La quiebra del sistema público de pensiones

Desde hace mucho tiempo los gobiernos españoles se cuidan de no alarmar con el grave problema de las pensiones, como si aquí no hubiera más problema que el famoso terrorismo. Pero con la complicidad de los sindicatos, están desmantelando silenciosamente la Seguridad Social y promocionando a los seguros privados y los fondos de pensiones. El Pacto de Toledo firmado en 1997 no fue más que el primer paso.

Sin embargo, ya es un clamor que los trabajadores jamás cobrarán del Estado toda la pensión que les corresponde. El que quiera jubilarse tendrá que pagarse de su bolsillo su propio retiro.

El número de trabajadores que tienen un fondo privado de pensiones está en aumento. En 1989 los partícipes no superaban los 300.000 y en 2006 eran casi ocho millones. Y el patrimonio invertido en todo tipo de fondos de pensiones superaba los 75.000 millones (7,5 por ciento del PIB). La principal fuerza impulsora de esta evolución de los fondos de pensiones ha residido en los incentivos fiscales.

Por tanto, que lo digan claramente: mientras la Seguridad Social está en quiebra, el Estado está financiando indirectamente a las aseguradoras privadas.

Recientemente el problema de las pensiones ha sido abordado en la revista de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), donde todos los economistas coinciden en que existen motivos suficientes para que los trabajadores se preocupen por el cobro de sus pensiones dentro de muy pocos años.

Entre ellos, el nuevo director de la Oficina Económica de La Moncloa, David Taguas, quien propone retrasar la edad de la jubilación hasta los 70 años y ampliar el periodo de cálculo de las prestaciones, lo que reduciría su cuantía.

David Taguas firma su artículo como subdirector del servicio de estudios del BBVA -el puesto que ocupaba hasta acceder a su actual despacho en la Presidencia del Gobierno- junto a María Jesús Sáez, miembro de la Intervención General de la Seguridad Social. Sin embargo, es el principal asesor económico de Zapatero desde noviembre de 2006. Sustituyó en el cargo a Miguel Sebastián, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid.

En el artículo Taguas y Sáez dicen que el sistema público de pensiones correrá peligro dentro de cuatro años si no se adoptan reformas mucho más profundas que las pactadas en mayo de 2006 por el Gobierno, la patronal y los sindicatos CC OO y UGT. Taguas añade que la viabilidad a medio y largo plazo del vigente modelo de protección requiere cambios orientados a retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años.

El retraso de la edad de jubilación a los 70 años es compartida por otro de los autores de esta publicación, Luis Garrido, catedrático de la UNED, quien argumenta que la edad mediana de ingreso en el trabajo se ha retrasado seis años entre los nacidos en 1940 y los que nacieron en 1986, pasando de 14 a 20 años. Esta diferencia justificaría posponer la edad de jubilación en seis años para los que hoy cumplan 20 años, de forma que para estar el mismo tiempo en el mercado productivo deberían jubilarse a los 71 años.

También pretenden computar toda la vida laboral de los trabajadores para fijar la cuantía de las prestaciones -en la actualidad se calcula sobre los 15 últimos ejercicios en activo-, lo que reduciría su importe. Además se manifiestan claramente favorables a que el aumento anual de las pensiones sea inferior al de los precios, en contra de lo que garantiza ahora la ley.

Según sus pronósticos, el modelo público de pensiones podría incurrir en déficit en 2011, o a lo sumo en 2015, si no se introducen modificaciones de calado en su funcionamiento. En torno a esas fechas, los gastos generados por las prestaciones contributivas -las que han generado los trabajadores con sus cotizaciones- serán superiores a las aportaciones de los empleados.

El dinero acumulado en el fondo de reserva -creado para garantizar los pagos en periodos de declive económico-, que superará en breve los 40.000 millones de euros, permitirá cubrir el déficit durante un plazo comprendido entre siete y diez años a partir de ese momento; es decir, hasta 2018 o, como máximo, 2025. Desde entonces, el sistema necesitaría financiación del Estado.

Para realizar su análisis, Taguas y Sáez parten de las últimas proyecciones demográficas, que apuntan que hasta 2060 entrarán en España 14,5 millones de inmigrantes, lo que originará un profundo cambio socio-económico y de la pirámide de población. De acuerdo con esos datos, el número de pensiones por ocupado podría duplicarse en ese periodo -afirman- al pasar de 0,44 por empleado a 0,81. En ese escenario, el gasto en prestaciones contributivas pasaría del 7,7 por ciento del Producto Interior Bruto, al que equivalía en 2004, al 17,9 por ciento en 2059.

El asesor de Zapatero y la responsable de la Seguridad Social apuntan la posibilidad de computar toda la vida laboral, en lugar de los últimos 15 años como ocurre ahora, para calcular la cuantía de la prestación. Esa iniciativa reduciría el importe medio entre un 10 por ciento y un 30 por ciento; pero, aunque sería adecuada, por sí sola resultaría insuficiente al afectar sólo a los nuevos perceptores.

También barajan el retraso de la edad de jubilación hasta los 70 años, frente a los 65 actuales. Según sus cálculos, si esa medida se aplicara ahora mismo de forma generalizada y obligatoria, la aparición del primer déficit del sistema se retrasaría 17 años y, además, generaría un fondo de reserva de tal magnitud que el modelo estaría totalmente financiado hasta 2046.

Por su parte, Javier Alonso, de la Universidad Carlos III y el Instituto de Estudios Fiscales, afirma que el aumento del gasto en pensiones hasta el 19 por ciento del PIB en 2050 no será sólo por factores demográficos sino por los desajustes entre lo que aportan los cotizantes y las pensiones que reciben.

Según sus cálculos, un varón de 65 años que se jubile ahora cobrará una pensión 29 puntos porcentuales superior a la que le correspondería actuarialmente (según lo aportado). El caso de las mujeres en la actualidad es aún más desequilibrado, ya que su pensión es 52 puntos superior a la calculada en términos actuariales. Por ello, Alonso cree que la clave está en ajustar aún más la cuantía de la pensión con lo que se ha aportado durante la vida laboral.

El fondo de reserva de pensiones

La Seguridad Social obtuvo en 2006 un superávit de 9.000 millones de euros de las cotizaciones sociales y de los excedentes de las mutuas. En febrero de 2007 el Gobierno comunicó que invertirá el 95 por ciento de este superávit en el fondo de reserva.

En 2007 el fondo acumula ya 46.000 millones de euros, una cifra que equivale ya al 3,96 por ciento del PIB y podría hacer frente a siete meses de impagos de pensiones en caso de crisis.

La actual ley reguladora del fondo de reserva, aprobada en 2003, obliga al Gobierno a invertir estos activos en deuda pública. Pero la rentabilidad en renta fija ha ido reduciéndose paulatinamente hasta quedar en el 4,21 por ciento. Por eso el gobierno ha comenzado a sugerir que no será posible mantener, como hasta ahora, todo este capital invertido en letras del tesoro y que habrá que sacar una parte a la compra de acciones en bolsa. La Seguridad Social estudia invertir en bolsa hasta el 10 por ciento del fondo acumulado, unos 5.000 millones de euros.

El Estado desviaba parte de las inversiones hacia deuda pública extranjera pero, de nuevo, el Banco de España exige que no suponga más del 50 por ciento del fondo. En este momento ya está invertido el 44,88 por ciento de estas reservas en títulos públicos de Francia (5.954,5 millones), Alemania (6.204 millones) y Países Bajos (3.894,7 millones).

Los sindicatos amarillos ya han anunciado que no se oponen a este plan porque todo ese dinero lo gestionará una empresa privada de la que formarán parte Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores. Aún falta decidir la entidad gestora de esa cartera de valores, que será supervisada por el Estado.

En resumen, el dinero que corresponde a los obreros, se pone al servicio del capital privado.

Las prejubilaciones

Aunque la media de edad de la jubilación está hoy en los 65 años, el cese de la actividad (por prejubilaciones o despidos) se sitúa en los 61,5.

En Madrid, se están terminando ocho hospitales y harán falta más de 3.000 profesionales. No hay suficientes médicos disponibles ni aunque los traigan de Polonia. Mientras, se ha bajado la edad de jubilación forzosa para los médicos desde los 70 a los 65. Sin embargo, cualquiera se pondría antes ante el ojo clínico de un doctor de 66 años que frente a la inexperiencia de uno de 26.

Las empresas quieren deshacerse de sus trabajadores más veteranos (porque los sueldos son altos y mantienen todos sus derechos), los propios obreros eligen retirarse si su retribución no merma demasiado y los sindicatos amarillos continúan patrocinando la prejubilación en los ajustes de plantilla.

Hay quien asegura que esas prejubilaciones son voluntarias, pero en los convenios en los que se despide en masa hay inseguridad, miedo al futuro y una coacción tremenda. Los sindicatos saben muy bien lanzar rumores para atemorizar a los trabajadores. La jubilación es un derecho, no una obligación, y actualmente esa voluntariedad en la jubilación no existe por el temor a quedarse en la calle en el paro.

Prescindir de una generación completa de trabajadores implica una pérdida enorme de fuerza de trabajo, incluso aunque la empresa que prejubila siga pagando su cotización a la seguridad social. Si los jóvenes (cada vez menos) continúan incorporándose tarde al mercado laboral, será insostenible la actual tasa de empleo de 55 a 64 años, del 43,1 por ciento.

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