La economía española crece gracias a los inmigrantes

«Entre las particularidades del imperialismo relacionadas con los fenómenos de que hemos hablado, figura la disminución de la emigración de los paises imperialistas y el aumento de la inmigración (afluencia de obreros y transmigraciones) a estos últimos, procedente de los países más atrasados, donde el nivel de los salarios es más bajo».
Lenin: El imperialismo fase superior del capitalismo.
La explotación de los trabajadores inmigrantes en la década 1995-2005 ha tenido un extraordinario efecto dinamizador de la economía española, a la que ha aportado cada año una media de 3,2 puntos de crecimiento, según un estudio elaborado por Caixa Catalunya. Si no se hubiese llegado la mano de obra inmigrante en ese periodo, el Producto Interior Bruto por persona habría descendido 0,6 puntos por ejercicio, frente al avance del 2,6 por ciento anual que experimentó.

Tras permanecer casi estancada durante los años 90 por debajo de los 40 millones de personas, la población española va camino de los 45 millones, un hecho que está insuflando un dinamismo económico que se deja ver en todos los sectores.

El consumo de las familias, uno de los pilares básicos de la actividad, ha visto favorecido su ascenso por la entrada de inmigrantes -3,73 millones estaban censados a comienzos de 2005-; un fenómeno que también ha impulsado la construcción, el otro gran soporte del crecimiento. Los extranjeros, por ejemplo, acapararon el 13 por ciento de las viviendas vendidas en marzo de 2006. Además, hay que sumar la riqueza generada por su explotación, en la mayoría de los casos en ocupaciones que los españoles no están dispuestos a desempeñar, y la demanda adicional de servicios que ha generado su presencia. Ese conjunto de factores explican su notable aportación al PIB.

La llegada de obreros inmigrantes también tuvo un efecto positivo en el resto de la UE de quince miembros -la anterior a la última ampliación-, aunque inferior al de España: su impacto en la renta per capita fue de 2 puntos. Ello supone que, de no haber sido por ese factor, el PIB habría caído una media de dos décimas por año en la última década, en lugar de mejorar en 1,8 puntos como hizo.

Además, la gran mayoría de los países europeos registran caídas de su producto por habitante cuando se resta la contribución de los ciudadanos extranjeros. Los descensos más llamativo, superiores incluso al español, se registran en Alemania, con el 1,5 por ciento, y en Italia (1,2 por ciento).

El informe explica que, además de en la economía, la inmigración ha tenido una notable incidencia en el crecimiento demográfico europeo de la última década. La población de la UE de 15 miembros ha crecido en 15,7 millones de personas gracias a que la entrada de extranjeros le ha aportado 11,9 millones (el 76 por ciento del total). En Alemania e Italia, las entradas de ciudadanos foráneos ha compensado con creces los descensos de los nativos.

En el conjunto de la zona euro, la llegada de extranjeros representa el 79,4 por ciento del incremento de la población, una proporción que en España se sitúa en el 78,6 por ciento. Los inmigrantes son en España, con toda seguridad, más de cuatro millones -censados son 3,885 millones-, de los que 3,553 millones tienen más de 16 años y 2,425 millones están ocupados, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Se trata, por otro lado, de una cifra netamente superior a los cerca de 1,9 millones de afiliados que registra la Seguridad Social.

El estudio destaca también que España es el país donde porcentualmente más ha crecido la población inmigrante, con un avance del 8,4 por ciento interanual, frente 3,5 por ciento de media en el área del euro.

La mortalidad laboral de los extranjeros supera a la media en una tercera parte

Así se desprende del informe elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que recoge por primera vez datos sobre la siniestralidad de la fuerza de trabajo inmigrante.

La mortalidad laboral de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social supera en más de un 30 por ciento a la media del total de la población ocupada. Por cada 100.000 inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, 8,4 murieron en accidentes laborales durante 2005, frente a los 6,3 que fallecieron si se tiene en cuenta la población total ocupada, lo que significa que el índice de siniestralidad de la población extranjera se sitúa más de dos puntos por encima de la media. Con el agravante de que no se incluyen los accidentes acaecidos en la economía sumergida, sector reservado preferentamente a los extranjeros.

En términos generales, el número de accidentes de trabajo por cada 100.000 afiliados fue de 6.108 entre julio de 2005 y junio de este año, sobre una población registrada de 15,19 millones.

El número de accidentes entre la población inmigrante se situó en 2005 en 78.395, de los que 96 fueron mortales, 838 graves y 77.461 leves. Así, el número de accidentes de trabajo por cada 100.000 afiliados extranjeros fue de 6.822 en 2005, mayor que el total nacional (6.012), sobre una población registrada en la Seguridad Social de 1,14 millones de trabajadores.

El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, subrayó sobre la situación de la población extranjera que estos datos avalan la impresión de que estamos en presencia de una población que desempeña no sólo los peores puestos de trabajo en cuanto a retribución, sino también en cuanto a riesgo.

La cifra total de accidentes laborales mortales ascendió en España en 2005 a 990 siniestros, de los que los citados 96, es decir el 10 por ciento, corresponden a inmigrantes.

En orden a su gravedad, el índice de incidencia de los accidentes mortales descendió un 5 por ciento, mientras que los de carácter grave experimentaron una disminución del 18,1 por ciento.

Los capitalistas no regularizan a los emigrantes: los despiden

La cantidad de trabajadores inmigrantes despedidos por sus patronos superó en las primeras semanas del proceso de regularización abierto en España a quienes accedieron al plan para obtener papeles, según una investigación efectuada por la Asociación Profesional Española de Directores de Recursos Humanos.

El estudio se basa en una encuesta electrónica a la que respondieron cerca del 70 por ciento de unos 3.000 directores de recursos humanos, es decir, los responsables del personal de la empresas.

Los primeros 16 días hubo 48.247 regularizaciones, pero hubo 58.974 despidos, afirma la investigación, en cuya opinión, el proceso está fracasando. Según la citada asociación, esa tendencia se mantiene: La investigación certifica que la tendencia continúa e incluso aumenta, dice el texto, antes de afirmar que los empresarios despedían abundamentemente a quienes les pedían que les regularizasen.

Cuando ese estudio se refiere a regularizaciones, queda claro que son las solicitudes de regularización que los capitalistas o los propios inmigrantes, como los empleados domésticos, presentaron en las dos semanas siguientes al 7 de febrero pasado, cuando se abrió el proceso de normalización de inmigrantes sin papeles pero con trabajo.

Los capitalistas dicen que tienen miedo de que la inspección de trabajo los localice como negreros que antes del proceso de regularización tenían a inmigrantes trabajando ilegalmente y que por ello, en el futuro, se les hagan inspecciones.

La asociación considera que el actual proceso de regularización está fracasando, ya que las mafias han identificado los flancos débiles del proceso.

El proceso excepcional de regularización que concluirá el 7 de mayo está dirigido a unos 500.000 inmigrantes, según el gobierno.

Los trabajadores inmigrantes forman parte de nuestra clase obrera

Una parte creciente del proletariado que trabaja en nuestro país lo constituyen los inmigrantes, que se ven sometidos a tremendas condiciones de vida, explotados hasta la saciedad y continuamente perseguidos por la policía.

La población extranjera en España supera ya los cuatro millones de personas, un nueve por ciento del total, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística.

Conforme a estas estimaciones provisionales, la población de nuestro país ha crecido en unas 770.000 personas durante 2004. Más de 650.000 nuevas inscripciones corresponden a ciudadanos extranjeros. El ritmo de empadronamiento se ha duplicado en un año, ya que a lo largo de 2003 hubo 361.730 nuevas altas. El dato es espectacular: en 1996, el número de foráneos era de 542.314, por lo que en una década la cifra se ha multiplicado casi por siete.

El porcentaje de población extranjera en España ya supera al de Francia (8 por ciento) y Bélgica (8'7), se sitúa a la altura de Alemania (9 por ciento) y sólo un poco por debajo de Austria (9'2).

El nuevo padrón ha vuelto a poner sobre el tapete una realidad evidente: cuando el 7 de mayo concluya el plazo para regularizar a los obreros inmigrantes, más de 500.000 se quedarán sin papeles. La regularización de PSOE quedará así como una estruedoso fracaso porque las estimaciones oficiales calculaban que cerca de un millón estaban en condiciones de ser legalizados durante el periodo abierto en febrero de 2005.

En sólo tres años, el número de trabajadores legalizados pasó de los 766.000 de 2002 a 1.097.191 el 31 de enero de 2005, lo que supone el 6'3 por ciento de la fuerza de trabajo, según cifras de diciembre de 2004. Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social crecieron más de un 15 por ciento en 2004.

Uno de cada tres trabajadores que se incorpora a la explotación capitalista, es extranjero. De los casi 1'1 millones de extranjeros que se habían afiliado a la Seguridad Social a finales de enero del 2005, 841.111 procedían de países extracomunitarios y 256.080 de países de la UE. El ritmo es trepidante: mientras que el nivel de creación de empleo fue del 2'5 por ciento en septiembre de 2004, el número de ocupados españoles creció un 1'7 por ciento, el de trabajadores extranjeros lo hizo en un 20'5 por ciento.

De seguirse la misma tendencia que hasta ahora, cerca de un tercio de los residentes en España en 2015 será inmigrante. Esto supondría que superaría la cifra de los once millones de personas. De seguir igual el ritmo, la población extranjera podría ser el 27 por cien.

Los obreros inmigrantes son los más explotados, ya que trabajan en su mayoría en economías sumergidas. Se les paga menos, trabajan en peores condiciones, reciben menos del salario mínimo y carecen de una vivienda digna. Acaparan las tareas más penosas, son las víctimas más frecuentes de los accidentes laborales y están desposeídos de los más elementales derechos de asociación, sindicación, huelga y seguros sociales.

Para imponerles terribles condiciones laborales y privarles de todos sus derechos, el primer paso es negarles hasta los permisos de residencia y de trabajo, lo que les obliga a trabajar clandestinamente. Los inmigrantes que llegan ahora prácticamente no tienen vías para poder obtener documentación, lo que ha producido un incremento de los sin papeles por las enormes dificultades para poder regularizar su situación. En la Unión Europea el número de inmigrantes con papeles se redujo en un 30 por ciento durante los años 90 del pasado siglo.

Una idea de la importancia que han adquirido los inmigrantes, con o sin documentación, la ofrece la decisión anunciada el 21 de setiembre de 2004 por el Banco de España de disponer la creación de un registro especial de control de las remesas de dinero de los emigrantes al exterior. El Banco de España ha previsto autorizar a 4.779 agentes particulares para realizar tal tarea. Con esa medida se pretende controlar el envío de dinero de inmigrantes a sus países de origen, que en 2004 llegó a 6.000 millones. Según los últimos datos del Banco de España, con los cifras del 2004 se podrían multiplicar por diez el volumen de remesas que se enviaban justo hace una década, ya que en 1994 las remesas anuales supusieron tan sólo 312 millones de euros.

Uno de cada tres capitalistas contrata mano de obra ilegal

El gobierno estima que el empleo que se mueve en la economía sumergida representa entre el 18 por ciento y el 20 por ciento de la población activa, mientras que estas actividades no declaradas suponen el 20 por ciento del Producto Interior Bruto.

La Comisión Europea estimaba que la economía sumergida en España había aumentado del 15 al 22 por ciento del Producto Interior Bruto entre 1998 y 2000, concentrándose en los sectores de agricultura y construcción: precisamente donde se concentran los trabajadores inmigrantes.

El estudio comunitario precisaba que Grecia, España, Portugal y Bélgica, son los países con niveles más elevados de economía sumergida.

Sólo en cotizaciones, las sanguijuelas capitalistas que emplean a trabajadores sin papeles se ahorran más de un 30 por ciento sobre el salario. Cuando un trabajador se legaliza puede reclamar la aplicación de los convenios sectoriales que recogen mejores condiciones salariales y de jornada que las que disfruta el ilegal.

En 2004 en Cataluña los inmigrantes que trabajan sin papeles se duplicó respecto al año anterior, hasta alcanzar los 305.411 frente a los 131.000 de 12 meses antes.

Un total de 689.349 extranjeros residían en Cataluña en 2003, según las cifras del padrón municipal, cifra muy superior a los 383.938 inmigrantes registrados por el Gobierno central. Se calcula que el 45 por ciento de inmigrantes empadronados es irregular.

La región con mayor proporción de trabajadores inmigrantes es Murcia, con el 11'5 por ciento, mientras que las que menos tienen son Galicia y Asturias, con el 2 por ciento. El grueso de los ocupados extranjeros se concentra, como es lógico, en las grandes áreas metropolitanas de Cataluña y Madrid, comunidades que juntas suman casi la mitad de todos los afiliados.

En Navarra un informe elaborado en enero de 2004 confirmó que a muchos inmigrantes ilegales se les explota de forma salvaje. Entre un 5 por ciento y un 10 por ciento de los más de 15.000 obreros de la construcción de Navarra son inmigrantes ilegales. En torno al 25 por ciento del total de trabajadores del sector son inmigrantes y, de éstos, aproximadamente un 30 por ciento son ilegales. El estudio se basa en las visitas realizadas a cien obras navarras, promovidas por unas cincuenta empresas, en las que trabajaban unas mil personas, 600 contratadas y unas 400 subcontratadas, a los que se debe añadir un número difícil de precisar de inmigrantes ilegales que se mueven en el empleo sumergido.

Los trabajadores inmigrantes realizan tareas que están por encima de su categoría profesional y en jornadas superiores a las reguladas en convenio, sin incremento de salario. La situación de los inmigrantes ilegales es de ausencia de cualquier control en sus jornadas o salarios. A muchos trabajadores inmigrantes ilegales se les explota de manera brutal, lo que es un elemento fundamental en las tasas de siniestralidad, especialmente en la construcción.

Durante el primer semestre de 2001 las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo confirmaron que los capitalistas españoles contratan mano de obra ilegal de manera habitual. La Inspección realizó un total de 9.399 controles, en las que se detectaron a 3.278 inmigrantes sin permiso de trabajo, lo que arroja una infracción por cada 2'86 inspecciones.

El caso de Murcia es el más alarmante, donde casi en cada Inspección de Trabajo se ha localizado un inmigrante irregular contratado de forma fraudulenta. Un total de 307 inspecciones dejaron como saldo 303 trabajadores inmigrantes sin permiso de trabajo.

Destaca también el caso de Cantabria, donde en los 87 controles realizados por la Inspección se han descubierto 73 trabajadores inmigrantes sin papeles.

20 millones de trabajadores clandestinos en la Unión Europea

Los obreros inmigrantes van a desempeñar un papel fundamental en el futuro del capitalismo: abastecerán al capital de mano de obra barata, complementarán el ejército industrial de reserva y financiarán las pensiones de los trabajadores autóctonos jubilados. El aumento de la inmigración hará que en el futuro la fuerza de trabajo aumente la economía sumergida, el trabajo negro, aumentando la marginación social de grandes masas obreras, privadas de todos sus derechos laborales. Se va a producir un deterioro de la condiciones laborales, con un aumento de la economía sumergida y una mayor precarización.

El 90 por ciento de los obreros inmigrantes que entran en la Unión Europea realiza trabajos no declarados en condiciones de explotación salvaje y sin control sindical de ningún tipo sobre los capitalistas que los explotan.

Actualmente en la Unión Europea hay 20 millones de trabajadores sin contrato. La economía sumergida supone entre el 7 por ciento y el 19 por ciento del empleo total y casi el doble del volumen de población activa desempleada.

La forma que más frecuentemente adopta el trabajo sumergido es el de los autónomos, que aparecen como no sometidos a la disciplina laboral de ningún capitalista, eliminando así todos los derechos laborales y aumentando sus ganancias.

Los sectores en donde hay más economía sumergida son el agrícola y el de construcción, seguido del comercio al por menor, los servicios domésticos, la hostelería y la manufactura. Son sectores donde se utiliza mucha mano de obra barata, especialmente inmigrantes sin permiso de trabajo.

Según el informe anual de la OCDE sobre migraciones internacionales, presentado el 21 de enero de 2004, a pesar de la crisis económica, se mantiene la tendencia a reclutar mano de obra extranjera. El proceso se inició a mediados de la década de los años noventa. Algunos países como Estados Unidos y Francia conocieron en 2001 un registro máximo en cifras de inmigrantes desde hace veinte años. Aquel año Estados Unidos acogió el mayor número de inmigrantes, seguido de Alemania, Reino Unido y Japón.

Los países poderosos buscan, sobre todo, especialistas en materias determinadas, singularmente, informática, biotecnología y sanidad, pero también de la enseñanza. Alemania ha concedido permisos de trabajo especiales para 13.500 informáticos extranjeros. Países como Suecia, Francia, Irlanda o Italia rivalizan para atraer estudiantes, a quienes consideran una reserva potencial de mano de obra altamente cualificada.

Pero la política de inmigración también trata de reclutar mano de obra no cualificada en países como España, Grecia, Estados Unidos y Australia, con destino a la agricultura, y Reino Unido, Italia y Portugal en la construcción, la atención a las personas ancianas.

Los capitalistas necesitan más fuerza de trabajo

En el boletín económico de febrero de 2005, en un artículo monográfico sobre inmigración, el Banco de España reconoció que las consecuencias económicas de la inmigración son positivas en términos netos al permitir paliar la escasez de oferta de fuerza de trabajo en algunos sectores e incrementar la explotación.

El artículo señala que, en sentido contrario a lo que en algunos ocasiones se opina, la llegada de trabajadores inmigrantes no supone un alivio notorio de la presión que el envejecimiento de la población ejercerá sobre la financiación de las pensiones. Según el Banco de España, la legalización de la residencia de un número considerable de emigrantes que ya forman parte del proceso productivo, conllevará un incremento de la recaudación ligada a la imposición de trabajo básicamente mediante las cotizaciones sociales.

El Banco de España califica de muy considerable el impacto de la inmigración sobre el crecimiento de la población española, y pronostica que lo seguirá siendo en el futuro a la vista de las actuales proyecciones demográficas.

De no haberse producido estos flujos migratorios, la población española a principios de 2004 hubiera sido de 40'5 millones en lugar de 43'2, apostilló el informe.

En base a proyecciones del Instituto Nacional de Estadística realizadas a partir de datos del censo de 2001, tal situación se intensificará en el futuro, de forma que solo la inmigración podría compensar el efecto contractivo de otros determinantes demográficos, permitiendo que la población española siguiese creciendo durante la primera mitad de este siglo.

La Unión Europea tiene necesidad de recibir obreros inmigrantes para frenar el alarmante descenso de mano de obra joven, susceptible de ser explotada intensivamente. La tasa media de fecundidad en la Unión Europea es de 1'45 niños por mujer, una cifra claramente insuficiente para garantizar la reproducción del volumen de fuerza de trabajo necesaria para mantener el ritmo de producción. En particular Italia y España tienen la tasa de fecundidad más baja de la Unión Europea, con 1'2 niños por mujer.

La población de la Unión Europea asciende hoy a unos 377 millones de habitantes y, con la tasa de fecundidad existente podría caer en un 20 por ciento en los próximos 50 años si no aumenta la inmigración. Por ello, harán falta 2'1 niños por mujer para mantener el volumen de fuerza de trabajo a un nivel constante.

En 2000 los obreros inmigrantes suponían cerca del 4 por ciento de la población europea. El número de inmigrantes llegados a los países de la Unión Europea en aquel año fue de 816.000, casi 100.000 personas más que en 1999.

España, además de contar con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, dispone de una de las mayores esperanzas de vida al nacer (82'5 años para las mujeres y 75'3 para los hombres). Ambos elementos determinan un envejecimiento de la población al alza. Sin los emigrantes el progresivo envejecimiento de la población española causaría la pérdida de un 15 por ciento de la fuerza de trabajo hasta 2025 y un 42 por ciento hasta 2050, es decir, casi la mitad de la población en edad laboral activa.

En España hay un inmigrante por cada diez habitantes, un porcentaje bastante bajo comparado con el resto de la Unión Europea, sólo por encima de las tasas de Finlandia y Francia.

Los 20.706 hijos de extranjeros nacidos en 1998 equilibraron la balanza demográfica española. La natalidad de las inmigrantes evita desde hace años que haya más muertes que nacimientos en España. En 1998 se inscribieron 364.427 bebés de padres españoles, mientras que el número de fallecimientos ascendió a 357.950. Los 20.054 hijos de padres extranjeros, principalmente mujeres magrebíes y latinoamericanas, aseguraron un superávit de 6.477 personas y evitaron que España entrase en crecimiento negativo. Este fenómeno se agudizó durante 1999. Desde 1998, España, tras dos décadas marcadas por el descenso de la natalidad, ha dado el gran salto, desde los 39'8 millones de habitantes al iniciarse aquel año hasta los 41'1 al acabar el año 2000. Precisamente en 2000 se registró el récord de crecimiento: el aumento de la población, en 617.051 personas, fue el mayor de las últimos tres decenios.

El último padrón revela que en 2000 la población se incrementó en 617.051 personas (un 1'5 por ciento más), el mayor aumento de los últimos 30 años. Esta espectacular subida confirma una tendencia al alza evidente desde 1998 y que en tres años ha supuesto un aumento de 1'2 millones de personas (la población oficial alcanza los 41'1 millones, según el último padrón).

El 96 por ciento del crecimiento registrado desde 1998 se debe a la inmigración: vienen más y se empadronan en mayor medida ya que pueden hacerlo aunque su estancia sea irregular. En ese periodo los nacimientos sólo fueron 50.318 más que las defunciones (crecimiento vegetativo).

El descenso de la fuerza de trabajo autóctona estaba incrementando los salarios en muchas regiones y sectores productivos. La inmigración se imponía a fin de dividir a la clase obrera, imponerle peores condiciones laborales, restringir los derechos adquiridos a lo largo de décadas de lucha y reducir los salarios.

Ni papeles ni derechos

España es uno de los países de la Unión Europea con más inmigrantes irregulares. Aquí el empleo clandestino de mano de obra sigue aumentado. En 1998, los trabajos no declarados suponían el 15 por ciento del PIB, según la Unión Europea. Dos años después, Bruselas elevó el cálculo hasta el 22 por ciento, lo que supone una facturación de más de 20 billones de pesetas, lo que sitúa a España a la cabeza de los países con mayor economía sumergida de la Unión Europea. Y hablar de economía sumergida es hablar, principalmente, de inmigrandes sobreexplotados.

Pero estas cifras de obreros sin papeles y sin derechos no parecen creíbles, porque sólo en Catalunya al menos el 40 por ciento de los inmigrantes extracomunitarios que trabajan no tienen contrato. Allí existen aproximadamente 250.000 inmigrantes censados, el 70 por ciento sin permiso de residencia, pero hay otras 80.000 personas más que no figuran en esa estadística.

Ssegún se desprende de la Encuesta de Coyuntura Laboral, durante 2003 hubo n nuestro país 69.700 puestos de trabajo sin cubrir. Los empresarios no encuentraron mano de obra para cubrir esas vacantes. Esta cantidad supone casi el 3'2 por ciento del total de los desempleados registrados por la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, que ascendían a 2.182.700 en esa fecha.

En el Instituto Nacional de Empleo quedan cada mes entre 100.000 y 150.000 requerimientos empresariales sin cubrir. Una buena parte son vacantes que los capitalistas no han sido capaces de encontrar el trabajador en el Instituto Nacional de Empleo. Pero las cifras pueden ser mucho mayores porque los servicios públicos de empleo sólo tramitan entre el 10 y el 15 por ciento del total de las demandas de empleo. Esa falta de mano de obra se da en todos los sectores.

La evidencia, pues, es que existe una bolsa muy importante de parados que no serán nunca demandados o que lo tienen muy difícil para encontrar el puesto de trabajo, mientras que los capitalistas buscan trabajadores que no existen en las listas del paro.

Los obreros inmigrantes son imprescindibles para impedir la quiebra de la Seguridad Social

Los casi 600.000 inmigrantes que, finalmente, lograrán regularizarse en el proceso extraordinario que concluyó a comienzos de mayo aportarán casi 1.500 millones de euros a la Seguridad Social durante 2006.

Los trabajadores que llegan a España de fuera son jóvenes en su inmensa mayoría y el capital necesita mano de obra fresca y activa. El 80 por ciento de los emigrantes legales están en edad de trabajar; el 11 por ciento son menores de 16 años y sólo el 7'5 por ciento supera los 65 años. Del resto, más de la mitad tienen entre los 25 y los 44 años; el 18 por ciento entre 45 y 64 años, y el 10 por ciento entre 19 y 24 años.

En España los inmigrantes están sacando a la Seguridad Social de la bancarrota. Sus aportaciones están contribuyendo a que el sistema público tenga las cuentas saneadas, a pagar las pensiones actuales, a los récords de afiliación que se vienen registrando y a garantizar la estabilidad futura de las jubilaciones. Serán quienes muy pronto financien con sus cotizaciones sociales a los trabajadores autóctonos que se vayan jubilando. Gracias a ellos la Seguridad Social suma ya varios años con superávit. En 2000 había sólo 229.748 trabajadores inmigrantes afiliados a la Seguridad Social; en 2004 pasan del millón, en torno al 6'5 por ciento del total. En los últimos cinco años la entrada de cotizantes extranjeros a la Seguridad Social ha sido masiva; de los 2'6 millones de nuevos cotizantes del último quinquenio, unos 700.000 proceden de otros países. El ritmo de entrada de emigrantes a la Seguridad Social, pues, se ha acelerado y ahora uno de cada cuatro nuevos cotizantes es inmigrante.

La ONU ha advertido a Europa de la necesidad de abrirse a la inmigración para proteger las pensiones. Europa necesita unos 44 millones de inmigrantes hasta 2050 para superar este bache.

En 2000 la ONU aconsejó a España que admitiera 240.000 extranjeros anuales hasta 2050 para mantener su fuerza de trabajo (12 millones de personas en total). Al año siguiente la ONU advirtió que en 2050 España habría perdido el 22 por ciento de su población y sería el país más envejecido del mundo.

La presencia de trabajadores extranjeros empieza a ser notable en las tareas del campo, entre los empleados de hogar y, dentro del régimen general de Seguridad Social, en la construcción. La entrada númerica más elevada se da en el régimen general, con 194.661 trabajadores más. Pero es en el régimen agrario donde se ve que los inmigrantes están ocupando las tareas del campo rechazadas en buena parte por los españoles.

El descenso de la natalidad está causado por la sobreexplotación del proletariado femenino

La baja natalidad de todos los países europeos, y especialmente de España, está decisivamente influida por tres factores:

→ la sobreexplotación del proletariado femenino
→ el alto índice de actividad laboral femenina (el 57 por ciento del total)
→ la precariedad de los empleos temporales.

La sobreexplotación del proletariado femenino en Europa no permite ninguna combinación para las mujeres entre su empleo y familia, por lo que las mujeres eligen la independencia económica, mantener su puesto de trabajo y no tener niños. El hecho de que una mujer trabaje fuera de casa es un obstáculo insuperable para tener hijos. Incluso en los países escandinavos, conocidos por la calidad de sus sistemas de protección y educación, la tasa de natalidad está descendiendo.

Las españolas mantienen el récord mundial de baja natalidad, con un promedio de 1'2 hijos por mujer. La última encuesta de fecundidad elaborada en 1999 entre mujeres de 15 a 49 años, revela que la mayoría (el 50'10 por ciento) no tiene ninguna intención de procrear.

Un 47 por ciento de las españolas no tiene ningún hijo; en cambio, un 42 por ciento de las mujeres de América Central y del Sur tiene dos hijos, y más del 30 por ciento de las africanas tiene tres o más. El decrecimiento de la natalidad se está equilibrando gracias a los hijos de los inmigrantes.

Las políticas natalistas no han tenido éxito. El aumento en un 25 por ciento de las primas por natalidad sólo ha supuesto un incremento del 4 por ciento en las tasas de fecundidad, lo que se traduce en 0'07 mujeres por hijo.

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