueve sindicatos en protesta contra la privatización de la naviera pública SNCM (Société Nationale Corse-Méditerranée) que une Córcega con el continente y el norte de África.

La manifestación terminó frente a la Prefectura de Bastia (delegación del Gobierno) con duros enfrentamientos entre los obreros y los antidisturbios. Al final de la marcha manifestantes encapuchados lanzaron piedras contra los antidisturbios desplegados en el lugar con el resultado de un policía secreta gravemente herido. El agente de paisano fue identificado y luego rodeado por varios manifestantes, que le golpearon y le tiraron al agua en el puerto de Bastia, hasta que cayó sobre una barca. Los policías respondieron lanzando bombas lacrimógenas y cargando contra los manifestantes.

La lucha de los marineros corsos se prolongó durante más de dos semanas y mantuvo bloqueados los puertos de Bastia y Marsella, aunque permitieron a 15.000 turistas abandonar la isla. Los buques salieron del puerto protegidos por policías y expertos en desactivación de explosivos, ya que las alertas por colocación de bombas fueron continuas, tanto en tierra como a bordo.

A las 17'45 horas del 1 de octubre en el buque Girolata se recibió el aviso de la colocación de una bomba compuesta de explosivo 52G en un vehículo dentro del navío, el primero que había logrado abandonar Ajaccio. El comunicante anunció, además, que colocarían bombas en todos los buques que pretendieran abandonar el puerto.

El 25 de setiembre cuatro marineros del sindicato STC secuestraron el barco Pascal Paoli de la SNCM, que fue asaltado en alta mar con tropas especiales aerotransportadas del ejército francés.

Por toda la isla se produjeron sabotajes y acciones armadas de los marinos y estibadores portuarios que actuaban encapuchados. A ellos que se sumaron los del puerto de Marsella, que bloquearon el puerto de Marsella el 26 de setiembre, también en contra del proyecto de privatización. Hasta varios días después los antidisturbios no pudieron desbloquear los accesos al puerto y tuvieron que utilizar tractores y tanquetas. La policía tuvo que custodiar las instalaciones portuarias, especialmente las terminales petrolíferas de Fos-sur-Mer y Lavéra.

Los enfrentamientos armados entre obreros encapuchados y policías antidisturbios siguieron una dura escalada a lo largo de una semana y un policía fue gravemente herido en un atentado contra la oficina de Aduanas del puerto de Bastia. El tráfico aéreo en los aeropuertos de Bastia y Ajaccio fue interrumpido por lo que la isla quedó completamente incomunicada hasta el 2 de octubre. Con un tubo lanzamorteros, los trabajadores arrojaron una granada contra el palacio Lantivy, sede de la prefectura de la région y del consejo general de Córcega en pleno centro de Ajaccio rompiendo un muro y diez ventanas.

En un comunicado público el sindicato STC exigió la liberación inmediata de los 15 marineros y estibadores detenidos en el puerto militar de Tolón a bordo del Pascal Paoli. Cinco de ellos fueron liberados inmediatamente y los obreros declararon una tregua hasta el 4 de octubre en espera de que los demás también lo fueran antes de reabrir cualquier clase de negociaciones con el gobierno.

La gravedad de la situación hizo que el primer ministro, Villepin, asumiera directamente la gestión de lo que se convirtió en una grave crisis política.

Trabajadores de Bosch amplían la jornada gratis

febrero de 2005

Los trabajadores de la planta del fabricante alemán de componentes para automóviles Bosch de la localidad francesa de Venissieux aceptaron ampliar su jornada sin recibir a cambio un complemento salarial, con el fin de evitar deslocalización de la producción a la República Checa.

Después de cuatro meses de negociaciones, los trabajadores y la dirección de la factoría de Bosch alcanzaron un acuerdo en el que se estipula que 820 empleados trabajarán seis días adicionales sin recibir remuneración a cambio, lo que garantiza la continuidad de sus puestos de trabajo. El 60 por ciento de los trabajadores firmaron el acuerdo, aunque el sindicato necesitaba la adhesión del 90 por ciento de la plantilla para que surtiera efecto. La empresa aplicó el nuevo esquema laboral desde enero de 2005. Tras la consecución del acuerdo, la dirección de la empresa se comprometió a abandonar sus planes para transferir parte de la producción a sus instalaciones de la República Checa.

Poco antes los sindicatos alemanes de Siemens accedieron a la propuesta empresarial de ampliar la jornada de 35 a 40 horas sin aumento de salarios, a cambio de que no se trasladase la producción a Hungría.

Crece la miseria de la población en Francia

Bertrand Bissuel et Claire Guélaud
Le Monde (16 de octubre de 2004)

Desalojo de inquilinos, endeudamiento excesivo, mínimos derechos sociales: todos los indicadores que miden la precariedad están el alza. Con ocasión de la Jornada Mundial de rechazo de la miseria que se celebrará el domingo 17 de octubre, las asociaciones se confiesan desbordadas por la amplitud del fenómeno.

Todo coincide: la sequía de estadísticas oficiales y la riqueza de testimonios de las asociaciones de lucha contra la exclusión, que se movilizan el domingo 17 de octubre, con ocasión de la Jornada mundial de rechazo de la miseria. Tras haber disminuido en medio millón entre 1998 y 2001, el número de pobres probablemente ha remontado al alza desde hace dos años.

Aunque las cifras del INSEE para 2002 y 2003 no se conocen aún, varios índices permiten pensar que tasa de pobreza ha aumentado, subraya el Observatorio nacional de exclusión social en su informe 2003-2004.

El giro económico de mediados de 2001, el endurecimiento de las condiciones para indemnizar a los demandantes de empleo, la extinción programada de los empleos para jóvenes y la disminución del número de contratos subvencionados puesta en marcha por los dos primeros gobiernos de Raffarin (mayo de 2002-abril de 2004) han terminado, lógicamente por leerse en las estadísticas, mientras que la medidas del plan Borloo a favor de la cohesión social aún no se han puesto en funcionamiento.

El número de personas que perciben el salario de integración (RMI), próximo a 1'2 millones, jamás había sido tan alto. Y crece a un ritmo acelerado: un 1'4 por ciento en 2002, un 4'9 por ciento en 2003, un 10'5 por ciento entre junio de 2003 y junio de 2003. 194.400 personas perciben la renta uniparental (API), es decir, una progresión del 8'8 por ciento entre junio de 2002 y junio de 2004. El fenómeno no se alimenta sólo del paro sino también de la precariedad del empleo. Las chapuzas, los contratos de duración determinada, el trabajado de temporada, el trabajo a tiempo parcial, constituyen el paisaje cotidiano de un millón de trabajadores pobres. Asalariados o independientes, jóvenes de menos de 25 años o quincuagenarios, apenas disponen de 420 euros al mes para vivir, sin cualificación y con menos derechos que los acogidos al salario de integración. Son los olvidados de las políticas sociales. Cada vez vemos más y más, afirma Françoise Leroy, vicepresidente de la fedeación Coorace (Coordinadora de organismos de ayuda a los parados).

La agravación de la pobreza se traduce también en el caos de trayectorias rotas por problemas de alojamiento, presupuestarios, de salud. Las familias con impagos son cada vez más numerosas. En los cuatro primeros meses del año, las comisiones de endeudamiento excesivo han recibido casi 71.000 expedientes, contra alrededor de 58.000 en el mismo periodo de 2003, es decir, un aumento del 22 por ciento. La quiebra civil que permite -en ciertas condiciones- borrar las deudas acumuladas por hogares sobreendeudados, probablemente ha creado una llamada al aire. Pero esas estadísticas reflejan también las dificultades sociales, económicas, familiares de una franja creciente de la población.

Otra tendencia espectacular: la inflación de desalojos de inquilinos. El año pasado 9.717 familias fueron lanzadas de sus viviendas por la fuerza pública, según el Ministerio del Interior. En cinco años la cifra se ha duplicado con creces (122'9 por ciento). El aumento más fuerte se ha producido entre 2002 y 2003 (29 por ciento). Sin duda los servicios del Estado han requerido a las fuerzas del orden más frecuentemente que antes, de manera que no tuvieran que indemnizar a los propietarios que no lograron la ejecución en un juicio de desahucio. Pero esas estadísticas aceditan también una extensión de la precaridad.

Hace un año, testimonia Martin Hirsch, presidente de Emaús Francia, constatamos que los dispositivos de acogida estaba saturados, que las demandas de ayuda provenían de poblaciones diversas, singularmente de familias, y que requerían sobre todo, vivienda, trabajo, alimentación, etc. Desde entonces la situación no se ha solucionado.

Como consecuencia del crecimiento del paro, la crisis de alquileres ha menguado. Oleada de alquileres, hundimiento de la oferta de alquileres baratos en el mercado privado... Las demandas de alquileres sociales se disparan como flechas: 1'33 millones en 2003, según la Dirección General de Urbanismo. Una flota de candidatos que los organismos de los sin techo (HLM) no pueden absorber. Resultado: el mal alojamiento gana terreno: okupas, mercaderes de sueño...

Más numerosas también son las personas acogidas por parientes. La municipalidad de Pierrefitte del Sena (Sena-Saint Denis) se apercibió con la vuelta al colegio: casi 250 niños inscritos en la guardería o en primaria residen con sus padres en casa de terceros, según la alcaldesa Catherine Hanriot (PCF). En Bondy (Sena-Saint Denis), casi 280 escolares están en la misma situación. Es decir, casi los efectivos de un establecimiento escolar, añade el alcalde Gilbert Roger (PS). Para encontrar un techo, algunas familias, a menudo provenientes de la emigración, adquieren entre varios una casa y la ocupan conjuntamente, informa la señora Hanriot.

Si las filas de espera se prolongan a la entrada de la oficinas sociales, las personas que viven en albergues, invierten cada vez más tiempo en encontrar un techo. De golpe, las plazas de albergue disponibles escasean y los sin techo están obligados a dormiar a la intemperie. Es lo que le ha ocurrido a doce familias en la noche del 11 al 12 de octubre a Toulouse (Alto Garona).

Esta presión sobre las estructuras de alojamiento esta alimentada por la ola creciente de sin papeles y demandantes de asilo. Los centros de acogida para demandantes de asilo están desbordados, los cantidatos al estatuto de refugiado son derivados hacia otras estructuras -como los centros de acogida- que no están adaptados para esa función. En París y en los tres departamentos limítrofes, muchos de ellos duermen en el hotel. Según el ministro delegado de lucha contra la precariedad, el Estado paga alrededor de 7.900 habitaciones al día para personas sin albergue; en más de ocho casos de cada diez, se trata de demandantes de asilo en espera de respuesta o recien llegados.

Otros se han hundido en campamentos de fortuna, como Orleans (Loiret), u ocupan inmuebles vacíos, como esas familias africanas instaladas en el campus universitario de Cachan (Val del Marne). En el momento de la reforma del derecho de asilo y del cierre del centro de Sangatte, hace dos años, alertamos a los poderes públicos de la multiplicación de mini Sangatte, recuerda M.Hirsch. Hoy ya hemos llegado ahí.

Las asociaciones se enfrentan cada vez con más casos de extranjeros precarios que se arriesgan a ser llevados a la frontera, privados de derechos. De los 19.863 pacientes atendidos en 2003 por los centros de la misión francesa de Médicos del Mundo, un 85'6 por ciento eran extranjeros. La inmensa mayoría de ellos (91 por ciento) no tienen permiso de trabajo y no perciben ninguna ayuda. Según el Samu social de París y varias organizaciones humanitarias, son más reacios al cuidado médico a causa de la reforma de la ayuda médica del Estado. Y la opinión publica, cada vez más dura respecto a los desfavorecidos, no parece estremecerse.

Adiós a la patria de los derechos del hombre

Al rearme militar hay que sumar los gastos ya comprometidos para aumentar la policía, la gendarmería y la Administración de Justicia, que se traducen en pérdidas de dinero para las áreas sociales y educativas de la Administración.

Francia es un país militarizado, donde tropas de policía ocupan calles y barrios enteros, con patrullas de tres por el día, y hasta cuatro o cinco por la noche, con permiso para usar pistolas con balas de goma, controles frecuentes, etc. Se van a añadir otros 6.500 policías más a los 130.000 actuales y 7.000 nuevos gendarmes (un cuerpo de naturaleza militar que cuenta con 100.000 efectivos en la actualidad), además de consolidar las contrataciones de interinos o ayudantes, todo ello en el plazo de 2004 a 2009, en el que los presupuestos dotarán con 5.600 millones de euros a la policía.

Además el plan prevé llegar hasta los 3.650 millones para el aparato burocrático judicial, con un plan de nombramiento de 3.300 jueces no profesionales, llamados de proximidad. Más de 10.000 personas engrosarán la administración de justicia.

Tras presionar con manifestaciones callejeras protagonizadas por policías y gendarmes, Francia adoptó un abanico de medidas represivas escandalosas como el proyecto de ley contra la gran criminalidad, que modificó 418 artículos del Código de Procedimiento Penal, presentado en enero de 2004 al Senado. Este proyecto incrementó los poderes de la fiscalía y de la policía; amplió el periodo de detención hasta cuatro días, incluso para los menores de 16 años. También autorizó la colocación de micrófonos y videocámaras en lugares públicos y privados en el marco de una investigación judicial.

Introdujo la figura anglosajona del reconocimiento previo de culpabilidad, especie de aceptación de la condena sin necesidad de juicio a cambio de una reducción de la pena.

Se trató también de un ataque a la libertad de expresión porque prohibió escribir libros a los condenados o intervenir públicamente sobre el delito por el que han sido condenados, mientras no cumplan totalmente su condena.

La justicia penal francesa se endureció a marchas forzadas: quince modificaciones en diez años y ocho en sólo cuatro.

Así se autorizó el acceso policial a los ficheros informáticos, la extensión de las escuchas telefónicas, la posibilidad de encerrar a un menor desde los 13 años de edad y el final de la presunción de inocencia.

El Ministerio del Interior también dispone de una nueva ley de seguridad que otorga a la policía todos los poderes sin ningún control judicial.

Éstas son algunas de las medidas:

→ Prórroga de la prisión preventiva para los detenidos políticos por más de dos años, que les correspondió inaugurar a nuestros camaradas por vez primera en la historia de Francia.

→ La policía tendrá acceso a los datos de los ficheros de la Seguridad Social y otros organismos públicos. El fichero de huellas genéticas se extenderá. Se suprime el límite al uso de los datos incluidos en ficheros policiales.

→ Penas de cárcel y multas para los que ocupen una propiedad pública o privada y deambulen en coches-caravana y domicilio fijo.

→ La mendicidad, que dejó de ser un delito en 1994, volvió al Código Penal

→ Pena de prisión para la incitación a la prostitución -hasta ahora susceptible sólo de multa- y retirada del permiso de residencia en Francia a todo extranjero que se dedique al reclutamiento sexual y al proxenetismo.

→ Penas de hasta cinco años de prisión al que emplee a un menor durante la jornada escolar y 2.000 euros de multa al que tenga la patria potestad sobre un menor que se ausente cuatro medias jornadas de clase al mes sin justificación.

→ Penas de prisión y multas a los jóvenes que participen en reuniones en las partes comunes de los edificios y supresión de la obligación de presentar al fiscal a los menores detenidos de entre 16 y 18 años, que sufrirán un régimen de detención similar al de los adultos.

El 9 de abril de 2003 el ministro de Justicia Dominique Perben presentó al gobierno un proyecto de ley sobre criminalidad organizada que reforzaba los poderes de investigación de la fiscalía y de la policía, modificando profundamente el tradicional sistema de procedimiento penal francés.

El plazo de la detención se prolongaba de dos a cuatro días, la policía podrá efectuar registros domiciliarios por la noche, algo que hasta ahora sólo era posible en casos de terrorismo, se generalizaban las escuchas telefónicas sin autorización judicial, y se legalizaban las infiltraciones en los partidos, asociaciones y movimientos políticos y sociales de todo tipo.

Una campaña de provocaciones dirigida por los servicios secretos

Todas esas medidas represivas han sido justificadas por la campaña de bombas que estallaron en París en 1995, supuestamente atribuidas a los islamistas argelinos del GIA.

En realidad fue el propio gobierno francés quien colocó dichos explosivos, con la colaboración del gobierno argelino.

El recorrido es el siguiente: a pesar de la consecución de la independencia a comienzos de los años 60, el FLN que pasó a gobernar el país siguió muy vinculado a la antigua metrópoli francesa.

Al ganar las elecciones los islamistas en 1992, Francia temió perder el control que tenía sobre el gas argelino y se volcó en apoyo del FLN y los militares, que dieron un golpe de Estado para impedir que los islamistas se hicieran con el poder.

Se desató una feroz campaña de exterminio, crímenes y matanzas en masa contra los islamistas, hasta el punto de arrasar barrios enteros en los que tenían más apoyo.

Esos crímenes fueron atribuidos a los propios islamistas que, al parecer, también se dedicaron a colocar explosivos en París. Convenientemente manipuladas por la prensa y el gobierno, esas explosiones sirvieron para justificar la liquidación de las más elementales libertades democráticas y la presencia permanente de la policía por las calles.

Pero como ya sospechábamos, los militares argelinos manipularon a algunos grupos islamistas para lograr que se enfrentasen con otras, atacasen a la población y llevasen a cabo provocaciones sangrientas, incluso en Francia.

De esa manera lograban también que Francia se alinease por completo con los golpistas de Argel.

Jean-Louis Debré, ministro del Interior francés en 1995, cuando explotaron las bombas en París, ya afirmó entonces que aquellos atentados eran una manipulación de las autoridades argelinas, pero inmeditamente desmintió esa declaración.

No obstante así lo demostró luego una investigación de un equipo de periodistas, dirigido por Jean-Baptiste Rivoire, de Canal + Francia.

Ante las cámaras de Canal + hablaron varios ex militares argelinos revelando que Djamel Zituni, un supuesto dirigente islamista, era en realidad un infiltrado que actuaba asesorado por agentes de los servicios secretos del gobierno magrebí.

En el reportaje comparecieron también, por primera vez, ante las cámaras varios ex agentes y personalidades francesas que avalaron la misma tesis sobre la manipulación.

Naturalmente, el juez que investigó las explosiones no fue otro que Bruguère, quien lejos de destapar el turbio asunto, echó tierra encima para encubrir a los verdaderos autores, mientras se cebaba en dos magrebíes que nada tenían que ver en la colocación de los explosivos.

Bajo las órdenes de Bruguière, esos dos magrebíes fueron brutalmente torturados por la policía francesa para que firmaran su confesión. La prensa francesa publicó las fotos de ambos con huellas visibles de las palizas en sus rostros, hasta el punto de que Gran Bretaña denegó la extradición de un tercer acusado por temor a que sufriera igual trato.

Al cuarto de los acusados por Bruguière, verdadero responsable de las explosiones, la policía francesa le dejó marchar, a pesar de que le tenían vigilado. Se le permitió trasladarse hasta Argelia, donde el gobierno dice que ha muerto para evitar que sea juzgado y cuente la verdad.

Así funciona la justicia francesa. Pero a pesar de que ahora todo eso se ha confirmado plenamente, no dan marcha atrás a las medidas represivas que han impuesto, ni se han depurado responsabilidades de quienes dieron luz verde a los asesinatos.

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